La Paz, 31 de enero del 2025 (ANF). – La diputada arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Gloria Callisaya informó este viernes que enviaron una nota formal al gobierno nacional para que derogue la disposición de confiscación del Presupuesto General del Estado para evitar que se politice.
“El miércoles tuvimos una reunión con los gremiales a la cabeza de Rodolfo Mancilla, ejecutivos de diferentes departamentos y federaciones donde han planteado, para no politizar, que el gobierno saque un decreto supremo derogando la disposición séptima del PGE”, informó Callisaya.
La parlamentaria explicó que se envió una nota oficial al Órgano Ejecutivo, esperan una respuesta hasta el miércoles de la próxima semana. Dijo que están no saben si se hará por decreto supremo o mediante ley mediante la ALP. Una ley solo puede ser modificada con otra ley, y no con una norma de menor jerarquía.
En reiteradas oportunidades, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, y el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, observaron que la derogación es competencia del Parlamento nacional. Aunque no señalan si el Gobierno puede promover esa norma.
El tercer Encuentro Multisectorial resolvió ratificar la marcha nacional prevista para el 10 de febrero, en caso que las autoridades no deroguen la disposición séptima del Presupuesto General del Estado que autoriza el decomiso de productos.
El encuentro se desarrolló en Sucre, Chuquisaca, con la participación de representantes de las cámaras empresariales, gremiales, transportistas y comités cívicos de Potosí y Chuquisaca.
La disposición adicional séptima del PGE faculta a las instituciones competentes a activar las acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos en caso del incremento de precios.
“Se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, señala el texto de esa disposición.
Dicha disposición está vigente, toda vez que entró en vigencia el 1 de enero sin modificaciones. En año pasado, la comisión de Planificación de la Cámara de Diputados eliminó el polémico texto, pero no fue refrendado en el pleno.
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