El MAS, obligado a fingir de demócrata

La tradición de partido antidemocrático, cargado de abundantes denuncias de corrupción a todo nivel y contando con dirigentes que no han disimulado las ansias dictatoriales, le coloca al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) en este período pre-electoral en una incómoda situación. Ante esta difícil situación, a los dirigentes del partido en cuestión no se les ha ocurrido nada mejor que fingir ser demócratas. Sin embargo, para evaluar esta iniciativa se debe relacionar la actuación teatral, como siempre, con la realidad social y política en la que se presenta; y es aquí donde comienzan las dificultades para el oficialismo. 

Acostumbrado a atropellar las libertades democráticas individuales y los derechos colectivos, en la actualidad el MAS responde a las demandas sociales (como el de equipar los hospitales que formulan los médicos, por ejemplo) de manera irresponsable y corrupta. A tiempo de ignorar la demanda, al gobierno de Evo Morales no se le ha ocurrido nada mejor que distribuir ítems a médicos que desde hace cerca de dos décadas -según ellos mismos reconocían- trabajaban en el área de salud bajo el sistema de contratación temporal. Esta mañosa práctica de prebenda es asumida no como lo que es (una práctica de corrupción), sino como una muestra de la atención del gobierno al sector salud. Se sabe que la prebendalización de las relaciones, con cualquier sector social, no expresa sino la intención de todo poder político, de corromper a ese sector. 

Desde el punto de vista de las relaciones democráticas entre Estado y sociedad, se trata de una actitud claramente antidemocrática. Esta actitud es también un comportamiento habitual de Morales y compañía. Puede decirse que este gobierno inició su gestión precisamente con esa práctica y la primera organización sindical en sufrir las consecuencias de ello fue la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), en su congreso nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz, durante los primeros meses del año 2006. En esa ocasión el mecanismo para la sustitución de la representación democrática del sector por una representación digitada desde el gobierno, fue la cooptación de la dirigencia que sustituyó a la entonces incómoda dirección, encabezada por Román Loayza. Luego le siguieron otros sectores, como los colonizadores (pomposamente autodenominados, hoy en día, “interculturales”), la organización sindical de mujeres campesinas y las organizaciones de los indígenas. En este último caso, la forma de la sustitución pasó del guante blando a la mano dura y fue realizada mediante, lo que en buenas cuentas significó el simple asalto masista a las organizaciones indígenas, tanto de tierras bajas como de tierras altas. De esa manera se sustituyó sus direcciones críticas al gobierno, por adherente al MAS; vía prebenda, claro. 

Paralelamente el actual gobierno fue dando sobrados motivos para cargar sobre sus hombros fundadas denuncias de corrupción. Sin embargo, la soberbia no solamente les posibilitó que no se sonrojaran siquiera, sino les permitió arremeter contra los denunciantes de tales denuncias. Claro que, ante la opinión público, ello no tuvo sino el efecto de ratificar la validez de las denuncias mismas. La acumulación de actos de corrupción, documentadamente denunciadas, se constituye hoy en una más de las razones por las que el MAS pretende perpetuarse en el gobierno por todos los medios posibles. Simplemente se trata de evitar el enjuiciamiento, en un futuro próximo, de sus principales dirigentes, involucrados en las denuncias. En otras palabras, el oficialismo, antes de abrir las puertas para un próximo nuevo gobierno, busca cerrar las puertas del encarcelamiento, por corrupción, de casi la totalidad de sus máximos dirigentes. 

Las prácticas de corrupción, pero, no se circunscriben únicamente a comportamientos muy discrecionales (por decirlo de manera suave) en la administración pública, sino también a la práctica del “hacer” política. En estos días que corren y con cada vez mayor frecuencia, la ficción de mostrar supuestas masivas concentraciones sociales en respaldo a los inconstitucionales candidatos del oficialismo, tiene en gran medida su explicación en esas prácticas corruptas: empleados públicos obligados a asistir “voluntaria” y “espontáneamente” a las concentraciones, además de la “compra” de la asistencia del resto de los adherentes, completan el cuadro de la mentira, que los Medios estatales y para-estatales luego de encargan de difundir generosamente por todo el país. Este mamarracho de “estrategia electoral”, por supuesto se desvanece de inmediato, en gran medida gracias al estado vigilante de la mayoría de la opinión pública, expresada en esta prolongada noche, a través de las redes sociales. 

Es también verdad que existe una base social minoritaria -conformada, estimativamente, por un tercio del electorado- que respalda el proyecto dictatorial y corrupto del MAS (como los investigadores sociales saben, el comportamiento de los grupos sociales presenta siempre más de una sorpresa). Podría decirse que este sector representa, en términos generales, la reserva conservadora y antidemocrática de la sociedad. Esta reserva que algo que, a su vez, conforma el espectro político no homogéneo de toda sociedad y su sola presencia habla, de suyo propio, de una condición democrática básica: la del pluralismo político-ideológico (condición que es algo que, precisamente el proyecto totalitario del gobierno de Morales se esfuerza por erradicar). 

Con esta acotación entramos ahora al último elemento de la tradición antidemocrática del MAS: el componente dictatorial. En lo interno, como se sabe, este partido es una organización política en la que está prohibido pensar, por orden del “teórico” del partido, el vice-presidente. Qué se puede decir de un partido en el que su máximo “teórico” contabiliza los libros que dice haber leído y que, además, aseguraba, en las cercanías del referéndum del 21 de febrero del 2016, que si su jefe, Evo Morales, perdía el mismo, el sol desaparecería del firmamento (¿!). 

En lo externo, el MAS ha desplegado, principalmente por medio de la policía nacional, la vigilancia y el seguimiento a opositores políticos, sindicales, periodistas independientes e intelectuales críticos; práctica habitual durante la gestión de gobierno de Morales-Linera. Todas estas no son, por supuestos, costumbres que puedan exhibirse en una contienda democrática electoral sin enfrentar la pérdida de la convocatoria electoral, por lo que el gobierno tomó sus previsiones. Sencillamente se dio a la tarea de asaltar las instituciones públicas, como el poder judicial y el tribunal electoral, para digitar por medio de ellas el proceso electoral. 

Con el tribunal electoral al servicio incondicional del MAS, el andamiaje estatal se puso en marcha para fraguar las elecciones y evitar la previsible derrota electoral. Bajo esta premisa, la administración de la cosa pública se torna, en estos meses, irresponsable en todos los órdenes, porque se encuentra subordinada a la campaña electoral de los candidatos truchos. El manejo y la administración del cronograma electoral por parte del tribunal electoral masista, la arbitrariedad en la administración de la justicia, la presión constante (algo muy cercano a un cerco) a Carlos Mesa, el principal adversario electoral, así como el atropello a los productores de coca de los Yungas de La Paz, son únicamente alguna de las muestras que ocasiona la irresponsabilidad anotada. Pero, a diferencia de los cálculos del MAS, en sentido de doblegar la voluntad democrática de la mayoría de esta sociedad, lo que los manotazos del oficialismo provoca es la consolidación de esa voluntad democrática.