La Paz, 15 de enero de 2024 (ANF).- La Cámara de Diputados tiene previsto abordar esta semana dos proyectos de ley remitidos desde la Cámara de Senadores contra la prórroga de mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y las máximas autoridades del Órgano Judicial.
El 12 de diciembre, los magistrados del TCP decidieron "autoprorrogarse" en sus cargos, a través de la declaración constitucional 044/2023, hasta que nuevas autoridades sean electas en unas elecciones judiciales; la determinación también benefició a los altos cargos del Órgano Judicial.
Desde entonces, las críticas de la sociedad civil no pararon porque la Constitución no contempla una prórroga de mandato para autoridades electas, en caso de que no existan nuevas designaciones.
La oposición y el oficialismo “evista” convocaron a la población a movilizaciones contra los máximos administradores de la justicia. Esta semana se prevé que existan más protestas en Sucre contra la prórroga de mandato de los magistrados.
La agenda del 15 al 21 de enero de la Cámara de Diputados tiene programado en sus puntos 11 y 12 abordar el Proyecto de Ley CS Nº 073/2023-2024 "de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional" y el Proyecto de Ley CS Nº 075/2023-2024 075/2023-2024 "para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado".
El diputado de Comunidad Ciudadana Pablo Arízaga advirtió que los dos proyectos de ley aprobados en la Cámara de Senadores serán importantes para cesar la prórroga de mandato y restablecer el orden constitucional.
“Esta semana es importante para restablecer el orden constitucional en Bolivia. Es muy probable que sea la última semana de tener a los auto prorrogados en la usurpación de funciones judiciales”, indicó Arízaga en sus redes sociales.
Además de abordar esas dos iniciativas legislativas esta semana, también existen cuatro proyectos de ley de préstamos internacionales que el Ejecutivo espera sean aprobados, además de transferencias de bienes y otros.
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