Psicólogos critican proyecto Plan de Salud Mental y lo califican de irresponsable y antiético

El Colegio de Psicólogos de Bolivia cuestionó la propuesta y la calificó de irresponsable debido a que se basa en la Guía de Intervención Humanitaria mhGAP, ideada para emergencias humanitarias -que no es el caso de Bolivia-, y prescinde del personal de salud mental como los psicólogos, a los que el Ministerio de Salud no reconoce todavía como personal de salud, para cubrir la falencia solo con personal capacitado y hasta con voluntarios.

López indicó que un diagnóstico situacional de los recursos humanos reveló un dato preocupante, debido a que no hay muchos psicólogos y psiquiatras en Bolivia para implementar el Plan, por lo que con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) vieron una solución.

“Todos los profesionales que hacen salud en el Primer Nivel -donde se resuelve el 80% de las patologías- van a ser capacitados en el mhGAP, esta metodología de capacitación es muy importante porque tiene tres acápites: mhGAP comunitario, el mhGAP clínico y el mhGAP emergencias”, dijo López en entrevista con ANF.

La funcionaria indicó que ya hay 750 profesionales capacitados en el marco del mhGAP clínico para que puedan reconocer si un paciente tiene alteraciones psicológicas. Refirió que existe en lista más de 10.000 profesionales para ser capacitados.

El mhGAP de atención primaria en salud reconoce ocho patologías como estrés, ansiedad, epilepsia, trastornos bipolares, trastornos de bebidas alcohólicas, consumo de sustancias, adicciones, suicidio, entre otros, y “los que tienen mayor incidencia en la población tendrán una capacidad resolutiva en el Primer Nivel, lo cual nos da margen de poder despoblar la asistencia a los psiquiátricos”.

La presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro, refirió que como Colegio de Psicólogos de Bolivia conocieron la propuesta de Plan de Salud Mental, pero tuvieron muchas observaciones y no lo firmaron.

“Me presentaron el informe en el sentido que es ambicioso, pero no es responsable, no es técnico, no es profesional, no es ético; entonces por ese tipo de situaciones nosotros como Colegio de Psicólogos de Bolivia imposible que podamos avalar algo en que no estamos de acuerdo con esas características”, dijo a ANF.

Indicó que, al ser un instrumento ambicioso, para resolver la falta de personal busca “capacitar a todo el mundo y dejar de lado al profesional, porque esa es la idea, ya que dice inclusive ‘voluntarios’ en el proyecto, entonces quién lo va a hacer”, cuestionó.

Enfatizó que como profesionales tuvieron la oportunidad de trabajar en situaciones de real emergencia como en el megadeslizamiento en La Paz, en convulsiones sociales con los dos frentes para minimizar ciertos tipos de riesgos. Hoy trabajan con la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC) con el programa PsicoPAC con Psicología de Emergencia para atender casos de suicidio, al que no puede intervenir cualquier persona.

“Tiene que ir una persona que realmente tenga primero la formación y posteriormente los conocimientos, son dos cosas que se tienen que complementar y es por eso que en el mundo también ha surgido la especialización de la Psicología de Emergencia”, apuntó.

En ese sentido, Alfaro señaló que para atender emergencias en esa situación se requiere de especialistas y el Gobierno lo que quiere es “cubrir otras necesidades de la población y eso es antiético”.

“En una situación de emergencia humanitaria grande, sí, cualquiera puede brindar el apoyo de asistencia, pero cuando no estamos en esa condición, como ocurre hoy con Bolivia, entonces, no es cualquier personal el que debe atender el caso, por lo tanto, el querer llegar a cierto tipo de población con personas que no tengan la suficiente formación y capacitación, realmente estamos yendo de una manera irresponsable”, apuntó.

Alfaro cuestionó que las autoridades hablen mucho de salud mental cuando no existe una Ley al respecto que respalde todo el Plan, y determine responsabilidades para todo aquel que participe del mismo, además el Gobierno reconoce al psicólogo como personal de salud. Para ella, el Gobierno, con la capacitación masiva de personal médico, lo que busca es prescindir del personal especializado e inclusive buscar voluntarios para no pagar.

“No nos reconocen, claro es preferible no reconocernos y capacitar a los voluntarios, a gente de la población en algunos aspectos específicos y decir no necesitamos, no vamos a cubrir porque son voluntarios, no vamos a pagar porque son voluntarios, entonces se trata realmente de delegación (de la salud mental) a los profesionales en salud”, dijo.

En esas circunstancias, evidenció que cualquier persona que vaya a ser atendida de emergencia en Salud Mental por un personal no especializado, una palabra mal dicha puede causar hasta la muerte del paciente, porque puede ocasionar riesgos a su familia y a la población.

“La hemos vivido nosotros, tenemos experiencia y por eso estamos en contra total de lo que es este proyecto, que agarrándose de una emergencia humanitaria quiere tapar sus huecos en el sentido de no proveo psicólogos en todas las instancias de salud de primer, segundo y tercer nivel cuando debería haber en todos los centros de salud un psicólogo”, remarcó.

La directora general de Promoción de la Salud indicó que la implementación del Plan aún está en un proceso de “aterrizaje”, para lo cual se realizarán pruebas piloto en los distintos departamentos. Refirió también que se encuentran elaborando los protocolos de atención para que no haya errores. “Este momento es de pura organización, de pura creación, de pura elaboración para tener el paquete entero y lanzarlo como debe ser un plan gigante, ambicioso, como es este de Salud Mental”.

López explicó que el Plan de Salud Mental tiene cuatro pilares fundamentales: violencia de género; adicciones a drogas ilícitas y lícitas; grupos vulnerables con niño, niña, adolescente, mujer embarazada, tercera edad, trata y tráfico, trabajadoras sexuales, etc.; y, las patologías propiamente dichas de las enfermedades mentales.

El documento ya está finalizado y solo falta la resolución ministerial, pero ya fue dado a conocer a las distintas instituciones y organizaciones.