La Paz, 8 de noviembre de 2024 (ANF).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunciaron a propósito de la conflictividad en Bolivia, al advertir de los impactos a los derechos humanos y a la gobernabilidad, señalaron que se debe preservar la institucionalidad y garantizar las elecciones judiciales.
“En todo momento, debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales”, dice una parte del pronunciamiento que emitieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libertad Expresión (RELE) y sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
El Tribunal Supremo Electoral postergó las Elecciones Judiciales del 1° para el 15 de diciembre, la decisión fue asumida en medio del conflicto entre el Gobierno y las bases sociales del expresidente Evo Morales. Los movilizados bloquearon las carreteras durante 24 días, lo que dificultó las actividades del cronograma electoral.
Sin embargo, este jueves, dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional paralizaron las elecciones judiciales en algunos departamentos, un proceso que está establecido en la Constitución Política del Estado.
Por otra parte, los organismos advierten impactos a los derechos humanos y la gobernabilidad derivados de la conflictividad social en Bolivia. Precisan que el Estado “debe respetar y garantizar los derechos humanos en el contexto de protestas, y fortalecer los espacios democráticos para la resolución de las controversias a través del diálogo”.
Es obligación del Estado garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo “y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas. Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta”.
Las protestas se han generado en un contexto de pugnas políticas entre las dos facciones del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo. Una de las facciones denominada evista ha desarrollado durante 24 días un bloqueo de carreteras en medio de enfrentamientos con las fuerzas policiales.
La posición de la CIDH, de la RELE y DERESCA
El 17 de septiembre, una facción del Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) inició protestas exigiendo el reconocimiento del liderazgo del expresidente Evo Morales, entre otras demandas. Después de una pausa, las protestas reiniciaron el 14 de octubre, adoptando la modalidad de bloqueos de carreteras. Ello, tras el anuncio de procesos penales contra el expresidente por posibles casos de abuso sexual, trata y tráfico de niñas. Los bloqueos se intensificaron el 27 de octubre, tras una denuncia de ataque armado contra el vehículo que le transportaba. Al respecto, el Estado indicó que esos hechos se dieron en un operativo policial, lo cual habría sido reconocido por el expresidente Morales.
Al 4 de noviembre, la Administradora Boliviana de Carreteras reportó 16 puntos de bloqueos activos –15 de estos, en Cochabamba–. Los bloqueos han dificultado el tránsito de ambulancias; productos alimenticios básicos como arroz y harina, así como el acceso a servicios médicos y suministros esenciales, incluyendo cisternas de combustible. Según información del Estado, las personas que participaron en los bloqueos portarían explosivos y armas caseras. Ante la conflictividad social, el Tribunal Supremo Electoral postergó la elección de autoridades judiciales para el día 15 de diciembre.
El Ejecutivo anunció operativos conjuntos de la Policía Nacional y el Ejército para desactivar los puntos de bloqueo; por otro lado, la Defensoría advirtió el anuncio de acciones de desbloqueo por parte de grupos no estatales. Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó sobre al menos 63 personas detenidas en el contexto de los operativos. Asimismo, advirtió posibles afectaciones a las garantías judiciales y deficientes condiciones de privación de la libertad.
La CIDH nota que los puntos de bloqueo han sido escenario de enfrentamientos violentos. Según informes oficiales, el 25 de octubre, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y policías, en Parotani, con un registro de 28 personas heridas, entre ellas 21 efectivos policiales. En esa misma localidad, se registró otro enfrentamiento el 1 de noviembre, con al menos 39 personas heridas, entre ellas 34 efectivos policiales. Asimismo, el 29 de octubre, se registraron enfrentamientos; retención, violencia y amenazas contra agentes policiales y periodistas que realizaban cobertura informativa en Mairana, Santa Cruz. El Estado registró 44 personas heridas, entre ellas 42 efectivos policiales. El 1 de noviembre, personas tomaron dependencias militares en Villa Tunari, reteniendo ilegalmente a personal militar. El 3 de noviembre, en Capinota, Cochabamba, el Estado registró el secuestro de 2 agentes policiales.
Desde el inicio de las protestas, la RELE ha recibido denuncias de al menos 30 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa que cubrían los hechos, tanto de medios públicos como privados. Estas agresiones incluyen retenciones, ataques físicos, robo y destrucción de equipos, amenazas y restricciones a la cobertura periodística, así como señalamientos estigmatizantes que buscarían deslegitimar su labor. De acuerdo con información pública, la mayoría de estas agresiones habrían sido cometidas por particulares involucrados en los bloqueos.
El Estado tiene la obligación de garantizar, proteger y facilitar las manifestaciones públicas, lo que incluye agotar todas las medidas para la resolución pacífica de los conflictos, fomentar un diálogo amplio e inclusivo con todas las partes interesadas y asegurar que las tareas de seguridad ciudadana estén reservadas a las fuerzas estatales constitucionalmente autorizadas. Los actos de violencia no están protegidos por el derecho a la protesta. Asimismo, el Estado debe facilitar el trabajo de periodistas; garantizar su protección en la cobertura de eventos de interés público, como las protestas sociales; investigar y sancionar cualquier acto de violencia que amenace su integridad, ya sea por agentes públicos o particulares. La CIDH y la REDESCA destacan la importancia de que las personas manifestantes que acudan a modalidades como bloqueos no pongan en riesgo la vida de las demás personas y permitan la circulación de insumos, servicios y provisiones esenciales.
Es primordial que altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos que se pronuncian sobre los hechos en cuestión contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la deliberación publica, abierta y plural. En todo momento, debe preservarse la institucionalidad y garantizarse la continuidad de los procesos democráticos en curso, incluyendo las elecciones de autoridades judiciales.
La CIDH observa con extrema preocupación la agudización de la conflictividad social. En el pasado reciente, en este tipo de contextos se han registrado graves violaciones a derechos humanos en Bolivia. El Estado debe observar sus obligaciones internacionales para prevenir la repetición de hechos del pasado. Asimismo, debe redoblar sus esfuerzos dirigidos a generar espacios de diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, en toda su pluralidad, con la participación de todos los sectores dentro del espectro político. Al respecto, toma nota de que el Ejecutivo ha realizado al menos 7 convocatorias públicas para el diálogo.
Los liderazgos políticos deben asumir el diálogo como vía para salir de la conflictividad; evitar el ahondamiento de la polarización, y contribuir a la gobernabilidad democrática. La CIDH reitera que continuará observando la situación y acompañará la implementación de las recomendaciones de su informe país, que incluye lineamientos prácticos para reducir los efectos de la polarización política.
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