La Paz, 17 de octubre (ANF).- El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo y concedió la solicitud de amparo constitucional interpuesto contra el paceño Colegio Ave María. Esto a causa de la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos en contra de un grupo de estudiantes, debido a que sus padres no acataron un “aumento ilegal” en las pensiones escolares para este año.
La decisión fue asumida tras la revisión del dictamen dispuesto, en febrero de este año, por el Tribunal de Garantías de La Paz, que, en respuesta al amparo presentado por dicha institución, determinó que existió la vulneración del derecho a la educación de los estudiantes afectados. Por ello, ordenó su inmediata inscripción y el acceso irrestricto al establecimiento para que pasen clases, según explica una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.
En la acción de amparo interpuesta en representación de los padres de familia de ese establecimiento se denunció “cobros arbitrarios” por el aumento del 110% de las pensiones escolares, cuando el Ministerio de Educación aprobó un alza de solo 4%.
También se denunció la retención de libretas de calificaciones de la gestión 2018, como una represalia a la resistencia de algunos progenitores a pagar dicho incremento y la restricción de ingreso al colegio para los estudiantes cuyas colegiaturas estaban impagas.
El Tribunal Constitucional, en la Sentencia Constitucional 0596/2019-S4, ratificó el fallo de febrero de 2019 y lo amplió al ordenar a dicho colegio habilitar una cuenta bancaria para que los progenitores pagasen las pensiones escolares en el alza dispuesta por la cartera de Educación o acepten los pagos a través de su oficina administrativa y se inhiba de cometer actos discriminatorios en contra de sus estudiantes.
En la valoración de los elementos presentados, el TCP estableció que la dirección del colegio generó contratos civiles y notas de coerción para obligar a los padres a pagar las pensiones escolares con un incremento fuera de norma.
Asimismo, ese tribunal estableció que esa unidad educativa incurrió en actos discriminatorios al entregar distintivos o credenciales a algunos alumnos para diferenciarlos de aquellos cuyos padres no efectuaron pago alguno por rechazar dicha alza arbitraria.
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