La Paz, 6 de abril (ANF).- El acceso a la justicia en Bolivia por parte de las victimas es un camino a cuestas con un ingente costo económico, emocional y familiar que solo genera más dolor y maltrato por parte de los funcionarios del sistema judicial.
La justicia boliviana es hostil y nada empática con las víctimas a quienes solo trata como un número más que ingresa a sus registros, y donde quienes inician un proceso penal deben seguir una carrera de obstáculos plagada de muchos trámites burocráticos sin sentido, pereza judicial, desinterés y gasto de mucho dinero, según el testimonio de Karem Mendoza, víctima de violencia sexual en noviembre de 2020 y actual víctima del sistema de justicia.
El Colegio de Psicólogos de Bolivia pide al Gobierno aplicar urgentemente acciones y políticas de prevención “para evitar que más familias víctimas atraviesen su proceso de duelo en los tribunales buscando justicia”.
“Acceder a la justicia ha sido inicialmente muy complejo, porque primero nadie te brinda información, desde el momento en que haces una denuncia nadie te dice que vas a necesitar un abogado, que necesitas hacer requerimientos para que no se demoren diferentes pericias o para que se soliciten cámaras”, contó Karem a ANF.
Las denuncias contra los investigadores son constantes por su carente formación para realizar las diligencias y el recurrente pedido de dinero, según una publicación realizada por ANF.
Los procedimientos que llevan adelante las propias autoridades van plagados de diferentes errores,
fiscales e investigadores, por lo que las denuncias tardan en llegar hasta un mes al Ministerio Público, como ocurrió en el caso de Karem.
El costo físico, emocional y económico que afronta Karem es muy alto, y el Estado no contempla ningún tipo de ayuda para la víctima. Ante los operadores de justicia la denunciante debe seguir el camino de la revictimización.
“Los primeros meses yo no salía de casa, eso implicó que dejara de trabajar, estuve sin trabajo un año porque no tenía las fuerzas como para hacerlo, y eso también implicó que yo use mis ahorros que tenía de otro tiempo, usé esos ahorros para pagarme un abogado”, dijo.
Tuvo que recurrir a hacer rifas, a pedir colaboración de amigos, de gente cercana, para cubrir parte de los gastos. Sin embargo, ya paso un año y el juez todavía no abrió un segundo proceso en contra de su agresor, el abogado Alexander Huarachi Mamani, por el uso de sustancias controladas en contra de ella. El proceso continúa y no hay dinero que alcance. La justicia gratuita es una utopía.
Pese a que abrieron de oficio un caso por sustancias controladas en contra de su agresor, terminaron rechazándolo. Karen tuvo que enfrentarse a un investigador que nunca quiso hacer nada. Apeló la decisión y espera respuesta, pero ya pasaron meses y el proceso implica un desgaste emocional, físico y también familiar.
La familia de la víctima se ve afectada porque se preocupa por el estado de salud de unos de sus miembros y también lleva el luto por el crimen sufrido. “Yo he pasado situaciones de tener pensamientos o ideaciones suicidas, por eso es que tengo medicación, pero el Estado no te resarce esas cosas, ni siquiera se da cuenta”.
Karem viene pagando un impacto sicológico muy alto tras sufrir la agresión. Recibe terapia desde hace un año, pero llegó a un punto en el que no pudo sostener más toda la situación y tuvo que acudir a un siquiatra.
“Fue muy duro y por eso mi psicóloga me recomendó ayuda psiquiátrica, y esos costos afortunadamente los cubre el SUS (Sistema Único de Salud), yo no tengo seguro, pero igual implica un costo emocional tener que aceptar ir a un psiquiatra y tener medicación”, refirió.
El caso solo avanzó un poco cuando Karem lo hizo conocer públicamente porque “ellos -los operadores de justicia- nunca hacen nada de oficio”.
“En mi caso se omitieron, por ejemplo, la pericia psicológica que hice, esa pericia determina daños y secuelas psicológicas a partir de la violación, eso no lo consideró el fiscal, si yo no hacia la presión social mi caso ya estaba sobreseído, estaba a punto de que el fiscal departamental (Williams Alave) decida si se ratifica o se sobresee, pero afortunadamente, con la presión que hice se revocó la decisión y salió la acusación de un día para el otro”, dijo.
Sin embargo, esta acusación también estuvo mal hecha y destituyeron al fiscal. Lo que siguió retrasando el caso.
Tras finalmente salir la acusación fiscal del caso en contra del agresor, Karem solicitó medidas cautelares, que lo viene pidiendo desde hace un año, pero fue rechazada y el acusado de violación sigue libre.
“El juez Tercero Anticorrupción de apellido Torrejón ha rechazo y dice que no es de su competencia, es una situación muy grave, yo quiero volver a denunciar porque este violador tiene antecedentes de consorcio de jueces, fiscales y abogados, eso sale en sus antecedentes policiales, y todo este tiempo ha estado recurriendo a ese amiguismo que tiene con funcionarios dentro de la justicia para seguir libre, desde noviembre de 2020 hasta la fecha, es más de un año”, lamentó.
Llevar el luto a los estrados judiciales en busca de justicia frente a un Estado ciego que no repara en las exacciones físicas, económicas y emocionales de las víctimas, constituye una verdadera prueba de perseverancia y fuerza que no interesa a las autoridades judiciales. Muchas víctimas no lo logran superar y sus casos quedan en la impunidad.
“La justicia ni siquiera te brinda reparación de daños, ni siquiera respecto a un psicólogo o un psiquiatra, no te ayudan en nada, de hecho te revictimizan, y yo he tenido que denunciar una y otra vez esta situación, exponiéndome en diferentes momentos, desde la Policía, la Fiscalía, la pericia psicológica, y que incluso volver a denunciar en la Fiscalía de Sustancias Controladas porque ellos abrieron un caso de oficio contra este tipo por administrarme sustancias controladas, aunque luego ellos mismos rechazaron esa denuncia”, recordó.
Además, dijo, hay funcionarios que te maltratan. Karem sufrió mucho en ese aspecto por seguir de cerca su caso y pagar menos al abogado. Tuvo que involucrarse mucho más. Iba a la Fiscalía de La Paz, a los juzgados, a todas las instituciones que se requerían y nunca recibió un trato cordial.
“Sobre el hecho que te ha pasado, sobre tu estado psicológico y físico que tienes que cargar, te maltratan en todas las instituciones, nunca me encontré con un funcionario o funcionaria que me haya dicho ¿cómo está? ¡claro que sí, le ayudo! Yo siempre necesitaba ayuda y nunca me la brindaron”.
En el plano social, Karem dejó de hacer muchas cosas. No salió cuatro meses de su casa y evitaba relacionarse con otras personas, se le dificultaba, incluso evitaba la cercanía con su propia familia. “Es difícil manejarlo”, dijo.
Hasta ahora sonidos e imágenes le hacen recordar constantemente el hecho, la persiguen y no la dejan tranquila, más aún con un caso que no avanza y continúa como un permanente recordatorio de su desgracia. Karem se refugió en el teatro para sobrellevar esta situación.
Recurrió a la Defensoría del Pueblo que acompañó el caso hasta cierto punto, pero después se desentendió. Acudió al Viceministerio de Justicia y afortunadamente le tocó un funcionario que la acompañó a ingresar al juzgado porque “cuando una va sola no la dejan entrar por ser la víctima”.
“Eso es una cosa que no debería permitirse, más bien se debería cambiar porque necesitamos averiguar nuestros casos, saber dónde están nuestras carpetas, poder hacer fotocopias y demás, pero hay un montón de situaciones que están mal en la justicia, están mal hechas”, reprochó.
La violencia sexual en contra de Karem ocurrió en 2020 y lo hizo público en mayo de 2021. Las autoridades no le dieron celeridad. El caso avanzó cuando fue denunciado por María Galindo mediante un programa de radio en vivo, difundido por redes sociales. La Fiscalía decidió hacer rápido la acusación y destituyó al fiscal del caso, pero más allá de eso no hubo ningún avance significativo.
“Ahorita ya deberíamos estar entrando a juicio, pero ya se ha vuelto a trabar en el juzgado y no lo quieren aprehender al violador, es como que no le quieren dar detención preventiva pese que esta persona es peligrosa, porque usado drogas para cometer el hecho y eso no quita que pueda estar haciendo lo mismo, o que lo haya vuelto a hacer”, denunció.
Karem evidencia que su agresor al ser abogado se ha ido beneficiando de diferentes maneras porque “evidentemente tiene amigos dentro del juzgado que le están colaborando y el Estado no hace nada”, una más de las facetas de cómo opera la justicia en Bolivia.
De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio Público, Bolivia registró 11.963 denuncias de violencia en el primer trimestre del año. Esta cifra es superior a la de la gestión pasada que reportó en el mismo periodo 11.153 casos.
El principal delito denunciado es violencia familiar o doméstica con 9.527 casos; seguido de abuso sexual con 682; violación con 661; violación de infante, niña, niño o adolescente con 611; y, estupro con 364.
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