La Paz, 7 de mayo de 2024 (ANF).- Diputados y senadores de Creemos enviaron una carta a la Organización de Estados Americanos, la Organización de Naciones Unidas, Human Right Watch, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Unión Europea y Comisión Internacional de Derechos Humanos denunciando que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pretende gobernar mediante decretos inconstitucionales.
“En las gestiones 2022 y 2023, nuestra Bancada transmitió su disconformidad y preocupación contra un sistemático avance normativo que, bajo el argumento de dar cumplimiento a recomendaciones internacionales, se ponía vigencia Leyes o Decretos Supremos que en su contenido vulneraban derechos despejando cualquier duda sobre las reales intenciones del Gobierno boliviano de sumergir a Bolivia en el totalitarismo y desterrar por completo el Estado de derecho”, dice la carta enviada por Creemos.
La última norma cuestionada es el Decreto Supremo N° 5143 que reglamenta la “Ley de Inscripción de Derechos Reales”. Con eso, el Órgano Ejecutivo pretendería crear un extra poder que controle Derechos Reales en desmedro del derecho propietario en el país.
“Actualmente, el gobierno de Bolivia, bajo un nuevo argumento de actualización y modernización apunta a la intervención de instituciones públicas y que afecta a información reservada sobre el derecho propietario de los bolivianos, vulnerando la supremacía de la Constitución boliviana y los principios de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la propiedad privada y otros, configurando elementos de inconstitucionalidad, invadiendo el ámbito de competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la reserva de Ley además de otros elementos de absoluta incongruencia”, indica otra parte de la misiva.
La senadora Centa Rek informó que una reunión interinstitucional, celebrada ayer, determinó realizar marchas de protestas en varias regiones del país el 10 de mayo para que el Gobierno abrogue el Decreto Supremo.
La norma también establece que la Agencia de gobierno electrónico y tecnologías de información y comunicación (Agetic), dependiente del Ministerio de Gobierno, concentrará toda la información sobre los bienes y sus propietarios, dejando de lado la protección del derecho propietario que hasta el momento es custodiada por el Órgano Judicial.
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