La Paz, 9 de agosto de 2024 (ANF).- La abogada de la Compañía de Jesús Audalia Zurita negó que el provincial de la orden Bernardo Mercado hubiera encubierto al sacerdote fallecido Alejandro Mestre en un caso de pederastia y calificó de “irracional” la imputación de la Fiscalía de La Paz.
Este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que tres sacerdotes entre ellos Mercado, fueron imputados formalmente por la comisión del delito de encubrimiento al sacerdote fallecido en 1988, Alejandro Mestre.
La jurista precisó que hasta el momento el provincial de la Compañía de Jesús no fue notificado con la imputación a la que se refirió la autoridad fiscal en declaraciones a los medios de comunicación.
ANF: ¿Por qué la Compañía de Jesús no denunció a Alejandro Mestre ante la justicia?
Abogada Audalia Zurita: No existe el agresor sexual, murió en 1988, ha muerto mucho tiempo antes de que la Compañía de Jesús reciba alguna de las denuncias que hubieran atribuido al sacerdote Alejandro Mestre la comisión de un hecho criminoso. No era posible presentar denuncia alguna, si no era posible hacer un proceso canónico, tampoco era posible hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Por eso es que no puede haber encubrimiento de ninguna naturaleza, nadie que haya muerto puede ser perseguido penalmente y la responsabilidad es personal, no reciben en herencia los hijos, los amigos, ni los colegas. El que se ha muerto, ha muerto. Por eso mismo es que en Cochabamba han emitido una resolución de extinción en el ‘caso Pica’ a favor de Alfonso Pedrajas, porque él ha muerto.
ANF: ¿Si no hay elemento jurídico sobre qué basa la fiscalía su imputación?
Abogada Audalia Zurita: El padre Bernardo Mercado asumió funciones a mediados de 2022, entonces, claro cuando asume funciones de provincial, Alejandro Mestre había muerto muchísimos años antes; en consecuencia, él no pudo hacer nada para impedir que él (Mestre) cometa esos delitos o protegerlo para que la justicia penal no lo alcance.
El encubrimiento de acuerdo al Código Penal y eso está en el artículo 171 dice que: ‘El que después de haberse cometido un delito, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia u omitiere denunciar el hecho estando obligado a hacerlo, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años’. Entonces la fiscalía tendrá que explicarnos por qué el padre Bernardo Mercado estaba obligado a denunciar un hecho contra un muerto.
Si el propio Ministerio Público está sacando resoluciones extinguiendo la persecución penal a favor de quienes hubieran fallecido. En consecuencia, no puede haber obligación, nadie puede, nadie que tenga dos dedos de frente podría pretender que se denuncie a un muerto. Entonces, la fiscalía comete un verdadero exceso, es una irracionalidad la pretensión de la fiscalía.
Si bien el padre Mercado no ha sido notificado con la resolución de imputación formal, nos imaginamos la imputación en los términos que se ha venido expresando como el señor Pedro Lima y otros actores que tienen interés en este proceso. Es imposible pretender que el padre Mercado hubiera realizado una denuncia en contra de un muerto. En materia penal eso se llama ‘delito imposible’ porque las circunstancias hacen que cualquier actuación no constituye delito porque no cumple las exigencias que contiene el código penal.
En este caso, la persecución penal en contra de Alejandro Mestre no era posible, no hubiera sido posible nunca, ni después del fallecimiento de Alejandro Mestre, ni ahora, ni el próximo año, ni el próximo siglo, (…) peor todavía cuando la Constitución Política del Estado ha acogido la teoría de la resocialización para justificar la pena.
Se condena a una persona para enseñarle a vivir en sociedad, para que aprenda los criterios con los que la sociedad se desenvuelve, y respete los derechos de las personas. Entonces, quién lo va a traer vivo a Alejandro Mestre para que aprenda a vivir en sociedad y a respetar los derechos de los niños. Esto es verdaderamente una irracionalidad, por no decir que es una ignorancia llevada al extremo.
ANF: ¿El sacerdote Alejandro Mestre cometió el presunto delito cuando era arzobispo?
Abogada Audalia Zurita: Absolutamente incorrecto, esto solo puede ser atribuible al desconocimiento del fiscal general (Juan Lanchipa) sobre el caso, él es fiscal general, quien conoce el caso es el fiscal a cargo y es el director funcional de la investigación, al que tienen que preguntarle es a este caballero.
El fiscal general para hacer declaraciones lo mínimo que debió hacer es leer la imputación formal con la que el padre Bernardo Mercado no ha sido notificado. Él (fiscal Lanchipa) tiene acceso desde su computadora a todos los casos, para hacer declaraciones responsables tiene que acceder a esa información, y con seguridad hubiera encontrado que la supuesta agresión sexual se produjo hace más de 60 años, cuando la presunta víctima era un menor y el señor Mestre trabajaba en esa unidad educativa, es decir estamos hablando de que no fue cuando era arzobispo.
No conocemos el texto de la imputación formal, nos pronunciaremos una vez que el padre Bernardo Mercado sea notificado.
La orden religiosa facilitó un comunicado del pasado año, del 19 de mayo de 2023, sobre el caso Alejandro Mestre Descals, para contar con mayores elementos en relación al tema.
Sobre la denuncia recibida
El denunciante se contactó inicialmente con el Colegio San Calixto de La Paz, de donde fue derivado a la Delegación de Ambientes Sanos y Seguros de la Compañía de Jesús. En una primera entrevista se escuchó su testimonio verbal; luego recibió la explicación sobre el procedimiento de investigación por la vía canónica, quedando subrayada la reserva de identidad del denunciante, algo que agradeció y se mantiene hasta la fecha.
La entrevista de entrega de la denuncia por escrito tuvo lugar el 3 de diciembre de 2021. El hecho denunciado fue violación se remonta al año 1961, hace 62 años, cuando el denunciante era alumno del Colegio San Calixto de La Paz y cursaba el 6° de primaria.
Sobre las acciones tomadas por la Compañía de Jesús
Una vez recibido el informe de la denuncia, el Provincial tomó tres acciones: activar el protocolo en vigencia; instruir el inicio de la investigación previa por medio de decreto del 18 de febrero de 2022; conformar una comisión investigadora acompañada por el delegado de Ambientes Sanos y Seguros y dos profesionales externos.
La Delegación de Ambientes Sanos y Seguros, a solicitud de los investigadores, solicitó información a las instituciones donde trabajó el denunciado. Fueron recibidos informes que forman parte de la denuncia ya entregada a la Fiscalía, y que previamente había sido enviada a la Curia General de la Compañía de Jesús.
Sobre las acciones de la Comisión de Investigación
La Comisión de Investigación procedió a realizar las siguientes acciones: entrevistas con el denunciante, revisión de documentos recibidos y análisis psicológico del testimonio del denunciante. Además, visita al lugar de los hechos, petición y recepción de información y disposición de escucha para recepción de denuncias de víctimas. Todo ello consta en el material presentado al Ministerio Público.
La Comisión fue emitiendo informes periódicos a través de encuentros presenciales con el delegado, hasta presentar sus informes finales en el mes de mayo de 2022. En el mes de junio, sus integrantes pudieron tener un diálogo personal con el Provincial, solicitado por él mismo.
La investigación previa se cerró el 24 de septiembre de 2022 mediante decreto del Provincial de turno, que emitió su informe final en fecha 28 de septiembre de 2022, luego de hacer la revisión del material en conjunto.
Acto seguido, se procedió al envío de toda la documentación a la Curia General de Roma para su estudio y consulta con el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano, que estudia y juzga estos casos, para esperar las orientaciones a seguir. Las orientaciones recibidas de la Curia General llegaron el 16 de enero de 2023.
El 25 de enero de 2023, fue entregada la comunicación al denunciante por la Delegación de Ambientes Sanos y Seguros y el secretario del Provincial. Horas más tarde, esa misma fecha, se informó el resultado de la investigación en un comunicado público y una comunicación interna.
El informe entregado señala que al haber fallecido Alejandro Mestre SJ en 1988, no era posible llevar adelante un proceso canónico en su contra. No obstante, la Compañía de Jesús instruyó que se atendiera al denunciante con acompañamiento especializado. A la fecha, el denunciante no se ha comunicado para concretar dicho acompañamiento.
Otras acciones seguidas
El secretario del Provincial procedió, el 7 de febrero de 2023, a la comunicación a las autoridades eclesiásticas de la Conferencia Episcopal, Arzobispado de La Paz y Nunciatura Apostólica, considerando que Alejandro Mestre fue Obispo Auxiliar de Sucre (1976-1982) y Arzobispo Coadjutor de la Paz (1982-1987).
A la fecha, 18 de mayo de 2023, no se han presentado otras posibles víctimas. Reiteramos nuestra invitación a que, si existieran otros afectados, puedan presentar sus denuncias ante la Fiscalía; en cuyo poder se encuentra toda la documentación sobre este caso, entregada íntegra y voluntariamente en fecha 9 de mayo del presente año.
/ANF/
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