Conflictos sociales revelan derrumbe del MAS

Se dice que las cosas terminan por existir cuando se las nombra y, como se sabe, existen varias formas de nombrarlas. Una de ellas es la acción social colectiva. Tal es así que el conflicto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), iniciado a mediados de mayo, ha sido una manera de decir en voz alta lo que todos sabíamos: que el gobernante partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentra en su fase de desmoronamiento. La protesta de la UPEA arroja abundante material de análisis. Está aquél que forma parte de consideraciones generales y contextualiza el conflicto; se encuentra también aquél que constituye la especificidad producida por el desarrollo de la movilización. Por último, claro, es posible extraer algunas tendencias para proyectarlas al desenvolvimiento político boliviano a corto y mediano plazo.

Hace tiempo hemos sostenido que uno de los males ocasionados por el MAS fue el haber desinstitucionalizado al Estado y destruido las instancias de mediación con la sociedad. Estos dos elementos conforman el marco general en el que surge y se desarrolla el conflicto. El que la demanda de la UPEA adquiriera  la dimensión que ha adquirido y cobrara la vida de un universitario en manos de la policía, habla de la falta de institucionalidad estatal capaz, previo al estallido del conflicto, de atender y administrar la demanda universitaria. Habla también de la ausencia de una estructura de mediación, por medio de la que pudieran expresarse los sectores sociales; en este caso, el universitario. Con excepción de los productores de coca del Chapare y alguno que otro centro campesino, es evidente que en la actualidad ningún otro sector se siente representado en las instancias estatales, teóricamente democráticas, como el parlamente.

También las organizaciones de la sociedad, que mediaban entre ella y el Estado, han sido destruidas por el MAS a través de la prebenda a sus dirigencias. Así, antes de representar a la sociedad ante el poder, actúan como agentes del poder al interior de la sociedad.

Pero es en lo específico de la protesta de la UPEA donde no solamente se enriquece el marco general, sino a la vez, donde surgen las  novedades de la situación política nacional. El conflicto ha  continuado las características del marco general y ante la muerte de un estudiante (el 24 de mayo) estas características fueron potenciadas. Entonces la protesta adquirió una convocatoria general a la ciudad de El Alto (plasmada en 48 horas de paro cívico) que obligó a las organizaciones “sociales” y “vecinales” del MAS a respaldar la medida. El hecho nos dice que la unidad de las bases ciudadanas obliga a las direcciones (a pesar que éstas puedan encontrarse en desacuerdo con dichas bases) a plegarse a las acciones ciudadanas. Claro que el inicial apoyo de las “organizaciones” sociales y vecinales masistas fue una medida oportunista, pero el hecho fáctico radica precisamente en la imposición de la voluntad de la base ciudadana unida, a las dirigencias sindicales y/o vecinales agentes del gobierno.

La desesperación del Poder Ejecutivo les llevó a organizar, por medio de sus militantes autonombrados “dirigentes” sociales, ridículos actos teatralizados, fingiendo abrir el diálogo entre el gobierno y la UPEA. La torpeza de estos obsecuentes militantes tuvo, felizmente, efectos absolutamente contrarios a los inicialmente pensados en el Palacio Quemado. Al acudir durante el segundo día del paro cívico a la vicepresidencia, a espaldas de la población alteña, asegurando que la protesta cesaba, develaron su falta de legitimidad social ante las bases de las que se atribuían su representación. En segundo término les mostraron a sus jefes que no cuentan con apoyo ciudadano. El nerviosismo llevó al gobierno a desempolvar a la Central Obrera Boliviana (COB), para que ésta llamara a levantar el paro. Como era de esperar, la falta de representatividad de esta COB tornaron inútiles sus ruegos y quedó al descubierto la inutilidad del asalto masista a la COB, orquestado desde el ministerio de Trabajo, durante los primeros meses de este año.

La evaluación del paro, que hizo el gobierno por intermedio del ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, calificando de rotundo fracaso la protesta no sólo muestra el alto grado psicótico de los miembros del Ejecutivo, sino el peso de las consecuencias que tiene la desinstitucionalización sobre la sociedad y el Estado. Por su parte, el pretexto de Gerardo García , a nombre del MAS, explicando las razones por las que Evo Morales no acudiría a la reunión con la UPEA  (García dijo que tenían información que en esa reunión se pretendía asesinar a Morales -¿!), muestra algo más que una reverenda tontería; devela la falta de iniciativa gubernamental y la pérdida, cada vez mayor, de capacidad para siquiera intentar dialogar con la población. En conjunto, la “evaluación”  psicótica de Rada y el infantil pretexto de García, son signos claros de los principios de la ingobernabilidad que podría asomar en el horizonte.

Por último, digamos que el derrumbe del MAS adelanta también las dificultades que la estrategia de fraude electoral enfrentará. La larga lista de protestas sociales han develado la pérdida de autoridad democrática de este gobierno; autoridad democrática, se entiende, no es sinónimo de matonaje totalitario, sino de consenso democrático. El descontento masivo, expresado en distintas protestas, forma una verdadera corriente nacional con impacto estatal. A la  vez, está cerrando el paso a la viabilidad misma del fraude electoral masista (o sea un fraude que resulte medianamente creíble), bajo modalidades tales como el fraude electrónico, la compra de votos, votantes fantasmas y otros. El conflicto de la UPEA, de hecho, ha inviabilizado la posible candidatura vicepresidencial del ministro de Gobierno, Carlos Romero, que se perfilaba como una de las alternativas al carago,  en la menuda lucha interna del MAS.