La Paz, 9 de marzo de 2024 (ANF).- Las senadoras de Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos y Cecilia Requena rechazaron las acusaciones del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; responsabilizan al Gobierno para que la ley de manillas electrónicas no esté vigente.
La senadora Barrientos manifestó que la ley de manillas electrónicas fue sancionada por la Cámara Alta, pero que el Gobierno anuló esa sesión -en la que se aprobó la norma- a través del Tribunal Constitucional Plurinacional.
“@EDelCastilloDC la ley se aprobó ministro, su gobierno mando a Anular nuestra sesión a través del ilegal e inconstitucional TCP de autoprorrogados golpistas. Mienten, rifan la justicia, no asignan un peso para luchar contra la violencia. ¡Se van a ir!”, dijo la legisladora a través de su cuenta X.
El ministro en un discurso en un acto en la ciudad de El Alto responsabilizó a los legisladores porque si hubieran aprobado el proyecto de ley de manillas electrónicas, probablemente se hubiera evitado que –por ejemplo- sean asesinadas la cuñada y suegra en el municipio de la Guardia el 11 de febrero, porque el autor del delito tenía orden de alejamiento.
“Ese es el perjuicio que genera en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados cuando se oponen a las leyes, su negligencia que está ocasionando muertes”, proclamó el ministro de Gobierno en tono de reclamo y crítica a los legisladores.
Del Castillo arremetió contra los senadores y diputados, dijo que se van a sus regiones y se andan paseando en vez de aprobar las normas que en su criterio van a salvar vidas.
La senadora Cecilia Requena retrucó a la autoridad del Ejecutivo, “Mentir así no solo es miserable, sino que atiza los #discursos de #odio”, sostuvo, al precisar que la Cámara Alta aprobó y sancionó ese proyecto de ley en la sesión del 27 de diciembre de 2023.
Sin embargo, comentó que “En vez de promulgar la ley, Arce prefirió demandar sesión de nulidad vía sus asambleístas”. Con el objetivo de “invalidar” la decisión del Senado que sesionó durante un receso parlamentario “ilegal” que fue decidido por David Choquehuanca a través de un “simple comunicado”.
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