La Paz, 15 de mayo de 2024 (ANF). - Con la promulgación del Decreto Supremo 5156, el Gobierno oficializó la abrogación del DS 5143; que pretendía que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (AGETIC) implemente un sistema de registro para centralizar los datos de Derechos Reales.
“Comparto con la población el Decreto Supremo 5156 publicado en las últimas horas en la Gaceta Oficial de Bolivia que abroga el Decreto Supremo 5143 de 10 de abril de 2024, que se planteó para la modernización de DDRR”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima, a través de sus redes sociales.
El martes, flanqueado por los dirigentes del Pacto de Unidad arcista y en medio de presiones sociales, el presidente Luis Arce decidió abrogar el polémico Decreto Supremo 5143 y dijo que fue a solicitud de las organizaciones sociales.
El decreto que oficializa la abrogación fue promulgado el martes, en su artículo único señala: “Se abroga el Decreto Supremo N° 5143, de 10 de abril de 2024, quedando vigente el Decreto Supremo N° 27957, de 24 de diciembre de 2004”.
Sin embargo, en sus considerandos señala que, en el trabajo coordinado, se escuchó la propuesta de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y la COB. Además, afirma que se difundió información tergiversada con relación al objetivo de la norma con la finalidad de generar zozobra en la población.
“Que se difundió información tergiversada con relación al verdadero objetivo del Decreto Supremo N° 5143, de 10 de abril de 2024, con la finalidad de confundir y generar zozobra en la ciudadanía, por lo que, para evitar que el pueblo boliviano sea víctima de intereses particulares que buscan generar convulsión social en el país, se emite el presente Decreto Supremo”, dice uno de los puntos.
Devolución de la AGETIC
Por otra parte, el diputado del ala evista del MAS Santos Mamani envió una nota al gerente de la AGETIC, Vladimir Terán, solicitando que devuelva los recursos adicionales que autorizó el Gobierno para la contratación de personal que iba a encargarse del desarrollo del sistema de registro de derechos reales.
Asimismo, envió una petición de informe escrito para que explique por qué se aprobó un decreto para la contratación de personal y cuánto se gastó de los Bs 3 millones.
“Le estamos diciendo que la plata que ha gastado para un alquiler de un ambiente en la ciudad de La Paz y ha contratado a 25 consultores en línea, tiene que devolver esa plata. No se puede tocar el patrimonio de los bolivianos”, indicó.
El legislador advirtió que activarán todos los mecanismos legales en caso de que no se haga efectivo esa devolución.
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