La Paz, 13 de agosto de 2024 (ANF). - La Procuraduría General del Estado (PGE), admitió que la transnacional petrolera holandesa Shell ganó el laudo arbitral que interpuso contra el Estado boliviano y otorgó el pago de $us 10 millones, por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), aunque indicó que buscarán revertir ese dictamen.
“Aunque el Laudo Arbitral concede a la transnacional un monto inferior al impetrado, determinando costos sólo en cuatro de los seis puntos en controversia, con la premisa de la defensa inclaudicable de los intereses del Estado, se agotarán todas los recursos e instancias reconocidas en el ordenamiento jurídico vigente, hasta revertir este resultado parcial e inicial”, señala el comunicado de la Procuraduría.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Manuel Ormachea, denunció que la transnacional ganó el laudo arbitral en contra de Bolivia. Explicó que, inicialmente, la firma reclamó $us 26 millones.
En ese sentido, el comunicado también señala que el proceso de arbitraje fue interpuesto el 20 de febrero de 2020, durante el gobierno de Jeanine Añez, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) y en ese entonces se activó la defensa del Estado.
La Procuraduría resaltó que la Corte Internacional de Arbitraje concedió a la transnacional un monto inferior al solicitado por la firma.
“No obstante, como respuesta a los alcances, contenido y efectos de la decisión arbitral emitida por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en favor de Shell estableciendo un pago aproximado de $us 10 millones, esta Institución de creación Constitucional presentó un Escrito con varias Solicitudes de Enmienda, Interpretación y Aclaración del Laudo, con cuya resolución, se presentará una demanda de anulación ante autoridad jurisdiccional boliviana, como reza la cláusula arbitral respectiva”, señala otra parte de la nota.
En febrero de 2020, Shell Bolivia Corporation, notificó su intención de acudir a arbitraje contra YPFB, reclamando $us 26 millones por deudas de producción e incentivos a la producción, que eran de años anteriores.
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