La Paz, 14 de mayo de 2024 (ANF). - Después de 34 días de vigencia, el Gobierno decidió abrogar el cuestionado Decreto Supremo 5143 que reglamenta la ley de Inscripción de Derechos Reales, al respecto, el analista político Marcelo Silva señaló que esta situación refleja el nivel de desconfianza, no solo de la población, sino de sus propios aliados sobre las medidas que aplica el Ejecutivo.
“Más allá de acuerdos, pactos, un abundante discurso explicativo y un gran despliegue mediático la gente no cree en el Gobierno, desconfía de las intencionalidades reales del Gobierno. Más allá de que sean los sectores tradicionales de la oposición política, tampoco le creen sus socios estratégicos, es decir, las organizaciones sociales, gremiales y transportistas”, afirmó a la ANF el analista.
Ante los anuncios de movilización por parte de los gremiales, transportistas y otros sectores sociales contra la norma, el presidente Luis Arce retrocedió en su medida y decidió abrogar el Decreto Supremo 5143 con el que pretendía que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnología de la Información y Comunicación (AGETIC) implemente un sistema para centralizar el registro de Derechos Reales.
A la vez, Silva señaló que la campaña de información que desplegaron los medios estatales y las autoridades del Ejecutivo no surtió efecto en los sectores movilizados debido a la desconfianza que existe hacia el gobierno.
“El presidente Arce le ha tenido mucho respeto y cuidado a la movilización de los sectores populares, yo creo que esos sectores han tenido influencia gravitante para que el presidente abrogue este decreto. De solamente haberse concentrado en los sectores tradicionales de oposición parlamentarios, lideres políticos y otros no hubiera tenido atención, sabe que debe evitar la movilización popular en su contra porque lo expone a una fragilidad”, añadió.
Por otra parte, el analista afirmó que los sectores sociales que apoyan al Gobierno lo hacen por algún tipo de prebenda, por un espacio en la administración pública y no por convicción o estén comprometidos con las medidas que aplica.
“En un análisis de proyección de lo que pueda suceder el 2025, los acuerdos políticos con ciertos sectores sociales podrían tener tintes electoralistas o de ciertas ventajas prebendales, de espacios en la administración pública. No existe esa convicción ni decisión, especialmente de las bases, de adscribirse al proyecto gubernamental, pareciera más bien un tema reducido a sectores dirigenciales”, manifestó.
Otras reacciones
Las reacciones de políticos surgieron tras la decisión del Gobierno, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó como una victoria de los bolivianos ante la arbitrariedad del MAS que no permitió que se ponga en riesgo la propiedad privada.
“La abrogación obligada del DS 5143, le demuestra una vez más al gobierno de Arce que los bolivianos no aceptamos que se ponga en riesgo la propiedad privada, y que no puede seguir atentando contra los derechos constitucionales. Una nueva victoria de los bolivianos frente a la arbitrariedad del MAS”, escribió en sus rede sociales.
En ese sentido, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señaló que es una derrota para el mandatario y que para disimular se rodeó de dirigentes masistas, cuestionó que se intente responsabilizar a la población de querer convulsionar al país.
“Luis Arce se vio obligado a derogar el decreto 5143 y disimuló su derrota rodeándose de dirigentes masistas y calumniando al pueblo boliviano de que hay un plan de desestabilización. Completamente falso. La única inestabilidad la genera el propio gobierno con sus planes confiscatorios de la propiedad privada, con los anuncios de incautar los dólares de los exportadores y con su total inoperancia ante la crisis económica que vive Bolivia”, sostuvo.
Entre tanto, el exprocurador general del Estado y abogado del MAS, Wilfredo Chávez, aseguró que no se debe bajar la guardia ante las intenciones latentes por parte del Gobierno de acceder a la información sobre la propiedad privada.
“Ya abrogado el DS 5143, se debe lograr que las bases de datos de los derechos y registros de propiedad de los bolivianos ya migrados a la AGETIC, retornen al Órgano Judicial. El peligro sigue latente. La propiedad no se toca; ¡No bajar la guardia!”, subrayó.
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