Sociedades desprotegidas

En países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia sus sociedades viven, hoy por hoy, bajo la más absoluta desprotección que significa el peligro representado por la aplicación discrecional de las leyes por parte de los operadores de justicia, de la persecución desde el Estado a todo opositor a los gobiernos y en definitiva, por los actos que rayan con la delincuencia, cometidos desde casi todas las esferas del poder. El denominado caso “bebé Alexander”, en Bolivia, es apenas una muestra del peligro cotidiano que acecha a la sociedad boliviana. El fallecimiento del bebé Alexander, hace casi cinco años, motivó el envío a la cárcel con veinte años de condena, del médico Jhiery Fernández, acusado de haber violado al bebé. Sin embargo por las sorpresas que da la vida, ahora se revela que a Fernández se le aplicó una “sentencia política”; con lo cual la “justicia” boliviana se anotó en su haber el envío a prisión de un inocente.

En noviembre del 2014 el Juzgado décimo de sentencia, a la cabeza de la Dra. Patricia Pacajes, sentenció al médico sin contar con suficientes pruebas que demuestren la autoría de Fernández e incluso, que el bebé Alexander hubiera sido violado. Cuatro años más tarde, en mayo del 2018, Patricia Pacajes se jactaba, en una recepción social, de haber enviado a la cárcel a un inocente, en referencia a Jhiery Fernández. La confesión, grabada, fue dada a conocer a la opinión pública a mediados del mes de septiembre pasado y levantó la indignación generalizada de la población (con excepción, claro, de los miembros del órgano de “justicia”, del gobierno y de la gobernación de La Paz, a la cabeza de Félix Patzi; institución co-auspiciante del juicio a Fernández). ¿Qué nos muestra este hecho?

En principio, por supuesto, el alarmante estado de corrupción de la “justicia” boliviana y la arbitrariedad con la que a los operadores de justicia se les ocurre aplicar las leyes. También nos muestra las inconfundibles huellas del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), a cargo de la administración del país durante los doce últimos años. Por último, nos muestra las consecuencias a las que la concepción antidemocrática del gobierno de Evo Morales está llevando a este país y sus instituciones. De espaldas a la mayoritaria opinión de la ciudadanía, este partido ha impuesto militantes y/o allegados en los principales cargos de la administración judicial, bajo el burlote de “elección” libre de autoridades judiciales (elección en las que, por lo demás, la población se expresó votando mayoritariamente nulo y deslegitimizando así aquellas pretendidas elecciones democráticas).

En la conversación grabada, Pacajes admite que para sentenciar a Fernández existieron presiones de la Fiscalía y de otras instancias de “alto nivel” del poder. Que la independencia de poderes no existe desde que el MAS asumiera el gobierno es algo que todo ciudadano en este país lo sabe, pero que el descaro llegara a extremos inimaginables, para satisfacer presiones “de alto nivel” de allegados al MAS, es algo que ha despertado la preocupación de la población. Lo hizo, porque efectivamente la ciudadanía reconoce ahora, con la revelación de los entretelones que motivaron la sentencia emitida por la “justicia” boliviana en el caso del bebé Alexander, que realmente se encuentra desprotegida frente al manejo ilegal, arbitrario y prepotente que, desde el partido de gobierno, se imprime en la administración de justicia. En realidad, el gobierno entiende al poder judicial, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, como instituciones que le deben defender, antes que defender a la sociedad. Al principio de su gestión, con todo el desprecio que la infundada arrogancia genera, Evo Morales confesaba que cuando comete un error, llama a sus abogados “para que arreglen” la situación. Los abogados del gobierno (y extendiendo la idea, del partido gobernante) son pues los operadores de justicia y la Fiscalía. Precisamente el caso del bebé Alexander, mostrando hoy su oscuro trasfondo, pone al descubierto la seriedad con la que se tomaron aquellas irresponsables y destempladas palabras de Morales.

Pero no se piense que únicamente es el poder judicial el que ha caído en desgracia por el manejo antidemocrático del MAS. Desde ya, son todas las instituciones estatales (y muchas de la sociedad civil, como la COB, hoy corrompida por la prebenda) que indistintamente han sido ocupadas por militantes masistas o allegadas a ese partido o por último, que tienen a la cabeza “responsables” que no escatiman esfuerzos para satisfacer cualquier capricho de los dirigentes de ese partido, devenidos en autoridades de Estado. Eso es lo que, por ejemplo, se mostró en el último aniversario cívico de Santa Cruz. El 24 de septiembre, la policía impidió el ingreso de la población a la plaza principal de esa ciudad, donde se homenajeaba a la fundación cruceña. El temor de aquellas autoridades les llevó a ordenar a la policía el atropello contra la población y de esa manera tener, al menos por breves instantes, alejados unos metros a la ciudadanía y sus reclamos en contra de los propósitos prorroguistas del MAS. Este sentimiento de la población se ha convertido en un acecho nacional, en repudio a la violación de la Constitución Política del Estado (CPE), al desconocimiento del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó la repostulación de Morales-Linera y en protesta por la conculcación de la democracia. Consultado el comandante general de la Policía por la prensa, acerca de quién había dado la orden para impedir el ingreso de la población a la plaza, el jefe policial dijo que la policía no necesita órdenes para actuar y que sólo hacía lo que la CPE señala. Para no involucrar a los dirigentes del MAS, el comandante nacional de la policía lanzó dos perlas: que la policía boliviana actúa sin recibir órdenes de nadie (¿?) y segundo, que además se toma la libertad de interpretar la CPE; es decir, que por arte de magia la policía ha dejado de ser una institución que se debe al principio de mando y, acto seguido, se ha convertido en una institución deliberativa.

Estas son apenas algunas muestras del descalabro al que Morales y compañía conducen a las instituciones estatales, con el beneplácito de los eventuales “responsables” de las mismas. Y es también la muestra del peligro que esta administración supone para toda Bolivia: la “justicia” encarcelando a inocentes y la policía impidiendo la libre expresión de la ciudadanía. Todo ello, por supuesto, sin mencionar otros ejemplos que grafican lo que el MAS entiende por administración responsable del aparato estatal, como el extravío de la medalla presidencial a las puertas de un burdel, el desnudo de un diputado masista, totalmente alcoholizado en el aeropuerto de Cochabamba, el robo a un puesto militar fronterizo por un simple grupo delincuencial, entre otros muchos. ¿Habrá algún ciudadano que honestamente crea que en Bolivia vivimos bajo un gobierno serio y en un estado de derecho? En todo caso, para decirlo de manera jovial, esto ya se salió de control y es el despiole total; full chacota.

Por supuesto que este estado de cosas no es obra de la casualidad. Al contrario, corresponde al proyecto política que desarrolla el MAS desde el poder y representa lo que podremos llamar “efectos perversos y colaterales”. Se trata del proyecto dictatorial que el gobierno impulsa desde los primeros tiempos de su administración. Lo que se pretende es sencillamente instaurar la dictadura de Evo Morales y para ello la desinstitucionalización del país es una tarea que debe cumplirse porque un orden democrático institucional es, por definición, contrario a toda dictadura. En múltiples oportunidades dijimos, también, que una eventual dictadura Morales-Linera a su vez no es sino apenas el vehículo administrativo para los sectores ascendentes, en la renovación de la élite boliviana. Como se ve, al igual que en el pasado, hoy en día la rotación de élites se encuentra impulsada por la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el atropello a los más elementales derechos democráticos que, se supone, deberán servir para proteger a la sociedad. Que nadie se engañe. Este proceso que vivimos no es un proceso en el que se enfrenta una clase social contra otra, sino un proceso en el que se enfrenta un proyecto político dictatorial y la perspectiva de la vida en democracia.

Pero la historia de la humanidad está llena de ejemplos que nos dicen que todo pueblo vive bajo una dictadura, hasta que decide no hacerlo. Por ello, a propósito del reconocimiento de la juez Patricia Pacajes de haber enviado a un inocente a la cárcel por presiones de “muy alto nivel”, la sociedad identifica el peligro y reacciona. Lo hace pues en defensa de sus derechos y de su libertad, además como mecanismo de auto-protección ante el desamparo en el que se encuentra. Esta comprensión se ha demostrado por el paro nacional convocado por el Colegio médico, el pasado jueves 27 de septiembre, exigiendo la libertad de Jhiery Fernández. Como se observa, a la sociedad boliviana no le importa si ahora la central sindical se hubiera transformado en una institución corrompida por la prebenda gubernamental. No le interesa, porque siempre encontrará mecanismos para luchar contra cualquier dictadura, gracias a la rica trayectoria democrática que posee.