La Paz, 14 de marzo de 20224 (ANF).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" advierte que la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 aún representa amenazas serias a la cohesión social y que la población boliviana desconfía profundamente del órgano judicial.
Una de las conclusiones del informe dice que el examen sobre polarización es esencial para comprender los principales desafíos de derechos humanos y, más importante aún, para la adopción de medidas para atenderlos.
“De manera urgente, existe una necesidad inminente de atender los desafíos derivados de las distintas versiones sobre la realidad histórica reciente en Bolivia; específicamente, la narrativa derivada de la crisis electoral de 2019 continúa representando amenazas serias a la cohesión del tejido social”, se lee en el documento.
Para el organismo “La división entre quienes consideran que existió un fraude y quienes consideran que existió un golpe de Estado es la causa más visible de la polarización política, que ha llevado a un distanciamiento afectivo entre sectores significativos de la población. Las personas que ejercen liderazgos públicos y que tienen voces de influencia dentro de la sociedad boliviana tienen la responsabilidad de coadyuvar en el proceso de reducción de las brechas sociales”.
Asimismo, concluye que Bolivia continúa enfrentando un profundo desafío para lograr la cohesión social en un Estado diverso. En particular, el reto de construir una ruta común que permita la articulación de la diversidad de actores políticos. Resalta la diversidad de voces de distintos pueblos indígenas que continúan exigiendo atención por parte del Estado; sus voces deben ser escuchadas y articuladas en medidas de política pública”.
Por otra parte, también alerta que existe una ausencia de canales de diálogo y la desconfianza de la población en las instituciones públicas, especialmente, en el sistema de justicia lo que agrava un escenario de conflictividad social entre distintos sectores con intereses diversos o, incluso, antagónicos.
Establece que la tendencia hacia la polarización es “reversible” mediante acciones concretas dirigidas desde el nivel más alto del Estado, pero con la concurrencia de las autoridades de los distintos niveles de gobierno y de todos los sectores en la sociedad.
Sin embargo, señala que tras las situaciones de división que fueron analizadas durante la visita de la misión, la CIDH no puede dejar de advertir que la falta de atención al diálogo con perspectiva de cohesión social tiene el potencial de agravar situaciones de conflictividad social y generar un terreno fértil para la comisión de serias violaciones a los derechos humanos.
Sumado a este escenario, plantea que el Estado no puede demorar en las transformaciones estructurales en el sistema de justicia (…) “La población boliviana, en toda su diversidad, desconfía profundamente del órgano judicial. Especialmente, del sistema penal, que, por un sector considerable de la población, es percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre ejerciendo el poder de turno. Esto coincide con reiteradas observaciones de organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos y actores políticos”.
La CIDH también nota, con satisfacción, que existe un incipiente consenso entre distintas fuerzas políticas y sociales sobre la necesidad de una reforma al sistema de justicia. El Estado, incluyendo a la sociedad boliviana, debe aprovechar esta oportunidad y los momentos históricos que vive el país para impulsar reformas judiciales que observen los estándares interamericanos de derechos humanos.
El informe tiene 224 páginas, 15 conclusiones, 32 recomendaciones entre las que incorpora ideas para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
En el informe está registrado el análisis de la situación de derechos humanos en el país, con base en lo observado durante la visita in loco del 27 al 31 de marzo de 2023; los desafíos estructurales, así como los principales avances y retos pendientes desde la anterior visita, realizada en 2006.
Entre los desafíos pendientes identificados por la Comisión se destacan medidas efectivas para garantizar el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, incluyendo la jurisdicción indígena originario campesina, así como los derechos del pueblo afroboliviano. Además, se notan los retos para la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como el ejercicio pleno de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, no binarias y de género diverso e intersex. Por otro lado, se nota la necesidad de atención estatal a los impactos ambientales derivados de actividades extractivas; garantías para el acceso al agua, la salud, el trabajo y la educación, entre otros.
El documento, también, da cuenta de la continuidad de la debilidad institucional histórica, afectada por la polarización política profundizada y analiza cómo este fenómeno social agrava la conflictividad, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos en el país. Además de afectar la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y la libertad de expresión.
El informe analiza los desafíos históricos del sistema de justicia, que han resultado en que la población boliviana, en toda su diversidad, desconfíe profundamente del órgano judicial; especialmente, del sistema penal, percibido como una herramienta al servicio de intereses políticos de turno, independientemente del partido o movimiento político que se encuentre en el ejercicio del poder. La CIDH observa que la consolidación de los avances registrados en materia de derechos humanos se encuentra en riesgo, si el sistema de justicia continúa sujeto a los serios desafíos que enfrenta.
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