La Paz, 3 de octubre (ANF).- La relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desconocía la grave magnitud de los incendios en la Chiquitanía en Santa Cruz, porque en el exterior todavía se cree en el discurso “pachamamista” del presidente Evo Morales, sostiene la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).
Daniel Espinoza responsable de Defensa y Monitoreo de Derechos Humanos en Unitas, informó que en la reunión bilateral con la Relatoría se presentó toda la información respecto a la deforestación e incendios forestales en Bolivia y derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Además, sobre el accionar del Gobierno en la producción normativa, las políticas públicas y las acciones concretas de las autoridades, para responder a situaciones como los incendios que han devastado más de 3 millones de hectáreas (ha) en Santa Cruz y la vulneración de derechos.
“(La Relatoría) se enfocó en un aspecto importante, es que no se tomó en cuenta en la CIDH, las audiencias publicas solo había de oficio sobre daños a la Amazonia en Brasil, todo enfocado en Brasil. Y en Bolivia no se nota tanto, porque hay un discurso del presidente (Morales) sobre los derechos del medioambiente, todos creen que nos va muy bien”, sostuvo.
Lamentó que fuera del país se siga creyendo en el discurso de defensa de la Madre Tierra. “Le creen el discurso pachamamista. Claro, en todas partes, creen que es el mejor presidente de América Latina”, comentó Espinoza.
El informe preparado por Fátima Monasterio del (Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), con la cooperación de Espinoza, Lucía Mendoza y Verónica Viruez, miembros del Colectivo de Abogados Defensores de Derechos de Unitas, fue presentado ante el sistema interamericano el pasado mes de septiembre.
En el reporte escrito detallan que hasta el 15 de septiembre se había registrado 3 millones de ha quemadas en el departamento de Santa Cruz, nueve municipios afectados: San Matías, San Ignacio de Velasco, Charagua, Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Concepción, San Rafael, Roboré y Carmen Rivero Torrez; mientras que en Beni los que sufrieron mayor afectación son: Baures, San Borja, Riberalta y San Ramón.
Asimismo, refieren que los daños llegaron a 27 territorios indígenas y a 20 áreas protegidas del nivel nacional y subnacional, según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
De acuerdo a los datos oficiales, cita el documento que el acumulado histórico de deforestación en Bolivia hasta el año 2000 era de 3,6 millones de ha; sin embargo, entre ese año y el 2017 la superficie deforestada a nivel nacional “se ha duplicado superando los 7 millones de hectáreas, es decir, este último periodo de tiempo se ha deforestado un 52% más que en toda la historia del país”.
Por otra parte, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 prevé ampliar la superficie cultivada de 3,5 a 4,7 millones de ha hasta 2020 y la Agenda Patriótica establece el incremento de la producción agrícola y al menos triplicado la población del ganado.
“Si bien el objetivo puede referirse a la extensión cultivada, ha sido aplicada como ampliación de la frontera agrícola y pecuaria atentando directamente contra los bosques y el medio ambiente”, se lee en el documento.
En el informe también señala que el Gobierno aprobó de manera sistemática un conjunto de normas, para viabilizar su política económica, por tanto, a facilitar el desmonte y las quemas en áreas de Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar la frontera agrícola y pecuaria.
“Creo que es una tendencia sistemática, no es una cuestión de una sola norma, no es temporal o que ha surgido en los último tres o dos años, está transversalizada (la visión)”, comentó Espinoza.
En la audiencia han pedido a la Relatoría Especial que solicite información al Estado boliviano sobre las medidas adoptadas para atender la emergencia de los incendios y que esta instancia se pronuncie sobre los derechos humanos de las personas y en particular de los pueblos indígenas.
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