GABRIELA CANEDO
A casi un año de la detención de Franclin Gutiérrez, nos preguntamos qué ha pasado con su caso. El joven dirigente cocalero de APDECOCA fue detenido por los levantamientos en la Asunta, se le acusa de varios cargos, que en un audio –como ya es normal sea el testificante más claro en la justicia- el exfiscal del caso reveló que no existen pruebas para acusar a Franclin. Se sabe y es notorio que es un perseguido político en tiempos de alaraca democrática, en tiempos en los que se ha ampliado la democracia. Al parecer el gobierno tiene un modus operandi, unos usos y costumbres muy contrarios al respeto de los derechos humanos.
Lo mismo ocurrió con el caso de Rafael Chambi, un albañil, que el año pasado en los festejos de la efemérides de Potosí, fue detenido por gritar “Bolivia dijo NO”, se aludió que el joven de 30 años tenía intención de atacar al presidente, sin embargo, tampoco existen pruebas.
Ahora, hace unos días, fue detenido Sergio Pampa, otro dirigente de APDECOCA de LA Paz. De la misma manera, se le imputa por un asesinato. Estos tres ciudadanos, jóvenes todos, fueron privados de libertad, sin pruebas contundentes. De una u otra manera, dos de ellos son opositores al gobierno, y Rafael, un mundano ciudadano de a pie que reclamó la inconstitucionalidad de la reelección, como muchas lo hicimos en las marchas y cabildos convocados.
Resulta que el gobierno ha hecho de la política una práctica represiva, en la que el ultraje es una necesidad política. Hacer escarnio del oponente, pisotearlo, y de forma cínica utilizar la justicia y las leyes, cuando sabemos que estas están desvencijadas en el país. El caso de Franclin y Sergio, no son las excepciones. Hay una presión política sobre la justicia para fallar en contra de los dos dirigentes cocaleros, quienes además se parapetan con dignidad y pese a que no se la pasa tan bien en las celdas en un invierno crudo, sostienen que se mantendrán unidos como Organización, y afirman ser perseguidos políticos puesto que la Federación de Cocaleros de La Paz, es un sector contestatario y opositor al gobierno.
Con todo, indigna que la libre expresión, el ser partidario de algún grupo contrario al gobierno, sea sinónimo de prohibición de libertad. Un elemento no menor en la vida de las personas, que sin tener pruebas en contra, van transcurriendo los días alejados de lo que más quieren, sus familias.
Si el precepto es que la decencia no existe para gobernar, la persecución, la violencia, el abuso y el cinismo se han convertido en política de Estado, con el único fin de mantenerse en el gobierno. Los casos concretos de Franclin, Rafael y Sergio, son muestras claras de un abuso de poder descomunal.
Gabriela Canedo V. es socióloga y antropóloga.
