La Paz, 15 de marzo de 2024 (ANF).- El líder de Comunidad Ciudadana (CC) y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, dijo que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revela que la vigencia de los derechos humanos en Bolivia está en su “peor momento desde las dictaduras militares”.
El político se manifestó después que la CIDH presentó su informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia", que hace un análisis sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Mesa dijo que se caracteriza este estado de situación por la persecución política, la podredumbre judicial, las prórrogas ilegales y la presión a los medios de comunicación. “Luis Arce llevó a la justicia al nivel más bajo y a la democracia al borde del colapso”, afirmó.
La exautoridad destacó en su red social X el punto 602 del informe que dice que el “Estado no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia”. Además, menciona que la población, en toda su diversidad, “desconfía profundamente del órgano judicial. Especialmente, del sistema penal, que, por un sector considerable de la población, es percibido como una herramienta al servicio de los intereses políticos, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre ejerciendo el poder de turno”.
También hace énfasis en la recomendación 28, que sugiere robustecer el marco legal para la preselección, elección y nombramiento de las autoridades judiciales, con base en la participación ciudadana, transparencia y auditorías externas independientes. Asimismo, precisa que “El Estado debe garantizar que los procesos de selección se realicen en los tiempos y modalidades constitucionalmente previstas, con el fin de evitar las prórrogas de mandatos”.
Y rescata la recomendación 29 que plantea “Iniciar, en el plazo inmediato, una reforma integral del sistema judicial, con participación ciudadana plural, en seguimiento de las distintas cumbres que se han realizado al respecto, que tome en cuenta las demandas estructurales que han venido siendo advertidas por la CIDH desde 2006”.
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