27 de diciembre, 2022 - 11:36
Abogado Jorge Valda. Foto: RRSS
La Paz, 27 de diciembre de 2022 (ANF).- El abogado Jorge Valda informó que transcurrido casi cuatro meses de la persecución penal al presidente de la Juventud Yungueña, Raúl Uría, la fiscalía no logró encontrar una sola prueba en contra de él por el delito que se le acusa, lo que confirma que el proceso fue armado por el Ministerio Público.
Valda indicó que en este tiempo pese a que tres investigadores pasaron por el caso, ninguno pudo encontrar una prueba que implique a Uría en el delito de tráfico ilícito de armas, por lo que no se justifica que continúe en detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.
“No existe un solo argumento válido para mantener a Raúl Uría en detención preventiva y mucho menos en calidad de investigado”, dijo Valda a ANF.
Transcurridos desde agosto cuatro meses cuando se inició la persecución penal, el jurista enfatizó que “no existe una sola prueba en contra del presidente de la Juventud Yungueña que hasta el presente sigue siendo víctima del abuso estatal”.
En este tiempo, el Ministerio Público cambió ya tres investigadores en el caso y “tanto el teniente Mayta, el teniente Freddy Cruz y un tercero han dejado claro en sus informes que no existen elementos que investigar”.
La madrugada del 15 de septiembre Raúl Uría fue detenido por la policía cuando viajaba al Beni. Los efectivos no tenían ninguna orden de aprehensión por el presunto delito de tráfico ilícito de armas. Hasta la fecha la fiscalía no explicó ni mostró ningún tipo de arma ni la modalidad de cómo se estarían traficando estos dispositivos.
El 19 de septiembre, un juez de El Alto determinó detención preventiva por seis meses, en la cárcel de San Pedro, para Uría.
“Cómo es posible que un juez de El Alto tenga competencia para darle validez a un proceso armado contra Raúl Uría, tenemos cada día más elementos para demostrar todo lo que hemos venido sosteniendo”, apuntó Valda.
La defensa de Uría no solo busca su liberación sino también que quede constancia de los abusos y torturas al dirigente cocalero para que en un futuro próximo se inicie un proceso al Estado.
El abogado lamentó que las autoridades judiciales en Bolivia estén en un proceso de naturalización del abuso estatal donde las detenciones arbitrarias, la siembra de pruebas y la tortura policial sean encubiertas por el Ministerio Público y los jueces.
“Es una obligación del Estado investigar de inmediato y asumir acciones frente a denuncias de tortura, más aún cuando existen pruebas tan evidentes”, enfatizó Valda.
Aseveró que el Ministerio Público está encubriendo los abusos del Ministerio de Gobierno y de esta manera “están utilizando este mismo sistema para a quién denuncie encarcelarlo, investigarlo y con ello acallar todos los abusos que se están cometiendo”.
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