La Paz, 4 de mayo (ANF).- La emergencia por la pandemia de coronavirus (Covid-19) continúa en Bolivia y el mundo, con medidas drásticas de prevención que incluyen cuarentenas, aislamientos y paralización de actividades. Sin embargo, desde diferentes instituciones se alerta que pese a estas prohibiciones en el país hay un incremento de focos de quema que ponen en riesgo a la región de la Chiquitania.
Entre enero y el 24 de abril de 2020 se registraron 15.354 focos de calor en Bolivia, según el monitoreo realizado por la Fundación Amigos de la Naturaleza a partir de datos de la NASA obtenidos con el sensor VIIRS1. Esto se suma a los recientes incendios que ya comenzaron a registrarse en algunas regiones del oriente boliviano.
“Los municipios de San Ignacio de Velasco y San Rafael se encuentran en el listado con mayores concentraciones con (1391) y (415) focos de calor, (respectivamente). Existe una particularidad que indica que el 94% de los focos de calor registrados a nivel departamental corresponden a áreas agropecuarias, 6% sabanas, pampas y matorrales y 0.3% focos detectados en área de bosque, pese a existir una pausa ambiental vigente que restringe las quemas en estas áreas”, detalla Randy Gonzales, del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).
Entre los meses de agosto y octubre de 2019, Bolivia registró uno de los mayores desastres forestales de los últimos años, con un incendio que devastó más de cinco millones de hectáreas en las zonas de la Amazonía y Chiquitanía. Desde entonces, colectivos, instituciones y pueblos indígenas exigen al actual gobierno la abrogación de un paquete de normas que dan paso a los chaqueos en el país. Esta demanda surge por el riesgo de nuevos incendios a poco de iniciar la época de quemas para la siembra.
Los datos son alarmantes porque se menciona que desde enero y el 24 de abril de 2020 se han registrado 15.354 focos de calor acumulados en todo el territorio nacional, correspondiendo al Departamento de Santa Cruz el 78% (11.966 focos de calor), y donde el 94% corresponden a quemas en áreas agropecuarias, el resto son incendios en áreas de sabanas, matorrales y bosque.
“A nivel municipal, San Ignacio de Velasco, zona de cobertura de CIPCA, está entre los municipios con mayor presencia de focos de calor después de Carmen Rivero Torrez y Charagua. Pese a que aún se mantiene vigente la pausa ambiental dentro de las áreas quemadas por incendios en 2019, se han detectado cerca de 300 focos de calor dentro de estas áreas en el departamento de Santa Cruz, de los cuales 220 corresponden a áreas de uso agropecuario”, agrega CIPCA.
“Por los bosques”
En esa línea de denuncia y defensa, hace unos días se llevaron adelante dos encuentros de la “Primera Asamblea Urgente por los Bosques”, en la que diferentes activistas y dirigentes indígenas determinaron encaminar una labor permanente para el tratamiento de una ley y un decreto supremo, con el fin de abrogar las normas que causaron los incendios en la Chiquitanía en la pasada gestión. Mismos que fue entregados hace más de dos meses a la Asamblea Legislativa Plurinacional y hasta el momento no se los tomó en cuenta.
“Ambas propuestas de norma son el resultado de un amplio debate y trabajo conjunto entre las organizaciones de los pueblos indígenas de la Chiquitanía que fueron afectados de manera directa con los incendios el 2019, y decidieron solicitar la abrogación de las leyes y el decreto supremo que permitieron la ampliación de las áreas de cultivo y la frontera agrícola, afectando a los bosques donde precisamente habitan”, informó en esa oportunidad Leonardo Tamburini miembro del Colectivo Árbol de Santa Cruz.
Es así que estas organizaciones y activistas se reúnen con el fin de presionar para la abrogación de estas normas, dado que en unas semanas, y pese a la cuarentena, se inicia la época de chaqueos, y las regiones del oriente corren el riesgo de sufrir nuevos incendios forestales.
A esta demanda se suma la intención de interponer una acción legal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para la revisión y “revocatoria” de la Ley de Plan de Uso de Suelos (PLUS) Beni que se aprobó sin consenso de los sectores de la región y que autoriza la ampliación de la frontera agrícola.
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