El desarrollo de la crisis en Bolivia, que comenzó siendo una crisis electoral, ahora se encuentra en la fase de una crisis estatal, con la sombría perspectiva de evolucionar hacia una crisis social. Paralelamente se has incrementado las manifestaciones de violencia, que ya lleva tres muertos de ciudadanos que exigían la convocatoria a nuevas elecciones (siendo que el fraude electoral de las elecciones del pasado 20 de octubre fuera el detonante de la crisis). Lo destacable es que mientras la ciudadanía exige nuevas elecciones mediante manifestaciones pacíficas, el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), a pedido del presidente Evo Morales y por más increíble que parezca, organiza grupos de choque para obligar a la ciudadanía a aceptar las elecciones fraudulentas.
Un inicial balance, sin embargo, muestra el fracaso de la estrategia del MAS. Luego de hacer perdido las dos fuentes de legitimación (la legitimidad legal, porque el fraude no crea legalidad) y la legitimidad social, el MAS recurre a la violencia organizada, pero lo que en política -mucha más cuando ésta es democrática- no se puede legitimar simplemente no puede existir. Sin embargo, a medio mes de paro cívico en el país, esa violencia ha demostrado ser inútil para doblegar a una sociedad movilizada y, al contrario, reaviva de forma continua la convicción democrática en ella. Por otra parte, a lo largo de la crisis, las iniciativas han estado en manos de la oposición y de la ciudadanía. Ello es indicativo de la pérdida de planificación política del MAS, es decir de la pérdida de perspectiva de gobierno.
Ante esta situación, el MAS intentó burdamente reducir la disputa a partidos opositores y gobierno, pero el efecto el efecto de esta táctica no fue sino el de unificar a la ciudadanía y en definitiva al país todo en su contra. A ello respondió el gobierno con el irresponsable llamado a sus seguidores, a incrementar los niveles de violencia; pedido formulado nada menos que por Evo Morales. La espiral de violencia no desanimó a la ciudadanía, permitió al gobierno un tiempo necesario para recuperar la iniciativa política. Así, empujado contra las cuerdas por todo un país, recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) como última tabla de salvación, con la esperanza de contar con un nuevo servicio, luego del que recibiera por parte de Luis Almagro, secretario general de la OEA, en el pasado. Pero también esta esperanza se difuminó cuando la ciudadanía movilizada, por intermedio de sus organizaciones cívicas, rechazó la auditoría a las elecciones del 20 de octubre, acordada por Evo Morales y Luis Almagro. A ello, además, debe sumarse el adelanto que formulara Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, principal fuerza política opositora en las elecciones, de no reconocer el informe de dicha auditoria.
Como se observa, para el MAS, todas las alternativas para consolidar el fraude electoral operado por intermedio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se muestran inviables. En medio de ello, haciendo gala de un gran espíritu de irresponsabilidad y secundando el llamado de generar violencia formulado por Morales, los ministros Zabaleta y Quintana (además de la pública amenaza muerte a los jóvenes universitarios formulado por un dirigentes de segunda línea de La Paz, si continuaran movilizándose en defensa de la democracia) adelantaron un verdadero baño de sangre si el país persistía en su rechazo al fraude electoral. Sin embargo, como un tornillo enroscándose, el gobierno se dirigió a un callejón sin salida para sus intereses particulares.
En contrapartida, ha sociedad ha propuesta una alternativa pacífica para la recuperación del orden democrático constitucional: la convocatoria a nuevas elecciones. Una propuesta, como se entiende, pacificadora de la espiral de violencia generada por el gobierno. Incluso en esta propuesta, pero, el problema aun no resuelto para posibilitarla, se encuentra en la posibilidad de viabilizar el encuentro entre el gobierno y la ciudadanía movilizada, es decir con los organizaciones cívicas, partidos de oposición y otros. ¿Quién convocaría a las partes, para mediar entre ellas? Monseñor Juárez ha llamado en incontables ocasiones para posibilitar una reunión de esta naturaleza pero estos pedidos simplemente se han encontrado con los oídos sordos del gobierno. La razón de estos rechazos, por ahora, se encuentra en la esperanza que tiene el gobierno en el informe de la OEA, a fin de convocar al menos a una segunda vuelta electoral, conservar la mayoría parlamentaria construida gracias al fraude y de paso, desinflar el conflicto social. Sin embargo, resulta que Carlos Mesa reiteró en varias oportunidades que no reconocerá el informe de la auditoría de la OEA. ¿Entonces, con qué contrincante electoral pretendería el MAS instrumentalizar una hipotética segunda vuelta y así consolidar el fraude? También esta perspectiva resulta inviable para el MAS, por lo que se replantearía el pedido de convocatoria a nuevas elecciones.
Con todo, no puede perderse de vista el marco general en el que se desarrolla la crisis. En este contexto, destaca la tendencia de la evolución de la crisis, que ya es una crisis estatal, hacia una crisis social, con imprevisibles consecuencias negativas. Pero, dada la dimensión nacional del pedido de nuevas elecciones, bien puede decirse que al final, efectivamente, éstas serán convocadas. La pregunta es si da lo mismo convocar a una mesa de diálogo para posibilitar tales elecciones, antes del estallido de la crisis social o después de ella? Por supuesto que no es lo mismo instalar una mesa de diálogo antes de la matanza prometida por Zabaleta y Quintana, que después de ella. Con toda seguridad el escenario político será distinto, por lo cual, bien puede decirse que los tiempos políticos se acortar para evitar una crisis social.
En este cuadro, haríamos bien en recordar la experiencia de Ecuador. En una situación de aparente imposibilidad de encuentro entre el gobierno de Lenin Moreno y la población, éste se viabilizó gracias a la mediación de la iglesia católica y el representante residente, en Ecuador, de las Naciones Unidas (ONU). La desconfianza de la población boliviana hacia la OEA inhabilita a ésta como probable institución mediadora. Sin embargo de ello, si el eventual informe de este organismo pueda no contravenir el pedido de la ciudadanía por nuevas elecciones, ese informe podría ser un mecanismo en el camino de la preparación de las condiciones, para una eventual mediación, tal como se diera en Ecuador, para salir del atolladero. Por último, resulta impensable que la comisión de la OEA haga sencillamente abstracción de los niveles de tensión que alcanza la crisis boliviana, cuyas sombrías perspectivas se agudizan con la violencia desatada por los grupos de choque del gobierno, en contra de la ciudadanía.
Omar Qamasa Guzmán es sociólogo y escritor
