Mi abuelita está de cumpleaños. ¡Felicítenla! Es sabia, y protectora. ¡Tiene 100 años de vida! Se llama Ley de Imprenta, y de cariño le digo Abu Press. Su espíritu se mantiene tan vigente hoy como en ese entonces, y nos ha permitido ejercer la profesión libremente.
El octavo artículo, indica la inviolabilidad del secreto de imprenta. Gracias a éste podemos mantener el anonimato de quienes acuden a nosotros para hacer una denuncia, y darla a conocer a la población, e igualmente la ciudadanía sabe que puede hacer la denuncia cubierta por el manto protector del artículo.
Porque ya saben que los periodistas tenemos un juramento similar al del sacerdote y al del psicólogo. Cualquier cosa que nos revelen y pidan que no avisemos, “mientras estemos en función periodística”, será guardada bajo el secreto de ese artículo.
Abu Press ha sido tachada de obsoleta y arcaica. Que le falta modernizarse. Evidentemente el séptimo artículo que indica “no hay delito de Imprenta sin publicación. Se entiende realizada la publicación, cuando se distribuyen tres o más ejemplares del impreso, o ha sido leído por cinco o más individuos, o se pone en venta, se fija en un paraje, se deja en un establecimiento, se remite por correo u otros casos semejantes”, hoy es arcaico.
Pero no es vetusta, porque su primer artículo consagra lo que se espera de una sociedad moderna, ya sea en 1925, o en 2025: “Todo hombre tiene el derecho de publicar sus pensamientos por la prensa, sin previa censura, salvo las restricciones establecidas por la presente ley”. Y el dos que reza “por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento”. Esos modos hoy pueden ser Facebook, Instagram o TikTok.
Y los delitos, considerados en esa ley promulgada por Bautista Saavedra, son aquellos que van en contra “de la Constitución en los escritos que se dirijan a trastornar, destruir o inducir a su inobservancia, en todo o en parte de sus disposiciones”.
Y “no se comete delito, cuando se manifiestan los defectos de la Constitución o de los actos legislativos, administrativos o judiciales, con el objeto de hacer conocer sus errores o la necesidad de su reforma, siempre que no contengan ofensas de otro género”.
Así que bien mirada la cosa, Abu Press tiene mucho vigor.
Hubo varios intentos de censura. En 2012, el expresidente Morales inició un proceso por racismo y discriminación. Pidió cárcel contra los responsables de tres medios que publicaron sus declaraciones dijo que en “occidente eran más valientes y en oriente más flojos”. Fueron sus palabras. Los medios sólo las reprodujeron, pero como se trata de un canalla, dijo que lo habían tergiversado. Quedó en nada, por más intentos que hizo el bellaco de Morales.
En 2024, dos periodistas de provincias de Santa Cruz, fueron citados por la Fiscalía para declarar, bajo amenaza de aprehensión, por haber publicado informaciones que luego dieron lugar a procesos penales. Tampoco prosperó.
Prosperan los insultos a los periodistas. Nos tachan de vendidos, amarillistas, sensacionalistas y más. Pero luego nos ensalzan y nos proclaman “defensores de la democracia”.
Entonces no se trata de modernizar a Abu Press. Sino de defender aquello que nos convierte en una mejor sociedad.
La Ley de Imprenta de Bolivia, promulgada en 1925, marcó un hito importante para la libertad de expresión y la consolidación de derechos ciudadanos en el país, garantizó un marco normativo que protegía la publicación de ideas, opiniones y noticias sin censura previa, promoviendo un ambiente más democrático.
Con la libertad de prensa protegida, los periodistas y medios adquirieron un papel fundamental en la fiscalización del poder político y económico. Esto ayudó a denunciar abusos, corrupción y desigualdades, impulsando a las autoridades a actuar con mayor responsabilidad. Al hacer accesible la información al público, la ley fomentó una sociedad más vigilante y participativa, incrementando la transparencia en la gestión pública.
Y fomentó del pluralismo y la diversidad de opiniones, incluidas voces marginadas o disidentes, pudieran expresar sus ideas y demandas. Esto enriqueció el debate público y contribuye a una sociedad más inclusiva, en la que las diversas perspectivas encontraron un espacio para ser escuchadas.
El pluralismo mediático generado a partir de esta normativa fortaleció y fortalece la cultura democrática y promueve el respeto a los derechos individuales y colectivos.
La autora es periodista
