MAS pone a prueba "estrategia de los asaltos"

Aunque falta mucho tiempo para que el país ingrese a una etapa pre-electoral, bien puede decirse que para el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) la carrera electoral parece ya haber comenzado. Por ahora la idea es aprovechar el tiempo poniendo a prueba los pormenores de la estrategia de los asaltos. La finalidad es el de ocupar todas las instituciones que hubieran osado oponerse a la conducta intolerante del masismo. Para ello, los cálculos en este partido comenzaron el pasado año, con la instrumentalización del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en una pantomima electoral rechazada por la mayoría de la población. Ocupar el TCP se hacía una necesidad, a fin de burlar la voluntad popular que rechazara, en el referéndum del 21 de febrero del 2016, la re-elección de Evo Morales.

Luego de este primer atropello a la voluntad democrática de la mayoría de los bolivianos y “proclamado” (es un decir) Morales como candidato a la presidencia, la maniobra antidemocrática les hizo pensar que el camino estaba allanado para la constitución de la dictadura masista. Sin embargo, los masivos rechazos de la ciudadanía continuaron exigiendo el respeto al referéndum de febrero del 2016, por lo que el MAS se ha visto en la necesidad de poner en práctica una estrategia que, al menos en algo, maquillara la falta de apoyo ciudadano a las pretensiones de eternizarse en el poder.

La estrategia consiste simplemente en el asalto a las organizaciones sindicales, a las instituciones civiles y hasta a los gobiernos municipales. Hace algunos años, el exitoso asalto al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qollasuyu (CONAMAQ), pareció mostrarles que el camino elegido sería el correcto. Así que, para fines de febrero pasado, decidieron tomar la COB, en una reunión de trabajadores militantes del partido de gobierno y “dirigentes” sindicales muy inclinados a la prebenda; venga ésta de donde venga. En vista de la, aparentemente, falta de rechazo de los trabajadores de base a la toma de la COB, optaron por subir la apuesta, atropellando a la organización de los productores de coca (ADEPCOCA) de los Yungas de La Paz. La acción se inició a principios de marzo con algunos militantes del MAS recolectados a última hora y bautizados con el denominativo de “Comité”. Pero aquí, la puesta a prueba de la estrategia les mostró algunas dificultades insalvables. Es que la diferencia con relación al caso de la COB, radicaba no en el esfuerzo por corromper a algunos dirigentes, sino en silenciar, vía el estrangulamiento de su medio de vida, a todo un sector social.

Mientras el asalto a la COB puso unos cuantos “dirigentes” al servicio del Palacio Quemado, el asalto a ADEPCOCA se mostró simplemente irrealizable; lo que les obligó a dar, a mediados de marzo y a sólo dos semanas de la aventura, un paso atrás. Descubrieron asimismo, que al fin y al cabo, el asalto a la COB no les había reportado sino un beneficio cupular, de dirigentes poco representativos. Al contrario, la defensa de los productores de coca de los Yungas a ADEPCOCA, mostró que, en última instancia, lo importante, en cualquier sector social, son las bases. Retomando la idea de aprovechar el actual tiempo para ensayar la viabilidad de sus distintas opciones, el MAS asumió esta experiencia como un testeo de la estrategia de los asaltos.

No puede perderse de vista el hecho que a la lista de las instituciones que han sufrido el embate masista, deba añadirse otra, esta vez de instituciones que hace años ya se encuentran sujetas a los deseos del gobierno. Para mal de los bolivianos, entre ellas se encuentran el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y algunas áreas del Órgano Electoral (notoriamente el Tribunal electoral de La Paz, cuyos integrantes actúan poco menos como asesores de una inexistente Federación de vecinos -que es el nombre elegido por el MAS para la ocasión- en la tarea de impulsar un referéndum revocatoria del alcalde). Todas estas instituciones convergen ahora, claro, en el propósito de encubrir el atropello democrático del gobierno. Más allá de las mezquindades de pequeños hombres con visos dictatoriales, el costo que hoy por hoy Bolivia paga, puede resumirse en la idea de la destrucción de toda instancia de mediación democrática. Con ello el país ha retrocedido al menos cuarenta años, en materia de institucionalización democrática.

Con todo, la población ha demostrado contar con abundantes recursos democráticos, como para pasar del asombra paralizante, al rescate del ordenamiento institucional y democrático, tan venido a menos en estos tiempos de desinstitucionalización ocasionado por ese vendaval llamado MAS.