Ecuador y los límites del libre mercado

El resultado de los once días de convulsión social en Ecuador, a raíz del acuerdo firmado entre el gobierno de Lenin Moreno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) -acuerdo que contemplaba la eliminación de la subvención a la gasolina- muestra los límites de la factibilidad de las políticas fundamentalistas de libre mercado, en América Latina. La magnitud alcanzada por la protesta social paralizó a la nación andina y llamó la atención de la opinión pública internacional. A raíz de la protesta, el presidente Moreno ratificó una y otra vez la decisión de no derogar el decreto 833, que había causado la convulsión popular. Sin embargo, el cierre del conflicto fue posibilitado precisamente por la derogatoria del polémico decreto, lo que en último término significó también desdecir el acuerdo logrado con el FMI. 

La convulsión social sorprendió realmente a todos dado, al menos, dos consideraciones. Primero, debido a la dimensión de la protesta, que no tiene antecedentes en la historia del Ecuador. Este país no vivió como Bolivia o Argentina, una revolución nacional (la de 1952  y la de la década de 1940, respectivamente), ni vivió ensayos socialistas como los de Salvador Allende en Chile (descontamos, claro está, la experiencia de Rafael Correa, porque ésta, al igual que la del kirchnerismo en la Argentina, el PT en Brasil, el chavismo en Venezuela, el MAS en Bolivia, no fue sino un ensayo cuasi-delincuencial, a título de “socialismo”). Desde esta perspectiva, bien puede decirse que la convulsión social marcó un momento fundacional, en la historia de las luchas sociales del Ecuador. 

En segundo término, la movilización fue protagonizada a convocatoria de las bases sociales descontentas y no por el llamado de partidos políticos y ni siquiera de organizaciones sindicales. Fue la autoconvocatoria lo que marcó, desde un principio, la distancia entre la sociedad convulsionada tanto con respecto al correismo hoy en la oposición, como con relación al oficialismo de Moreno. Recuérdese que durante el conflicto, Lenin Moreno responsabilizaba a Correa y sus seguidores por la convulsión y a su vez éstos, achacaban el bulto a Moreno. En ambos casos se trataba de la grosera pretensión, guiada por mezquinos cálculos políticos para, utilizando la protesta, obtener rédito político particular. Finalmente, no se puede dejar de considerar la articulación social en torno al sector indígena. Fue esta articulación la que posibilitó un impacto sobre el Estado, al extremo de obligar al gobierno de Moreno a huir, precipitado, a Guayaquil. No se trató sólo de una mayoría social en estado de protesta, sino de la movilización social con capacidad de inmovilizar al Estado, es decir, de una mayoría de efecto estatal; una mayoría cualificada, diríamos (algo que la mayoría opositora a la dictadura de Maduro, en Venezuela, por ejemplo, no logra alcanzar). 

Como dijimos, la principal causa que despertó la protesta fue la suspensión de la subvención a la gasolina; medida que estuvo en vigencia al menos durante la últimas cuatro décadas. Aunque Moreno justificó la decisión por razones económicas, lo cierto es que, antes que una medida económica, ésta fue una medida política. Expliquémonos. En principio, la medida de Moreno, de claro tinte del radicalismo de mercado, no tuvo el contexto similar al que el “neoliberalismo” tuvo en el mundo y en nuestra región, durante las últimas décadas del siglo pasado. Hoy los países capitalistas centrales (que fueron los principales propulsores de las políticas de liberalización de los mercados) se orientan por políticas económicas que tienen, en la intervención de la política -es decir del Estado-, una de sus herramientas más importantes. Este cambio representa todo lo contrario a los supuestos del libre mercado y nos habla más bien de políticas proteccionistas, en estos países. A su vez, los principales actores en el tablero de la economía mundial ya no están representados únicamente por aquellos países centrales. La presencia, en este escenario, de China y de otros países asiáticos, como Japón o Vietnam, pone en juego a actores que en el pasado no comulgaban con el radicalismo de libre mercado porque, a su vez, se asientan en un pensamiento filosófico, político y económico diferente. 

Al mismo tiempo, en los días que corren, la industria del petróleo y una de sus principales aplicaciones, como es la industria automotriz, se está modificando, en términos del cambio de su sistema de propulsión, de la gasolina a la electricidad. En este sentido, la liberalización de la gasolina ya no tiene la misma importancia económica que pudo haber tenido en el pasado. Ello no quiere decir que en el pasado el neoliberalismo únicamente se hubiera orientado por consideraciones económicas. Al contrario, el supuesto para la implementación de la “teología del mercado” fue dado por consideraciones políticas, de los países centrales. Por medio de la liberalización de los mercados, estos países pudieron desmontar las estructuras estatales de los países periféricos. En la decisión de Moreno también ha predominado, pues, una decisión política. En realidad esa decisión fue parte de una seguidilla de muestras que el gobierno ecuatoriano venía dando desde hace tiempo. Con ellas, el gobierno de Moreno procuraba congraciarse con la administración de los Estados Unidos (EEUU). En este afán, gestos de servilismo extremo encontraron en el pretexto de enjuiciar a supuestos hackers, por haber puesto en peligro al Estado del Ecuador y de paso, al de los EEUU (¿?), la oportunidad para dejar bien en claro el incondicional servicio, del gobierno de Moreno, a un sector de los factores internacionales de poder. Es en esta línea que debe entenderse el polémico decreto del gobierno ecuatoriano. Fue un verdadero guiño tanto a Trump como a los grupos empresariales más retrógradas del universo empresarial, que apoyan al gobierno norteamericano. 

A manera de síntesis puede decirse que la movilización popular en el Ecuador ha fundado una considerable experiencia, de grandes alcances históricos, en ese país. No es poca cosa el haber obligado a Moreno a trasladar su gobierno a Guayaquil primero y luego, haberlo puesto de rodillas hasta obligarle a dar marcha atrás, en algo que el propio Moreno consideraba de central importancia para el proyecto político que pretende. Al mismo tiempo, la protesta dejó en claro su distancia con relación al ex-presidente Rafael Correa, al punto de que en el movimiento indígena, el correismo fue considerado una mala palabra. 

En segundo término, frente a este movimiento social con impacto estatal, tanto Moreno como Correa simplemente mostraron no haber comprendido la dimensión del fenómeno. Las mutuas acusaciones y las constantes zancadillas políticas entre ambos, aparecen como simple juego de niños, al lado de la significación histórica que la movilización ha sembrado en la sociedad ecuatoriana. A su vez, en materia económica, la protesta ha demostrado la imposibilidad del retorno a los tiempos en los que la política económica de los países del área era diseñada por el FMI (ya con Macri, en la Argentina, se había visto la inutilidad de ensayar tales retornos). Finalmente, en lo que es muy importante, la solución del conflicto (gracias a la intervención de la ONU y la iglesia católica) ha demostrado la prevalencia del razonamiento político por sobre el razonamiento económico. En esta solución, es llamativa la nula utilidad de la OEA; inutilidad que no logró disimularse ni siquiera con la participación de su secretario general, Luis Almagro, en la disputa de niños que Moreno y Correa protagonizaban en medio del conflicto.