La Paz, 29 de febrero de 2024 (ANF).- La crisis en el legislativo tiende a mantenerse, por ahora sin alternativas de solución al empantanamiento. La mañana de este jueves, un grupo de opositores denunció que quedó “secuestrado” entre el piso 16 y 17 de la Cámara de Diputados, todas las puertas fueron cerradas; mientras que en el piso 18 unos dirigentes campesinos bloquearon el ingreso. Denuncian que está en curso un “golpe” del Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Las acusaciones son mutuas entre el oficialismo y la oposición. El arcismo cuestiona que un grupo de legisladoras haya tomado la testera impidiendo el normal desarrollo de las sesiones; pero la oposición argumenta que el MAS-arcista realiza las sesiones sin respetar el reglamento y sin escuchar a la mayoría de Diputados.
En la tarde, los pisos entre el 16 y 19 están vacíos, a diferencia de esta mañana, los soportes de las puertas de vidrios están encadenados y cubiertos con chalinas. La periodista de ANF informó que los legisladores ingresan por una puerta de emergencia en el piso 16.
En la mañana el ambiente fue de total tensión
La diputada tarijeña Alexandra Centeno denunció que fueron “secuestrados” por el oficialismo que cerró todas las puertas entre el piso 16 y 17 de la Cámara de Diputados. “El secuestro es un delito, no nos pueden encerrar”, exclamó la legisladora desde el otro lado de una puerta.
Los dirigentes ingresaron nuevamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional con el beneplácito del oficialismo. No fue una entrada inofensiva para participar como público en una sesión, sino en modo protesta y portando cadenas para encerrar a los legisladores en el hemiciclo.
Intentaron cerrar con cadenas la puerta de vidrio que da paso al hemiciclo, en el piso 18, forcejearon con los efectivos policiales, desistieron de encadenar las puertas, pero se quedaron supuestamente en vigilia.
Miembros de organizaciones que hacen “vigilia”en la Cámara de Diputados. Foto: ANF
Pretenden que, bajo presión, la Cámara Baja apruebe los proyectos de ley del ámbito económico, advirtieron que no se irán hasta lograr su objetivo. Sin embargo, los legisladores opositores y evistas exigen la aprobación de los proyectos que cesan en sus funciones a los magistrados prorrogados y suspenden los plazos procesales.
¡No importa por dónde hemos ingresado, nosotros tenemos derecho a estar en la Asamblea, es casa del pueblo no es casa de la derecha, antes era de la derecha! ¡Podemos entrar y salir por donde sea!”, respondió iracundo el dirigente Felipe Guzmán de la CSUTCB de Potosí.
El grupo de dirigentes o exdirigentes forcejearon con los efectivos policiales, pretendían tomar el control de la cámara. Esta semana, un juez dio procedente a una acción de libertad, y estableció que el jefe de Seguridad de la Asamblea Legislativa debe garantizar y precautelar la seguridad de los diputados, estos cuestionan la pasividad policial.
La diputada Mayra Zalles, que la pasada semana fue agredida por su colega de la facción arcista Gloria Callisaya, denunció que la policía tuvo una actitud tolerante con los “agresores” y “bloqueadores” del legislativo.
Mientras que el diputado de Comunidad Ciudadana Ingvar Ellefsen Dotzauer acusó al presidente del Estado, Luis Arce, de “golpista”. Denunció que el objetivo del arcismo es aprobar las leyes de forma “dictatorial”, por lo tanto, los organismos internacionales no pueden desembolsar los créditos que sean aprobados bajo estas condiciones.
“Denunciamos al país un nuevo intento de tomar la Asamblea Legislativa por asalto en franco acto dictatorial y de abuso de las concesiones políticas que les da el gobierno de Luis Arce a los movimientos sociales”, manifestó el diputado de Creemos de la facción “camachista” Walthy Egüez.
El jefe de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, denunció que el oficialismo se da un autogolpe llevando a la Cámara de Diputados “grupos de choque” que está dando el fin del estado de Derecho en el país.
Por su parte, el presidente de Diputados, Israel Huaytari, calificó la “toma de la testera” como un “pequeño golpe de estado en la asamblea”. Añadió que ya no se trata de los proyectos de ley 073 y 075, que tienen el objetivo de frenar la permanencia de los magistrados prorrogados.
Oficialista y opositores (Comunidad Ciudadana, Creemos y evistas) están enfrentados. Desde la pasada semana las sesiones tienen un componente de insultos, gritos y agresiones físicas; el martes cuando se reinstaló la sesión tras un cuarto intermedio el escenario no fue diferente.
La “manzana de la discordia” es el cambio del orden del día, el arcismo plantea la aprobación de los proyectos económicos, mientras que los opositores exigen la aprobación de los proyectos de ley antiprórroga. Sin embargo, no solo en el legislativo, sino el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó esas dos normas de inconstitucionales.
En criterio del oficialismo, una ley no puede dejar sin efecto la Declaración constitucional 049/2023 de prórroga de mandato de los magistrados y, justifican que los “prorrogados” sí se pronuncien por encima de la Constitución que fija un mandato de seis años de los magistrados y que claramente dice que cesarán en sus funciones el 31 de diciembre.
Fue una mañana de mucha tensión, la diputada María René Álvarez al mediodía pidió al presidente de Diputados que cierre la sesión y se convoque a una nueva sesión con un orden del día consensuado.
Los diputados y diputadas de la oposición señalaron que no darán curso a los proyectos de ley del oficialismo, aseguran que el Gobierno “protege” a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional y Consejo de la Magistratura, porque están subordinados al poder político.
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