Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) pasarán a la historia como dos décadas perdidas para la justicia boliviana. A propósito del fracaso del modelo judicial ¿puede haber un órgano judicial independiente, imparcial, honesto, fuerte, eficiente, en un Estado centralista y autoritario? ¿Puede garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, la propiedad privada, la inversión nacional e internacional y la paz social, etc. cuando tiene un verdadero control político? ¿Puede combatir la corrupción, cuando hay jueces que ofrecen y “rematan” sus resoluciones?
El denominado “proceso de cambio”, no ha cambiado nada la centenaria organización “colonial”, “centralista” y “presidencialista” del Órgano Ejecutivo y sus instituciones satélites. En este tipo de Estado no existe el imperio de la Constitución, sino la voluntad del gobernante de turno, una de las principales causas para que Bolivia sea uno de los países más atrasados, más pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente.
La concentración del poder no sólo se encuentra en la cultura política boliviana, sino que además está “blindada” en la propia Constitución (art. 172). El gobierno nacional ha copado igualmente la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado. Estas instituciones lejos de defender al Estado y la sociedad, se han convertido en instrumentos al servicio de la corrupción y el despilfarro gubernamental.
En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia. Al gobierno central le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y enclenque para conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. En cambio, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc. siempre limitará la angurria del poder y su inefable correlato: la criminalización de la política, la politización de la justicia y la ausencia de las garantías del debido proceso. El poder judicial está para combatir todo tipo de abusos del poder político o de los particulares; sin embargo, en los gobiernos del MAS se hace y se ha hecho exactamente lo contrario: la justicia ha sido el instrumento para abusar del poder.
Los sistemáticos abusos de poder se confirman cuando se establece que el 91,77% de las causas ingresadas en revisión al TCP corresponde a procesos en contra del poder judicial porque los jueces han vulnerados derechos fundamentales. Otro de los grandes problemas es que la cobertura judicial en Bolivia no sólo que es limitada y deficiente sino inexistente para más del 50% del territorio nacional y de los gobiernos municipales. Según el informe sobre Estado de la Justicia en Bolivia de la Fundación Construir, la cobertura del órgano judicial llega al 48% de los 339 municipios del país, la cobertura del ministerio público llega al 41% y la cobertura del servicio plurinacional de defensa pública llega al 29% de estos municipios. También el presupuesto judicial boliviano, apenas alcanza al 0,37% del presupuesto general del Estado. La pobre asignación presupuestaria judicial constituye un elemento determinante para la sistemática degradación no solo del sistema de justicia, sino también del sistema político, los derechos y valores constitucionales.
Todos estos indicadores desnudan que la “justicia” no ha sido una prioridad para los gobiernos del MAS, ni de la clase política boliviana. El estado crítico de la justicia boliviana trasciende las fronteras patrias. La Comisión IDH ha recomendado al Estado boliviano que “adopte las medidas necesarias para lograr la mayor cobertura posible de jueces, fiscales y defensores públicos, a partir de criterios que resulten de diagnósticos sobre las reales necesidades de las distintas zonas del país, tanto en población como en materias”, medidas que “deben incluir el apoyo presupuestario y humano para que además de la presencia física de la autoridad respectiva, se garantice su permanencia y la estabilidad de su personal”.
El único intento serio de reformar el sistema judicial fue el de los juristas independientes y la ciudadanía cuando se volcó a las calles a firmar libros y exigir un referéndum para reformar la Constitución, pero el gobierno de Luis Arce lo boicoteo todo. Un cambio judicial profundo, tampoco figura en la agenda política de los precandidatos presidenciales.
El autor es jurista y autor de varios libros.
