Aunque, a decir de René Zavaleta Mercado, es verdad que no se puede hablar de una teoría general del estado (teoría alocalista y ahistórica) es dable la formulación de, al menos, algunos principios universalmente válidos para todo estado. Diríamos que estos principios pueden observarse con mayor claridad en la política. Aquí, entenderemos al estado entonces como el resultado de la organización política de la sociedad, para autoregularse y autoadministrarse. Así, circunscribimos la política a su relación práctica con el poder.
Probablemente estas certezas generales han ayudado a la formulación de Bordieu, respecto a la política, especificándola con la denominación de campo político. Entre las particularidades de este campo, señala, se encuentra el comportamiento de sus integrantes (los partidos y dirigentes políticos). Todos ellos participan en dicho campo aceptando las reglas del mismo. Una de estas reglas, por ejemplo, establece que todos los integrantes no pueden cuestionar el poder, sobre la sociedad, que conlleva integrar el campo político. Otros autores -como Michels o M. Duverger- considerados entre los clásicos en la materia, afirmarán que los partidos, que forman parte de esta suerte de membresía, se mueven dentro de los marcos de una verdadera “ley de hierro”.
Estas ideas generales nos pueden ayudar a entender el desinterés del estado boliviano, en el enjuiciamiento a Sánchez de Lozada y al exministro del Interior, Carlos Sánchez Berzaín, en los Estados Unidos (EEUU), por la llamada “la masacre de noviembre” del año 2003. Es notable que los dos últimos equipos administradores del estado boliviano, presididos por Carlos Mesa¹ y Evo Morales, hubieran mostrado tan poco interés en el juicio a Sánchez de Lozada. La palabrería de distintos dirigentes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), haciendo gala de un antigonismo no es sino la expresión de prácticas demagógicas bien asimiladas. De hecho, Evo Morales, durante los primeros años de su gestión, había nombrado como autoridades de su gobierno a varios personajes que, a su vez, ocuparon puestos de autoridad durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El juicio oral que se celebra en EEUU contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín es, pues, resultado no de la acción del estado boliviano, sino de la sociedad. Este hecho ejemplifica la distancia respecto a la defensa de los derechos humanos y la reparación -justicia- de las víctimas de octubre, entre el estado y la sociedad bolivianas. No se piensa, sin embargo, que la sociedad es portadora natural de pulsiones democráticas. En realidad, la sociedad es portadora tanto de pulsiones democráticas como de modelos antidemocráticas y es verdad, como recordaba Zavaleta, que en ocasiones incluso toma decursos más antidemocráticos y reaccionarios que el estado. En todo caso, son las situaciones concretas, las que definen las características que asumen en un momento dado tanto el estado como la sociedad.
En el ejemplo del juicio que nos ilustra, se muestra la relación dispar entre estado y sociedad. Por ello, la supuesta defensa de las víctimas, la “condena” a los responsables de la masacre de octubre o la valoración de los beneficios nacionales que el sacrificio de tales víctimas reportó, que pregona el gobierno actual en cada concentración cívica en la ciudad de El Alto, son palabras que efectivamente se las lleva el viento. Siguiendo las enseñanzas de los “doctores altoperuanos dos caras” de principios del siglo XIX, el gobierno de Evo Morales – García Linera reproduce una características que, esta vez sí, abarca tanto al estado como a la sociedad bolivianas.
Así las cosas, es del todo válido decir que, en efecto, entre los administradores del estado hasta Sánchez de Lozada y las dos administraciones que le siguieron a partir del 2003, a la fecha, no hubo cambio alguno. La continuidad, en lo substancial, de la lógica estatal, revela el carácter profundamente conservador del estado y en último término, también de la sociedad boliviana. Tanto los supuestos cambios como la fingida oposición del gobierno del MAS a varias políticas de Sánchez de Lozada, forman parte del juego entre los actores de un mismo campo. Las rencillas entre masisas y gonistas responden a los beneficios que unos u otros puedan lograr, en la menuda disputa por preservar e incrementar aliados, en el campo político. Al compartir el mismo espacio, las mismas reglas y las mismas lógicas de comportamiento, los actos de los integrantes de este campo, devienen en funcional unos a otros. Se entiende, por tanto, el poco interés que hoy por hoy muestra el gobierno respecto al juicio a Sánchez de Lozada.
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¹ Resulta sorprendente la decisión de Carlos Mesa en no asistir, en calidad de testigo, a las declaraciones en el juicio a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Se dice que la decisión le fue aconsejada por algunos allegados; en todo caso, se ha tratado de un mal consejo. Ello, porque la solidaridad de entre los miembros del campo político, no puede abarcar a quienes pusieron en peligro a todos los entonces actores de dicho campo y al sistema político en su conjunto.
Omar Qamasa Guzman Boutier 
