La Paz, 9 de mayo de 2024 (ANF).- Los diputados de la facción arcista presentaron al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de inconstitucionalidad abstracta sobre el Decreto Supremo 5143 y han pedido medidas cautelares para dejar en suspenso los efectos jurídicos de dicha norma.
El diputado Juan José Jauregui informó que no es necesario que se desarrollen las medidas de presión anunciadas, porque el TCP se encargará de hacer el control de constitucionalidad de dicha norma que emanó del Órgano Ejecutivo.
“Tenemos a bien señalar que el siguiente razonamiento jurídico ha permitido que tengamos que activar el recurso constitucional abstracto para un control de constitucionalidad del decreto supremo 5143”, declaró Jauregui en una conferencia de prensa.
La oposición en particular ha cuestionado que el Gobierno haya recurrido a la reglamentación vía decreto supremo y no a través de una ley que sea objeto de debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, toda vez que el tema hace a la propiedad privada de los ciudadanos.
Por otra parte, observan que el Gobierno central tenga acceso a la base de datos de los bienes de los ciudadanos a través de la AGETIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación), un tema que ha sido negado por las autoridades.
“Lo que se ha cuestionado es la forma de reglamentación que debería ser por una ley”, afirmó, por lo tanto, lo que “implica examinar es si (el decreto) fue creado conforme al procedimiento jurídico”, añadió.
“Además se cuestiona su coherencia lógica, es decir que sea compatible con otras normas básicas”, explicó el legislador.
Asimismo, sostuvo que “se ha solicitado que al momento de admisión se pueda dictar medidas cautelares, ante el daño o perjuicio irreparable que pueda derivarse de la falta de adopción medidas de esta naturaleza es importante resaltar que la afectación que la seguridad jurídica (…) que concierne al sistema de derechos reales constituye un riesgo latente”.
El diputado dijo que la normativa ha sido objeto de un “ataque despiadado de desinformación” generando zozobra y temor en la población sobre una supuesta afectación al derecho propietario de sus bienes inmuebles.
“Habíamos advertido que la norma reglamentaria no afecta el derecho a la propiedad privada y por el contrario sistematiza el trámite para el registro en Derechos Reales”, afirmó.
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