La Paz, 10 de octubre de 2023 (ANF).- El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, informó esta mañana que se presentó la acusación formal contra ocho exfuncionarios del gobierno interino de Jeanine Añez por el caso respiradores chinos. La Fiscalía pide 10 años de cárcel y la recuperación de 10 millones de dólares de afectación al Estado.
“Se ha presentado la acusación formal por los delitos de contratos lesivos al estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública en contra de la exministra de Salud, María E.R.J., el exviceministro de Salud, Elías R.C.C., el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S.C., la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M.R., el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C.A.T., el exjefe de Unidad Financiera, Marco A.P.I., la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM, Eduardo D.P.”, dijo Barrientos esta mañana en conferencia de prensa.
Las ocho personas estarían implicadas en el proceso irregular de contratación directa para la compra de 324 ventiladores pulmonares de origen chino el 2020, durante la pandemia por el Covid-19. La afectación económica al Estado ascendería a más de 10 millones de dólares.
De acuerdo a la nota de prensa de la Fiscalía, la acusación formal está sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, “el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, así como un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa del Covid-19”.
El fiscal aseguró que, con base a las pruebas presentadas, los respiradores no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, porque fueron adquiridos a un precio unitario de $us. 30.000, cuando su costo en el mercado no superaba los $us. 8.900.
Además, varios médicos denunciaron que varios equipos que les fueron asignados a los hospitales no funcionaban; los que sí operaban, provocaban daños a los pacientes provocando alteraciones de orden toráxico.
