Kimberley Motely, la abogada estadounidense. FOTO. ANF
La Paz, 5 de octubre (ANF).- Kimberley Motley es una abogada estadounidense, experta en justicia criminal que desde el 2009 atiende casos importantes en los Emiratos Arabes, Australia, Afganistán y África, sin cobrar honorarios. Ahora decidió venir a Bolivia para apoyar en la planificación estratégica, la investigación legal y el asesoramiento al equipo de la defensa legal de la exmédica forense Miriam Rocabado.
Rocabado certificó en 2009 la violación de una niña de cinco años en el hogar La Colonia Ecológica de Tiquipaya. Dos años después, Francisco Villanueva, sentenciado por ese hecho a 15 años de prisión, la demandó por falsedad ideológica.
El pasado 29 de septiembre debía instalarse la audiencia de juicio oral contra la forense, pero debido a la ausencia de un perito de la acusación, el proceso se postergó hasta el próximo 23 de noviembre.
Motley conoció el caso y decidió venir a Bolivia para integrarse al equipo de la defensa de Rocabado. La demanda le parece insólita, porque “nadie cuestiona el certificado forense que ayudó a poner a la cárcel a un pedófilo, pero la Fiscalía encontró a un médico que está dispuesto a testificar que si te violan a los cinco años no puedes sobrevivir, te mueres o necesitas una intervención quirúrgica”, explicó a ANF.
De prosperar la demanda, Rocabado corre el riesgo de ser enviada a la cárcel mientras que el acusado de violación podría ser puesto en libertad. Si eso ocurre, según la experta internacional, se sentarían graves precedentes en Bolivia.
“Sería el único caso en el mundo en que una víctima de violación de 5 años tiene que morir para constituir prueba fehaciente de un delito de esa naturaleza. Este sería un grave precedente legal de violación impune de menores”.
“Todas las personas que fueron condenadas por los informes forenses de la Dra. Rocabado podría pedir revisión de su sentencia. Además, existe el riesgo de intimidar a la comunidad profesional de medicina forense, nadie se animará a certificar una violación”.
“Proteger a la doctora Rocabado nos protege a todos”, afirmó Motley a ANF a tiempo de insistir que vino a Bolivia para “difundir estos casos a nivel mundial como ejemplos de injusticia y como modelos para defender o ayudar a otra gente y para demostrar lo que puede hacer la ley cuando se usa de manera incorrecta”.
Francisco Villanueva, quien se hacía llamar “Papi Kiko” cuando administraba el hogar La Colonia Ecológica de Tiquipaya, aseguró que es inocente. “Ella –la doctora Rocabado– ha falsificado todo, soy inocente”, declaró al ingresar al Tribunal de Justicia de Cochabamba, el pasado 29 de septiembre.
Motley confía que, como ocurrió en otros países donde “representé a víctimas de la injusticia, es posible conseguir justicia efectiva”. Esa es su filosofía de intervención “lograr que la justicia deje de ser una idea intangible, y se convierta en una realidad legal a la que una persona tiene derecho”.
En Afganistán, Motley logró revertir una condena a 12 años de prisión contra una adolescente que luego de ser violada por su primo fue acusada de adulterio. “Acudí a todos los recursos legales e incluso apelé al perdón presidencial para sacar de la cárcel a esta niña que ya había pasado 3 años en la cárcel, donde dio a luz a un hijo producto de la violación”, relató al recordar el caso que dio inicio a su trabajo como “inversora en derechos humanos, una labor por la que no cobro honorarios, y con la cual sólo pretendo demostrar que las leyes se han hecho para proteger a las personas, y no para pagar sobornos ni fomentar la corrupción de los administradores de justicia”.
Motley ha ganado todos sus casos como litigante internacional y explica que su éxito se debe a que estudia "el marco legal de cada país y uso las leyes que no se usan”. En términos jurídicos, procede a realizar “una arqueología legal, para poner todos los instrumentos legales al servicio de una causa”.
Su experiencia en diferentes países, le ha demostrado que existen al menos tres razones que impiden el logro de la justicia efectiva, “primero, que la gente no conoce las leyes; segundo, donde hay buenas leyes la aplicación de justicia está supeditada a prácticas culturales y; por último, a pesar de existir buenas leyes en el papel, hay poca voluntad de los abogados para pelear porque se haga justicia”.
Considera que Bolivia tiene “leyes de avanzada, pero falta ponerlas en práctica y esa tarea tiene que ser asumida primera por quienes deben administrar justicia”.
/ZA/MVV/
