La Paz, 21 de junio (ANF). - Una justicia dependiente del poder político, patrones que favorecen a la corrupción e ineficiencia, además de citar el caso de Jeanine Añez fueron algunas de las conclusiones que presentó este martes el relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial, Diego García-Sayán, en el plenario de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra (ONU).
A la vez, García – Sayán resaltó que existe un rezago procesal en la jurisdicción ordinaria y su cobertura se limita esencialmente a áreas urbanas. La retardación de justicia se debe a códigos procesales demasiado formalistas, modelos anacrónicos de gestión de tribunales, deficiente formación de jueces y fiscales, así como corrupción.
“La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción”, dice una de las conclusiones del documento”, dice una de las 10 observaciones respecto a los resultados de su visita a Bolivia.
El representante del organismo internacional presentó la madrugada de este martes su informe titulado “Protección de los abogados contra injerencias indebidas en el ejercicio libre e independiente de la abogacía”, en el 50 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Organización de Naciones Unidas (ONU) y fue el último encargo como relator especial, tomando en cuenta que concluirá a finales de este año.
Otro de los cuestionamientos que hizo fue a la selección de las altas autoridades de justicia que está a cargo de la Asamblea Legislativa, afirmó que esta modalidad no dio resultados que se esperaba para mejorar el sistema judicial del país. A la vez, destacó la baja participación de la población en las urnas.
“De un lado, el proceso de preselección de candidatos y candidatas a ser sometidos a votación popular es realizado por un Órgano Político, la Asamblea Legislativa. Además, el Consejo de la Magistratura y los colegios de abogados participan en la elaboración de exámenes. La sociedad civil no tiene ninguna participación en este proceso”, afirmó.
En ese contexto, alentó a que se pueda realizar una modificación integral del sistema con una participación de la sociedad en su conjunto, y no solo de los entes que manejan el poder político.
“Veo la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre la justicia, lo que supondría la participación activa de instituciones públicas relevantes”, remarcó.
Por otra parte, García – Sayán insistió que la carrera judicial es débil debido al número elevado de jueces transitorios y las prácticas que afectan a principios básicos como la inamovilidad de sus cargos.
“Al momento de mi visita había 1.134 jueces en la jurisdicción ordinaria y el 47% estaba desempeñando funciones de modo transitorio”, destacó.
En relación al uso de la detención preventiva puso como ejemplo el caso de la expresidenta Jeanine Añez, que "pone de manifiesto temas estructurales de la administración justicia como la generalización de la detención preventiva. Todas las personas tienen derecho a un juicio justo y a las garantías judiciales de ley. Esto no tiene, ni debe tener, no puede tener ninguna excepción”, precisó.
También se refirió a los hechos de violencia de Senkata, Sacaba y de la zona Sur de La Paz durante la crisis de 2019. Lamentó que las víctimas hayan pasado más de dos años sin justicia. El caso no avanza.
En representación del Estado boliviano, el ministro de Justicia Iván Lima, dijo que se han dado pasos para plantear ajustes a la legislación en materia indígena, asimismo en la transformación judicial.
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