La rehabilitación de privados de libertad depende de ellos mismos ante la incapacidad del Estado

La Paz, 5 de mayo (ANF).- El Estado tiene una participación escasa en temas de rehabilitación a privados de libertad y los pocos esfuerzos que existen ocurren por la propia voluntad de los internos que deciden cambiar sus vidas, sin embargo, este proceso es mermado por el consumo de drogas y alcohol -que ingresan bajo la mirada tolerante de las autoridades-, la corrupción -principalmente del personal de seguridad- y por el insuficiente personal especializado para tal fin.

Los internos que salen adelante en medio de este ambiente, enviciado por las drogas y la corrupción, son aquellos que deciden autorehabilitarse y buscan en qué trabajar y estudiar.

“Yo creo que en cualquier recinto es más la autorehabilitación, y cuando a un interno le preguntan, dice: ‘a mí nadie me ha rehabilitado, yo solito he salido adelante’, y es cierto”, dijo a ANF la psicóloga Tania Viscafé, que trabajó por casi 10 años en el sistema penitenciario de La Paz en las cárceles de San Pedro, Chonchocoro, Obrajes, Miraflores y Qalauma.

La profesional estimó, de acuerdo a su experiencia en el penal de San Pedro, que entre 20 a 25 por ciento de internos opta por la autorehabilitación, ante la escasa participación del Estado. Este porcentaje se puede proyectar a nivel nacional.

La especialista señaló que el impacto en la rehabilitación, con todas las limitaciones que presentan, “si se ha hecho un buen trabajo, puede llegar a un 30%, pero bajo las actuales circunstancias no se llega ni al 5%”.

El gobierno empezó a aplicar formalmente programas de rehabilitación en la gestión pasada, 20 años después del mandato de la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión.

De acuerdo a la nómina de ítem y cargo de la gestión 2021, el Ministerio de Gobierno cuenta con 16 psicólogos, de los cuales tres están designados a los recintos carcelarios de Obrajes, Chonchocoro y Qalauma; 14 trabajadores sociales, uno asignado a Obrajes y otro a San Pedro; 16 médicos, cuatro destinados a los recintos de Obrajes, Miraflores, San Pedro y Qalauma, respectivamente; 31 abogados, cuatro destinados a los penales de San Pedro, Chonchocoro, Obrajes y Qalauma; un encargado de educación y tres auxiliares, uno ellos en postpenitenciario. La población penitenciaria del país supera los 18.400 privados de libertad. 

De acuerdo al Sigep (Sistema de Gestión Pública), el presupuesto 2022 de la Dirección de Régimen Penitenciario es de 6,3 millones de bolivianos y en el documento no figura ningún ítem para fines postpenitenciarios.

Viscafé explicó que en el tema de rehabilitación “el personal con los pocos recursos económicos que otorga el Estado tiene que batirse”, pero con ese presupuesto es impensable aplicar una rehabilitación adecuada; es decir individual y por sesiones. Dijo que el personal debe aprovechar el poco tiempo que tiene para buscar un cambio de conducta en el interno.

Refirió, como ejemplo, que la cárcel de Mujeres de Miraflores, pese a que es el recinto con menor población, “demanda muchísimo a cualquier personal”, mientras que en el penal de San Pedro el problema es la gran cantidad de internos -más de 2.200-. “Ahí es ilusorio pensar en un trabajo de rehabilitación serio, como manda la ley, como todo el mundo esperaría”. 

“Con los pocos recursos que se asignan, que en realidad es básicamente material de escritorio, muy poco se puede hacer”, indicó, sin embargo, cuando hay convenios con instituciones, esta situación puede mejorar debido a que “va a otorgar recursos humanos y recursos materiales, que es lo que no tenemos”.

Lo que sí se puede hacer desde cada área -Psicología, Trabajo Social, Salud, Educación-, refirió Viscafé, es trabajar en talleres, “en terapias grupales, donde se pueda interactuar con la mayoría de internos que participan e ir tocando temáticas, y el mensaje va llegando de a poco”.

Pero el tiempo también se reparte entre los informes que deben realizar para los privados de libertad, lo que “constituye un freno” para la rehabilitación. “Esperan informes para pedir cesación, traslado, arresto domiciliario”, y en ese proceso que es muy reducido, “también puede ser utilizado para trabajar con el interno, llegar con algún mensaje, una reflexión en busca de modificar su conducta”.

Viscafé dijo que las terapias, con el poco tiempo con que cuentan, no logran cambiar las conductas de los privados de libertad, ni en casos de implicados en tráfico de drogas (Ley 1008) y robo agravado. Indicó que en estos internos está el convencimiento de que no están causando daño a otras personas, “que el que consume droga lo hace porque quiere, nadie le obliga, y quien roba lo hace a alguien que tiene” recursos.

Pero aclaró que, aunque tuviera sesiones completas con algunos internos, de dos a tres meses, el impacto tampoco sería mayor debido a que el privado de libertad “sigue perteneciendo a este contexto, donde no hay clasificación por delitos, donde a su alrededor se consume drogas”.

Otro aspecto, agregó, es que tampoco hay compromiso en algunos profesionales ni del personal de seguridad en el tema de la rehabilitación que “creen que el privado de libertad no lo merece por ser una persona que ha cometido un delito, y a veces un delito grave”. 

Los informes anuales de Régimen Penitenciario señalan que en los recintos carcelarios se desarrollan programas de reinserción social con terapias ocupacionales con actividades como huerto agricultura y trabajo en talleres, y terapia motivacional con pintado de murales y talleres de sensibilización, sin embargo, esto llega a muy pocos internos y mucho de esto corresponde a sus propias iniciativas.

La presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, Verónica Alfaro, dijo al respecto que el Estado resuelve la terapia ocupacional de los internos dándoles trabajo en los diferentes talleres que existen en los recintos, sin embargo, para realizar este proceso, indicó, previamente es necesario hacer una evaluación sobre cuáles son las habilidades e intereses de cada persona.

“Ellos (Régimen Penitenciario) resuelven la terapia ocupacional así, pero no está bien dentro de lo que es psicología sobre terapia ocupacional, pero ellos así lo manejan”, dijo en entrevista con ANF.

Alfaro aclaró que las terapias no solo consisten en enviar al interno dos o tres veces al psicólogo para solucionar un problema, como muchas veces creen los administradores de Justicia, sino que para que una persona quiera cambiar “tiene que haber esa motivación e interés de querer cambiar”.

Indicó que una terapia breve dura mínimamente 16 sesiones y hay otras que nunca terminan como la psicoanalítica.

Otro factor que impide la rehabilitación de los internos es el consumo de drogas y alcohol, y donde el personal de seguridad, que de acuerdo a la Ley 2298 de Ejecución de Penas debe contribuir a la rehabilitación, “no ayuda en nada y deja ingresar bebidas y drogas” a las cárceles.

“Qué trabajo vas a hacer si hay consumo de drogas y alcohol, no vas a hacer nada, y si la persona ha entrado con ese antecedente a la cárcel, peor”, señaló Viscafé.

De acuerdo a varios reportajes realizados por ANF, los efectivos de la policía encargados de la seguridad penitenciaria, participan de forma activa en el ingreso de alcohol, droga y todo tipo de objetos prohibidos a los penales a cambio de dinero. El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reconoció que los efectivos están involucrados en actividades ilícitas. 

Viscafé estimó que, a nivel de la población carcelaria, el consumo de sustancias psicoactivas está entre un 85 a 90%.