La Paz, 23 de julio de 2024 (ANF). - Durante la etapa de evaluación oral de los postulantes a magistrados al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se verificó que las preguntas estaban mal formuladas, no eran coherentes, las respuestas estaban cortadas y no tenían el código que coincidían con las consultas; además de una falta de metodología uniforme en las comisiones.
El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, Roberto Padilla, admitió que se tropezó con esos problemas desde el primer postulante que rindió el examen y cuestionó que las universidades hayan elaborado de esa manera las preguntas.
“Algunas universidades han sido muy responsables al momento de elaborar las preguntas para la evaluación oral, eran concisas. Sin embargo, también se ha visto que otras han actuado de forma irresponsable y han enviado las consultas incompletas, cortadas, faltaban palabras o estaban mal impresas y no tenían códigos”, informó el legislador a la ANF.
De acuerdo con la Ley 1549, las preguntas con sus respectivas respuestas debieron ser elaboradas por las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, la Escuela de Jueces del Estado y el Colegio Nacional de Abogados, a invitación de las comisiones.
Ese mismo problema se registró en la Comisión Mixta de Constitución que evaluó a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, quienes al identificar las respuestas que no coincidían con las consultas formuladas plantearon sus observaciones a los legisladores.
La senadora del MAS integrante de esa comisión Patricia Arce afirmó que se evidenciaron que las interrogantes no estaban bien elaboradas y que las respuestas no coincidían con las preguntas.
“Hay muchas universidades, no soy quién para calificar, pero las preguntas han sido elaboradas de forma clara y concisa, mientras que hay otras entidades que han sido muy confusas y no estaban claras”, manifestó.
El postulante Pablo Christian Zuleta Sánchez impugnó las consultas del examen ya que estaban mal señaladas. Por ejemplo, una de ellas decía ¿De acuerdo a la Constitución Política del Estado, toda persona sometida a un proceso debe ser juzgado?: a) Según el idioma que tenga el juzgador. b) Siempre en su idioma o ser asistido por traductor o intérprete. c) Según el idioma que predomine en el distrito judicial donde sea juzgado. d) En su idioma o en el que tenga el juzgador. Según el postulante, la respuesta es el inciso b).
“El Colegio Departamental de Abogados de La Paz señala que la respuesta era el inciso d) En su idioma con el que tenga el juzgador. El presidente de la Comisión me dice que el fundamento está establecido en el artículo 120, parágrafo segundo de la Constitución, pero no es correcto”, explicó.
Sin metodología uniforme
En la Comisión Mixta de Justicia Plural se dio la oportunidad a los postulantes para que tengan la opción de reemplazar la pregunta observada con una nueva, con el fin de transparentar el proceso y evitar futuras impugnaciones.
“Por ese motivo nosotros hemos sido abiertos en ese punto y se ha determinado que saquen un nuevo bolillo en caso de que haya alguna pregunta que esté mal formulada, o que no tenga alguna anormalidad y estamos realizando un buen trabajo”, dijo Padilla.
Sin embargo, en la de Constitución no ocurrió lo mismo, en la subcomisión 1 dirigida por el senador Miguel Rejas no se brindó esa oportunidad alegando de que ellos no tenían la culpa de las consultas mal formuladas.
Esa situación no se replicó en la subcomisión 2, dirigida por el diputado Juan José Jauregui, ya que ahí sí se dio la opción de que los postulantes saquen otro bolillo. Esas acciones mostraron que tampoco contaban con una metodología uniforme para subsanar las observaciones que se presentaron en las comisiones.
Los chanchulleros
Por otra parte, también se registraron hechos que llamaron la atención. En redes sociales se difundió un video en el que se ve a la senadora del MAS Patricia Arce mover las manos de forma poco usual como si estuviera enviando una señal, cuando el postulante al TSJ Carlos Ortiz rindió su prueba oral. La legisladora negó que haya ayudado al candidato y dijo que no lo conoce.
A la vez, también se señaló al diputado por Creemos José Carlos Gutiérrez de presuntamente ayudar a algunos postulantes en el examen con un método para avisar cuál era la respuesta correcta al mostrar un resaltador de un determinado color. Ayer tenía cuatro marcadores de colores, ANF verificó que este martes ya no llevó los resaltadores. También negó que hubiera ayudado a los candidatos.
Finalmente, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Elena Pachacute denunció que un sobre con las respuestas de las preguntas de la Universidad Juan Misael Saracho, que estaba en su poder, desapareció y posteriormente fue devuelto por el personal de apoyo de su colega Estefanía Morales. Señaló que este es un hecho irregular.
Sin embargo, ya terminó el proceso de evaluación oral para el Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional. Aún falta que cierre el Tribunal Supremo de Justicia.
Posteriormente, los legisladores deben sumar tanto la evaluación de méritos y la evaluación oral, la nota mínima debe ser de 130 puntos para pasar a la recta final en la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la notario de fe pública que acompañó el proceso de examen oral dijo que no identificó ninguna irregularidad, pese a que la diputada Pachacute dejó sentado la desaparición de las preguntas y respuestas que tenía bajo su custodia.
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