Romero expresó que Gutiérrez, que en el pasado era afín al oficialismo, pero que empezó a distanciarse tras la aprobación de la ley general de la coca, “es un prisionero de la embajada de EEUU”.
El ministro citó que quienes manejan o protegen las actividades del líder cocalero son Samuel Doria Medina, líder de UN; Carmen Eva Gonzales, Arturo Murillo y Wilson Santamaría, legisladores opositores; Waldo Albarracín, rector de la UMSA; Iván Arias, activista; Andrés Gómez, periodista; Williams Bascopé y Carlos Bort, abogados; y Marcos Fuentes, legislador opositor departamental.
Todos ellos, dijo el ministro, son dirigidos por la embajada de EEUU para que, a su vez, controlen a Gutiérrez. El Gobierno respaldó en el pasado al dirigente cocalero, pero una vez que éste empezó a criticar la ley de la coca fue considerado como “manipulado por la derecha”.
En sentido aparentemente contradictorio, la autoridad explicó también que Gutiérrez financia a Santamaría para que éste lo respalde en el Legislativo, y a Arias para que dé cursos de formación política en Yungas.
El Ministerio de Gobierno exhibió un organigrama con tantas fotografías y líneas que muchos periodistas que participaron de la conferencia de prensa dijeron que no lograban entenderlo. El organigrama también incluye las fotos de Rubén Costas, Oscar Ortiz y Luis Revilla, pero no se sabe exactamente qué rol juegan en el caso de Gutiérrez.
El ministro dijo que Gutiérrez promovió una reciente movilización cocalera con tintes políticos porque tienen “vínculos con la derecha”.
“Son operadores de la embajada, el señor Franklin Gutiérrez es un prisionero de la derecha, es un prisionero de la derecha más extrema de nuestro país, es un prisionero de la embajada de EEUU”, señaló Romero.
Tras alejarse del oficialismo, el Gobierno empezó a criticar al líder de Adepcoca, que está dos años en el cargo y acaba de ser reelecto para un nuevo período de dos años. La semana pasada, un grupo de cocaleros afines al MAS tomó la sede de Adepcoca y la Policía ayudó a los que cometieron esa incursión.
Tras graves protestas, el sector afín a Gutiérrez logró retomar su sede. Romero dio a entender que las manifestaciones de Adepcoca para la retoma de sus oficinas fue porque la “extrema derecha” los impulsó a ello.
Mencionó que Doria Medina apoyó esas movilizaciones y que operó a través de la Fundación Pazos Kanki.
“Waldo Albarracín no solamente le da cobertura política (a Gutiérrez) sino también apoyo técnico, jurídico, profesional para desarrollar acciones contra el Gobierno”, acotó.
La autoridad pidió al Ministerio Público investigar los manejos económicos de Adepcoca porque existen denuncias de que no existe una rendición de cuentas transparente y se habría manejado irregularmente al menos Bs 21 millones.
El ministro dijo que el Gobierno no permitirá discursos, panfletos o votos resolutivos que pidan la salida de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que se dedican a la erradicación de cocales excedentarios.
Anunció que iniciará un proceso penal contra aquellas personas que hayan pedido la salida de los Yungas de los efectivos que realizan tareas de erradicación, acusados de obstrucción al ejercicio del servicio público y resistencia a la autoridad.
Uno de los aludidos, Andrés Gómez, dijo que las acusaciones no tienen ningún fundamente y preguntó a Romero desde cuándo lo está espiando y siguiendo.
“Lamento que al ministro Romero no le hayan presentado a Aristóteles, sus palabras carecen de todos los principios básicos de la lógica; temo que mandó de vacaciones su inteligencia”, manifestó en su cuenta de Twitter.
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