La Paz, 12 de mayo de 2025 (ANF).- El Gobierno reconoció que las instituciones públicas vulneran con mayor incidencia los derechos fundamentales de la población, por principio legal y doctrinal. A propósito del informe anual 2024 de la red UNITAS que registró 915 vulneraciones a las libertades fundamentales, a la institucionalidad democrática y al derecho a defender derechos.
El ministro de Justicia, César Siles, afirmó que esa cartera de Estado tiene la obligación de dar seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones o sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) o del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de las Organización de Naciones Unidas (ONU), aunque algunas están pendientes de cumplimiento.
“Primero que, por principio no solamente legal, sino por principio doctrinal, las instituciones públicas son las instancias que vulneran derechos humanos, puede haber casos que una instancia privada vulnere, pero fundamentalmente son las instituciones públicas. Reconocemos que la Policía y en algunos casos las Fuerzas Armadas están ocupando esos primeros lugares de esa vulneración de derechos humanos”, declaró la autoridad.
La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) presentó el informe anual del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos sobre libertades fundamentales e institucionalidad en Bolivia 2024.
Se identificó que la Policía Boliviana y el Ejecutivo son los principales agentes vulneradores de las libertades fundamentales. La Policía cometió un total de 212 (23% del total de los casos), principalmente en hechos o declaraciones que atentaron contra la institucionalidad democrática y la libertad de reunión y protesta.
Le siguen las autoridades del Gobierno central, quienes atentaron contra la institucionalidad democrática y otras libertades en 182 casos (20% del total de los registros), 142 contra la institucionalidad democrática, 13 contra la libertad de expresión, 9 contra la libertad de reunión y protesta, 8 contra la libertad de asociación, 8 contra la libertad de prensa y 2 contra los derechos de los defensores.
Al respecto, la directora de UNITAS, Mila Reynolds, consideró que si el Gobierno lo reconoce es una muestra del debilitamiento de las libertades democráticas y las instituciones estatales, lo que se refleja en la poca confianza de la población hacia las entidades que están llamadas por la Constitución a proteger los derechos.
“Ese es un tema que nos preocupa porque el informe nos muestra que hay un creciente debilitamiento de las instituciones en el país, eso se refleja en una baja de la confianza de las personas en las instituciones. Hay una cadena de debilitamiento democrático y los casos se han incrementado en los últimos años, hubo un crecimiento sustancial de la vulneración a los derechos”, manifestó.
Siles dijo que siguen trabajando en el cumplimiento de varias recomendaciones que están pendientes. Indicó que el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales tiene el rol de sensibilizar a las instituciones con el fin de garantizar el respeto de las libertades fundamentales.
“Tenemos el rol de garantizar plenamente el respeto a los derechos fundamentales y eso implica, en algunos momentos, hacer llamadas de atención, reflexiones, coordinaciones con otras instancias de gobierno, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa y otras”, añadió.
Policía Boliviana
Con relación a la institución del orden, se encuentra en el primer lugar del listado como la institución más transgresora de los derechos fundamentales con un total de los 212 casos, de los cuales, 112 son contra la institucionalidad democrática, 69 contra la libertad de reunión y protesta, 17 contra la libertad de prensa, 9 contra los derechos de los defensores y 5 contra la libertad de expresión.
Sobre el rol de la Policía, Reynolds dijo que la población perdió la confianza en esa institución por las diferentes denuncias que se registraron en su contra por hechos de corrupción, la persecución a ciertas personas, la falta de independencia, entre otros.
“Si uno tiene un problema como ciudadano y quiere poner una denuncia ante la Policía o la Fiscalía, la desconfianza que tiene pone en una situación crítica a las personas porque tendrá dudas de presentar su denuncia. En caso de que no lo haga, se pone en indefensión a las personas en torno al ejercicio de sus derechos”, señaló.
Se buscó conocer la versión de la Policía Boliviana, pero la unidad de relaciones públicas del Comando Departamental del verde olivo de La Paz pidió que la solicitud de entrevista se realice mediante nota escrita. También se llamó y envió un mensaje de WhatsApp al comandante departamental, Gunther Agudo, pero no respondió.
Vulneración a la libertad de prensa
La vulneración contra el trabajo de los periodistas continua. Esta semana, en el marco de un conflicto por el botadero, en la zona de Cotapachi, en el municipio de Quillacollo, Paola Cadima, periodista de la red Unitel, fue agredida por un grupo violento mientras realizaba la cobertura de esos hechos.
No fue la única agredida en este conflicto, la periodista de Canal 35 Televisión Tunari, Ángela Ninoska Mamani, resultó herida tras el ataque de un grupo que apoya el traslado de basura desde la ciudad de Cochabamba a un predio del municipio de Quillacollo.
Estos casos son recientes, sin embargo, el Observatorio registró el año pasado 150 hechos de violación a la libertad de prensa. Destacan los casos de agresión física, psicológica o sexual contra periodistas alcanzando a 42, impedimento al acceso a la información 30, amenazas o amedrentamientos 24, criminalización y estigmatización a trabajadores de la prensa 11, casos, respectivamente.
Los datos preocupan a los gremios de periodistas. La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, informó que en lo que va de este año identificaron 16 casos de vulneración a la libertad de prensa, la mayoría cometidas por servidores públicos. Este tipo de hechos se incrementan durante los conflictos políticos y sociales en el país.
Cuestionó que los procesos contra los agresores queden en la impunidad y la justicia no actúe conforme a las normas, puso el ejemplo de Las Londras, en el que 17 personas, entre ellas periodistas, fueron secuestradas por un grupo de avasalladores en octubre de 2021, en Santa Cruz, Hasta la fecha, no existe responsables ni sentencia.
“Esas situaciones se repiten porque estamos en un contexto de total impunidad y ahí es donde apuntamos nosotros al Estado en su conjunto, en sus diferentes instancias, incluso se ha apelado a la propia Defensoría del Pueblo en reiteradas circunstancias, pero no ha acompañado los procesos de investigación. En nuestra perspectiva es como un permiso para continuar cometiendo vulneraciones sistemáticas contra periodistas, contra la libertad de expresión”, señaló.
En criterio de la ANPB y el Círculo de Mujeres Periodistas existe “un preocupante patrón de violencia sistemática contra mujeres periodistas en el ejercicio de su labor”. Lo que pone en riesgo la integridad física de las periodistas y genera un efecto inhibidor, limitando su capacidad de informar con libertad, reduciendo su participación en la cobertura de hechos relevantes y profundizando las barreras estructurales de género dentro del ejercicio periodístico.
Alanes añadió que a este escenario se suma la precarización de las fuentes laborales debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, y que golpea a los periodistas porque no cuentan con un seguro médico, tienen salarios reducidos, contratos eventuales, entre otros.
Un Estado verdugo
En la gestión 2024, los defensores de derechos han estado en la mira. En 2022 se registraron 59 casos de vulneración de derechos de los defensores y defensoras; el 2023 hubo 51 casos; y este 2024 la cantidad subió a 93. La situación de los defensores del cantón de Chiquiacá de la reserva natural de Tariquia, en Tarija, es el caso más evidente de vulneración al derecho de protesta en la defensa del territorio y del medioambiente.
La dirigente Nelly Coca afirmó que continúan siendo perseguidos judicialmente por el Ministerio Público por la demanda que interpuso Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contra más de 20 defensores del área protegida. Consideró que el Estado boliviano es el “verdugo” de los pueblos indígenas y campesinos porque no se cumple con la Constitución Política Estado (CPE).
“El Gobierno es nuestro verdugo, el Gobierno nunca ha hecho nada por los indígenas o por los campesinos. Los verdaderos delincuentes gozan de impunidad, mientras que nosotros por defender el medioambiente, por defender la vida nos persiguen. De ninguna manera sentimos que el gobierno nos protege, nos humilla y nos sentimos abandonados”, manifestó.
En octubre de 2024, la estatal petrolera inició un proceso penal contra 29 comunarios y dirigentes de Chiquiacá porque se opusieron al ingreso de trabajadores de YPFB y Petrobras a la comunidad de Saicán donde se encuentra el pozo Oso Domo X3. En enero de este año el fiscal del caso rechazó la demanda porque no existían indicios; sin embargo, dos meses después la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, determinó revocar esa decisión para continuar con las investigaciones.
Según el estudio, en 2024 se han registrado 93 casos de vulneración a los derechos de los defensores de los cuales 53 casos fueron por la criminalización, 14 por la no protección en situaciones de riesgo, 11 por amenaza y amedrentamiento, 6 por la obstaculización en la realización de sus actividades, 4 por incumplimiento en la investigación, 3 casos de agresión física y otros, además de 21 hechos por restricción a la información pública.
En ese contexto, la directora de UNITAS advirtió que, si el Estado no asume acciones concretas, los hechos de vulneración se incrementarán de forma alarmante. Ante esos hechos, la sociedad civil debe encargarse de recolectar información y denunciar de forma pública las violaciones para revertir las malas prácticas o la inacción del Estado frente a esas arbitrariedades.
“Lo que vamos a seguir encontrando a futuro será un mayor registro de la vulneración de derechos y continuará la indefensión”, sostuvo.
/ANF para Sumando Voces/
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