Defensa de Apaza: Fiscalía encubre tortura y Defensoría del Pueblo guarda silencio cómplice

Por el contrario, la fiscalía abrió una investigación contra el dirigente cocalero por supuestamente haber causado lesiones graves a una policía que el día de la aprehensión -tipo secuestro- de Apaza habría sufrido lesiones graves. Los juristas lamentan el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que hacen el seguimiento necesario para velar por la salud del dirigente que se encuentra preso, sin capacidad de movilización por una embolia, en el penal de Chonchocoro.

“Pese a que se ha hecho la denuncia y se ha solicitado que se evacúe la lista de policías que participaron de la aprehensión violenta de Apaza, el Ministerio Público jamás ha querido investigar, solamente investiga lo que le conviene”, dijo a ANF la abogada Cossío.

La madrugada del 22 de septiembre de 2022 Apaza fue interceptado por un vehículo sin placa en el que se transportaban persona de civil. El dirigente cocalero fue sometido violentamente con gas lacrimógeno, golpes contundentes en todo el cuerpo, para ser introducido al motorizado. Fue llevado a la sede de la policía anticrimen de La Paz donde fue sometido a tortura dirigida por el coronel Rojas para que el cocalero firme la orden de aprehensión, pues hasta ese momento la policía hizo un operativo al margen de la ley.

“Supuestamente ese día, pese a estar César Apaza maniatado tanto de manos y de pies y cubierto totalmente el rostro con su propia chompa, le habría generado una lesión a la policía Soledad Limachi, y el médico forense le extiende un certificado con cuatro días de incapacidad. Eso ha sido suficiente para que el Ministerio Público inicie la investigación en contra de César Apaza con una imputación formal”, señaló la jurista.

Mientras que a Apaza, cuando le hicieron la valoración médico forense, pese a que era de conocimiento Público que se le ocasionó una fractura en la mano derecha en la FELCC de La Paz, pese a que se encontraba totalmente ensangrentado en celdas frías de la FELCC de El Alto, pese a que presentaba contusiones en el lado derecho a la altura de la cadera, el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) le otorga un certificado médico con cero días de incapacidad.

“No hay seguridad jurídica en nuestro país, donde simple y llanamente los fiscales rehúyen investigar hechos que no les conviene que se esclarezcan y solamente investigan lo que el gobierno le ordena; bajo esta situación es que nosotros, pese a que hemos presentado la denuncia por tortura, pero como a ellos no les ha dado el mayor interés de investigar es que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales”, apuntó.

El abogado Valda recordó que tras el secuestro y tortura de César Apaza, en la denuncia que realizaron la juez Lorena Camacho en una resolución constitucional ordenó que se investigue el hecho de tortura, que se sancione a los policías infractores, que se entregue una lista porque en el operativo también participó personal del Ministerio de Gobierno y que el coronel Rojas, que avaló la tortura a Apaza, como comandante de la FELCC, ordene la capacitación a sus subalternos en tema de Derechos Humanos, “pero a ninguno de estos preceptos se ha dado cumplimiento, ni el más básico y elemental que era que le brinden a César Apaza todas las condiciones para que su salud esté garantizada”.

Cossío lamentó el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo y su Mecanismo en el flagrante caso de tortura de César Apaza que como institución conoce muy de cerca los hechos. Indicó que solo realiza acciones mediáticas para aparentar preocupación, pero que en concreto no activa ninguna acción y menos una exhortación al Ministerio Público para que este caso no quede en la impunidad.

“Han estado los de defensoría del Pueblo luego de que lo han aprehendido y lo han trasladado hasta la FELCC de El Alto, ellos vieron cómo se encontraba César Apaza ensangrentado y con la mano hinchada y fue el mismo médico de la defensoría del Pueblo quien lo ha ido a revisar, él ha solicitado que le hagan la valoración médico forense y es por eso que le hicieron la valoración médico forense que salió con cero días de incapacidad, pero los de la defensoría del Pueblo no hicieron ningún reclamo”, aseveró.

Cossío remarcó que la Defensoría supo en todo momento cómo ha sido tratado César Apaza, “pero nunca accionaron y nunca solicitaron ni siquiera exhortaron al representante del Ministerio Público que investigue estos actos de tortura, jamás lo hizo porque la Defensoría del Pueblo solo está para sacar pequeños comunicaditos y nada más, nada efectivo en defensa de César Apaza”.

Recordó que en la gestión del cocalero Armin Lluta -en 2021- hubo una gran cantidad de detenidos y aprendidos que fueron golpeados, echados con agua fría y tratados de manera cruel al interior de las celdas policiales, y “pese a que la defensoría del Pueblo se daba cita en estos lugares y podía verificar cómo estaban los detenidos, nunca accionó, ni siquiera ha pedido que se procese a estos efectivos policiales que han generado actos de tortura contra los cocaleros”.

El abogado Valda dijo que la defensoría del Pueblo solo ha hecho una Acción de Libertad, pero ni siquiera contra una autoridad, solamente en contra del gobernador de la cárcel de Chonchocoro, señalando que tendría que adecuar a los estándares internacionales las políticas del sistema progresivo penitenciario.

“Es decir se ha hecho la burla porque inclusive cuando con la doctora Evelyn Cossío ingresamos a esa audiencia de Acción de Libertad que planteó la Defensoría, nos expulsaron, es decir a su propia defensa no le permitieron ingresar y estar presentes”, refirió.

Dijo que el seguimiento que da al caso la Defensoría es solamente porque está en las noticias y luego de que se fue la CIDH ha dado por concluida su labor.

Sobre el Mecanismo de Prevención de la Tortura, lo calificó como el más grande fraude desde 2020 cuando el Sepret (Servicio de Prevención de la Tortura) pasó a depender de la Defensoría del Pueblo. “Desde entonces cuántas denuncias de tortura ha revisado, cuántas y qué investigaciones está realizando, ninguna, porque ni siquiera ha terminado de establecer qué actividades habían hecho antes y cómo pueden darle continuidad a las mismas”.

ANF solicitó información a la Defensoría del Pueblo al respecto, pero en más de un mes la institución no entregó ningún dato. Desde la Unidad de Comunicación mantienen la versión de que el oficio ya está listo en el despacho del Defensor, pero la autoridad lleva tres semanas sin poder firmarlo. 

“Los casos de tortura no cesan y no van a cesar porque no se sanciona a los torturadores, no se investiga la violación a los Derechos Humanos, y lógico, ante la impunidad sienten toda la libertad para actuar con la venia de un gobierno autoritario”, dijo Valda.

El defensor del Pueblo en declaraciones a un medio local, preguntado sobre la situación de César Apaza solo se refirió a su salud y dijo que “como Defensoría del Pueblo estamos haciendo el seguimiento necesario para que no se pueda vulnerar este derecho a la atención médica que tiene el señor Apaza”.

En relación a la Acción de libertad, que pedía un informe completo sobre la atención médica que recibe el dirigente cocalero, indicó que el director del penal de Chonchocoro realizó un informe incompleto por lo que recurrieron nuevamente al juez para que conmine al funcionario y extienda un segundo informe.

El 12 de abril, la Defensoría del Pueblo verificó que en Chonchocoro el médico general que atiende los internos presentó su renuncia, por lo que “la situación de salud se agrava en el penal”.

“Estamos en la lógica de cuestionar desde la perspectiva judicial la labor que tiene el director del penal de Chonchocoro en la atención del tema de salud y la integridad y la vida del señor Apaza”, señaló Callisaya.