31 de agosto, 2016 - 14:10
Ministra de Justicia, Virginia Velasco, muestra certificado del Sipasse. Foto: Ministerio de Justicia
La Paz, 31 de agosto (ANF).- A dos meses de que venza el plazo para la obtención del certificado de antecedentes de violencia contra las mujeres, apenas el 5% de los funcionarios públicos a nivel nacional ha obtenido la certificación, cuya obtención es de carácter obligatorio para su permanencia en fuentes laborales.
Ana María Rojas, abogada del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sipasse), dependiente del Ministerio de Justicia, entrevistada por ANF señaló que “son aproximadamente 10 mil funcionarios los que han tramitado la certificación”.
La abogada explicó que según el cronograma establecido por esa cartera de Gobierno, el próximo 31 de octubre vence el plazo para que los servidores públicos de todo el país presenten el certificado de no violencia, el mismo que debe acreditar que los funcionarios no figuran en el registro de personas que hubieran sido condenadas por violencia intrafamiliar.
El artículo 13 de la ley 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, establece que "para el acceso a un cargo público de cualquier Órgano del Estado o nivel de administración, sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por Ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada".
En caso de no contar con el mismo hasta el próximo mes de octubre, los funcionarios serán pasibles a destituciones.
Para obtener la certificación ante el Sipasse se debe presentar una fotocopia del carnet de identidad y realizar dos depósitos bancarios, uno de Bs 25 para cubrir los costos operativos del Órgano Judicial y otro de Bs 10 para los costos administrativos del Ministerio de Justicia, en el Banco Unión.
Posteriormente los técnicos del Ministerio de Justicia proceden a consultar la base de datos del Registro de Antecedentes Penales (REGAP) del Órgano Judicial, que reúne información relativa a sentencias ejecutoriadas, declaratoria en rebeldía y suspensión condicional del proceso, antecedentes esenciales para verificar si el funcionario cometió algún hecho de violencia de género.
El objetivo de la disposición es avanzar en la prevención, atención, protección y sanción de los actos de violencia contra la mujer.
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