La Paz, 6 de diciembre de 2024 (ANF). - La comisión de Planificación de la Cámara de Diputados anuló la disposición adicional séptima del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 que establecía la confiscación o incautación de productos alimenticios, además aprobó la norma en sus dos estaciones, en grande y detalle.
“La disposición adicional que establecía el decomiso de productos ha sido rechazada y anulada del proyecto de ley, han indicado que afectará a los productores. Por lo tanto, se ha eliminado”, informó el presidente de la comisión legislativa, Andrés Flores.
La disposición adicional séptima del proyecto de la ley financial facultaba a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a quienes almacenen, retengan o pretendan encarecer la mercadería.
Desde las 09:00 de este viernes, aproximadamente, la comisión de Planificación debatió el proyecto de ley del PGE y fue aprobado en sus estaciones en grande y en detalle luego que realizaron varias observaciones y modificaciones.
En ese sentido, el legislador indicó que los parlamentarios también rechazaron el artículo 14 y se decidió anularlo, el enunciado se refería a la autorización de contratación de garantías con entidades multilaterales o bilaterales por hasta $us 1.000 millones mediante títulos valor.
“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de lo establecido en los numerales 8 y 10 del parágrafo I del artículo 158, y el artículo 322 de la Constitución Política del Estado, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia contratar garantías o colaterales por un monto de hasta $us1.000.000.000 (…) con organismos multilaterales y/o bilaterales, con la finalidad de materializar las operaciones de endeudamiento público mediante emisión de títulos valor en mercados de capital externos, establecidas en el artículo 13 de la presente Ley”, señala el enunciado cuestionado.
Los empresarios privados, industriales y productores cuestionaron la propuesta del gobierno y pidieron que se elimine porque consideraron que es irresponsable continuar con un modelo agotado. Además, advirtieron mayor control al aparato productivo y posibles extorsiones en el futuro.
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