La Paz. 3 de septiembre (ANF).- La justicia en Bolivia aún es cuestionada, por el tratamiento y excepciones que se hacen para algunas personas y los juicios irregulares y lentos para otras. Es el caso del desfalco al Fondo Indígena que, a más de seis años de hacerse hecho público a través de los medios de prensa, aún no se han esclarecido las responsabilidades, se dispusieron beneficios como detenciones domiciliarias para algunos acusados y se dilatan audiencias e investigación para quien denunció el hecho y hoy está preso.
El ex director de esta entidad, Marco Antonio Aramayo, quien hizo la denuncia de estos hechos de corrupción, lleva casi seis años preso sin un proceso claro y con más dudas que certezas. Hoy, desde su encierro clama por un proceso justo y denuncia las amenazas, acusaciones y persecuciones de miembros y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El que está muerto soy yo”, es el suspiro de desesperación de Aramayo, quien tiene sobre su espalda 86 juicios iniciados por el Ministerio Público en 2015; y cumple con detención preventiva en la cárcel de San Pedro, donde también lucha contra el coronavirus (Covid-19).
En una carta manuscrita dirigida a ANF, Aramayo responde a las afirmaciones que hace unos días fueron vertidas por Manuel Morales, autor del libro “Fondo Indígena: la gran estafa, propuestas desde los pueblos indígenas”, publicado el 2015. “Manuel Morales insiste en mentir y sarcásticamente asegura que la denuncia del Fondioc (Fondo Indígena) la realizó la Contraloría General del Estado. Yo le puedo probar frente a cualquier juzgado o tribunal que la denuncia de los 153 proyectos la realizó Marco Antonio Aramayo, quien investigó, monitoreó y entregó el informe circunstanciado/preliminar al entonces Contralor del Estado, Gabriel Herbas”, detalla el ex director.
Aramayo además manifiesta que dentro de sus denuncias se establece que 4.400 dirigentes sindicales afines al MAS fueron beneficiados con 729 millones de bolivianos, “a través de 1.100 transferencias autorizadas por Nemesia Achacollo, verificadas en uso y destino por Viviana Caro y Teresa Morales del ministerio de Planificación”.
En esta carta, Aramayo también asegura que dichas transferencias del Fondo Indígena fueron pagadas “con el visto bueno de Luis Arce Catacora, entonces ministro de Economía”.
El caso del Fondo Indígena fue uno de los escándalos de corrupción más grandes durante la administración de Evo Morales. Millones de bolivianos se desviaron a través de proyectos y obras “fantasma” para el beneficio de dirigentes y, de acuerdo a las denuncias, también de ex autoridades afines al pasado partido de gobierno.
En su momento, tras confirmarse las denuncias, se detuvo a varios ex funcionarios de la entidad y ex autoridades de Gobierno como Nemesia Achacollo, quien, en su cargo como ministra de Desarrollo Rural y Tierras, tenía toda la tuición y facultad de decisión sobre el Fondo Indígena y, pese a las denuncias, hace varias semanas atrás fue beneficiada con detención domiciliaria.
Pero Aramayo aún continúa en calidad de preso preventivo, con procesos en los cuales aún la Fiscalía no comprobó responsabilidades, a lo que se suma la desaparición de documentos, amenazas y con acusados que están libres.
“Desde hace seis años estoy esperando pruebas en mi contra y esperando un juicio que nadie se anima a llevar de manera pronta y justa", expresó Aramayo.
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