La Paz, 25 de enero del 2024 (ANF). – La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se declaró en emergencia porque los diputados Erwin Bazán, de Creemos, y Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), son procesados por la vía penal pese al fuero parlamentario garantizado por la Constitución Política del Estado; advirtió que “no se arrodillarán ante la tiranía judicial”, ejecutada por el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS).
El jefe de bancada de CC en la Cámara de Diputados, Enrique Urquidi, criticó que el Gobierno, a través del Órgano Judicial, penalice la fiscalización de los parlamentarios de oposición; en ese marco, advirtió que no se callarán y continuarán trabajando.
“Vamos a agotar y activar todos los mecanismos institucionales que nos toque hacerlo para defender la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, para defender nuestra prerrogativa constitucional de fiscalizar al poder político. No nos vamos a arrodillar ante la tiranía judicial y ante la persecución política. Vamos a continuar fiscalizando”, aseguró Urquidi.
El artículo 151 de la Constitución Política del Estado señala que los parlamentarios “gozarán de inviolabilidad personal durante el tiempo de su mandato y con posterioridad a éste, por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones no podrán ser procesados penalmente”.
Bazán es procesado por los presuntos delitos de calumnias e injurias en el caso Wiphala, abierto por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Campero también fue denunciada por los mismos delitos, pero la querella fue presentada por la directora regional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Dayana Maldonado. En caso data de 2023, cuando la legisladora denunció presuntos hechos de corrupción dentro del aeropuerto Capitán Oriel Lea Plaza.
El diputado de Creemos dijo que el ministro Del Castillo se volvió en su verdugo porque advirtió que el gobierno convirtió en un “narco-Estado”, pero adelantó seguirá fiscalizando hechos de corrupción y narcotráfico.
“En el fondo se trata de una estrategia de bloqueo a la Asamblea Legislativa y de una estrategia de persecución política. Los procesos que nos siguen son políticos, somos perseguidos políticos”, aseguró Bazán.
Campero lamentó que en Bolivia todo aquel que denuncie hechos de corrupción en niveles del Estado termine siendo procesado y apresado, situación que demuestra que el Gobierno utiliza la justicia para la persecución política.
“El martes pasado he tenido mi primera audiencia, sin derecho a defenderme, como lo establece la Constitución Política del Estado y lo que tanto habla el señor Iván Lima. Me ponen una traba y me sancionan económicamente, eso no se vio en ningún caso”, protestó.
Ambos legisladores anunciaron que presentarán una queja ante organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas. Entre tanto, enviaron una minuta para que el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, defienda el fuero parlamentario establecido en la Carta Magna.
La Asamblea Legislativa perdió en 2023 la potestad de interpelar a ocho ministros de Estado, como mecanismo de fiscalización; ahora, parlamentarios de oposición son procesados por la vía penal. Según la oposición, el Ejecutivo no quiere ser fiscalizado.
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