La Paz, 31 de octubre de 2023.- Geraldine Mendoza, es periodista, trabajó durante seis años en la televisora Red PAT. Quedó pasmada cuando el interventor de ese canal dijo que ella nunca trabajó en ese medio, recurriendo a una “triquiñuela” de cambio de razón social para eludir sus responsabilidades laborales. Hace cuatro años inició una batalla legal por sus derechos; así como otros extrabajadores por sus jubilaciones.
Geraldine junto a otros periodistas correteaba en las coberturas tras las noticias. Lo hacía acompañada de un camarógrafo, sujetando el micrófono que llevaba el cono verde de PAT, generalmente vestía la polera que identifica a la red televisiva con su logo.
Pero eso no es todo, además de hacer las coberturas diarias, ella hacía los turnos de fin de semana, los despachos en vivo para el medio los que deben estar registrados en archivos. Nadie podría negar que ella trabajó para PAT, excepto los empresarios de ese canal que se niegan a reconocer sus derechos.
El 2 de octubre de este año, la periodista Geraldine Mendoza publicó su situación bajo el tituló “La última batalla”. Este año, ella cumple cuatro años de un proceso laboral que inició contra la Red PAT exigiendo el pago de sus beneficios sociales, porque no recibió un solo pago.
El 15 de julio de 2013, ingresó a trabajar en esa empresa, cuando tenía la razón social de Comercializadora Multimedia del Sur. Fue contratada como periodista del área social, política, seguridad y economía. El 12 de octubre de 2018, ella pidió -sin éxito- a Recursos Humanos el pago de su quinquenio.
Sorpresivamente, en enero de 2019 le entregaron su boleta de pago con otra razón social, como ServiTv. Le mantuvieron su salario, pero eliminaron su antigüedad. Pero eso no es todo, ese año, el Interventor señaló que Mendoza nunca había trabajado para Periodistas Asociados Televisión (PAT) Ltda.
“El 7 de mayo del 2019, el canal no había pagado salarios de marzo y abril; derivando en medidas de protesta de los trabajadores de Santa Cruz; el equipo de prensa de La Paz respaldó la protesta que tuvo entre varias consecuencias mi renuncia al cargo debido a la presión de mandos altos. No me pagaron mis beneficios sociales en el término otorgado por ley, razón por la que interpuse una demanda laboral. En forma posterior se apersonó el Interventor de PAT arguyendo que nunca trabajé para la empresa Periodistas Asociados Televisión Ltda., que mi relación habría sido con Comercializadora Multimedia del sur S.R.L.” y ServiTv S.R.L., en cuyas boletas de pago figura mi salario”, denunció la periodista, con 18 años de experiencia.
Luego de casi cuatro años de idas y venidas en tribunales, de memoriales y papeleo, la Jueza de Trabajo y SS Nº 4 (Proceso NUREJ 20294182) dictó la Sentencia Nº 175/2022 declarando probada su demanda en mérito a las pruebas presentadas. Los fundamentos conclusivos de la sentencia dejaron claramente establecido que la persona jurídica demandada pretendió soslayar obligaciones sociales.
Sin embargo, los representantes del medio presentaron un recurso de apelación señalando que la jueza no valoró sus pruebas, es así que la Sala Social Administrativa Contenciosa Primera del Tribunal Departamental de Justicia (…) anuló la sentencia que amparaba sus derechos.
“Tuve que presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sucre, para que se cumpla con la ley y desde PAT se deje de mellar mis derechos. (…) Siempre lo he dicho, como periodista he informado para que la población conozca sus derechos y exija el cumplimiento de la ley por lo que no sería coherente que yo no luche por los míos dejando pasar este abuso e injusticia”.
Geraldine actualmente no tiene un trabajo fijo y los gastos que hizo ya suman un poco más de 13.000 bolivianos. Ella espera que el TSJ haga justicia.
“Los abogados rechazaban que no tuve una relación laboral con PAT, cuando durante la audiencia hemos demostrado de manera visual con papeletas de pago, independientemente quién la administró. No quiero pensar mal de los vocales, pero hay mala fe de parte del interventor, de los que están manejando este proceso. Es injusto, ya son cuatro años que estoy invirtiendo en este proceso, no solo dinero, también mi estabilidad emocional y la de mi familia, pero no me voy a cansar”, dijo vía telefónica a este medio.
Mendoza, no es la única que ha demandado a este canal de televisión, otros dos extrabajadores de los que guardamos en reserva sus identidades a pedido de ellos también peregrinan pidiendo que la empresa cumpla con sus obligaciones.
Juan (nombre ficticio) denunció que trabajó en este medio por casi 19 años (1998-2004 y 2006-2019). En el primer periodo, la empresa cumplió con el pago de sus beneficios; sin embargo, el problema se dio en el segundo periodo, cuando dejó la red televisiva, se enteró que sus aportes para su jubilación no fueron cancelados por ese periodo de años.
“Con el jefe de Recurso Humanos quedamos en que con la liquidación total me iban a cancelar todo. Quedamos que el pago se haría en cuatro cuotas, evidentemente me pagaron la primera cuota 10.000 bolivianos, pero de ahí empezaron los problemas pues me fueron pagando de 2.000 o 3.000 bolivianos, hasta que en 2019 se cambió el nombre de la empresa y la administración con ello. De ahí he ido peregrinando hasta hoy”, señaló el exempleado.
El extrabajador tiene 58 años, contó que fue retirado en mayo de 2019, el aumento salarial retroactivo que le correspondía no le cancelaron. Un año antes, en 2018 su aseguradora inició un proceso contra PAT, pero a la fecha se comprobó que no hubo movimiento. Pretendía jubilarse al año, pero está en la incertidumbre por falta de estos pagos.
“Ya salió el dictamen, pero siguen sin cancelarme los aportes. He pasado por cinco abogados en la AFP. He denunciado a la Gestora, pero me dijeron que la AFP lo tiene el proceso. Estoy demostrando con boletas que a mí me han descontado. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) me dice que vamos a presionar, que en tal fecha se tendrá el documento, pero hasta ahora, nada”
La ANPB ve inestabilidad y precarización laboral en el gremio
Para la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, los trabajadores de la prensa actualmente están viviendo una aguda crisis en los medios de comunicación que se está manifestando en una mayor precarización de las condiciones laborales del sector. Hay periodistas que tienen sueldos adeudados de hasta siete meses; además no se cumple con la cobertura de las condiciones laborales por la Ley General del Trabajo, como aportes a la AFP, seguro social y otros.
“Las situaciones que se han venido generando en otros medios de comunicación como Red Uno en su momento, PAT en su momento, el despido importantísimo de La Razón y despidos en otros medios de comunicación como ATB, son algunos ejemplos. Nosotros estamos advirtiendo un panorama global de mucha inestabilidad laboral y precarización en las condiciones de trabajo de los periodistas”, enfatizo Zulema Alanes, presidenta de la Asociación Nacional de Periodista de Bolivia.
Alanes mencionó que cuando se anunció a los empresarios que se iba a acudir a las instancias responsable de proteger esos derechos, ellos no dicen nada pues saben que, apelando, el mismo puede durar más de 10 años, “lo cual demuestra que hay un relajamiento total de las instancias encargadas de garantizar esa vigencia”.
70 a 80 perjudicados
Pedro (nombre ficticio) trabajó como camarógrafo durante 20 años en PAT. A diferencia de otros empleados, él aseguró que le pagaron todos sus beneficios; pero le deben sus aportes de jubilación, de unos cinco años, según pudo investigar, la firma pagó irregularmente, por ejemplo, en un año solo tres meses; en otro, dos, y así.
“Han hecho llorar a mucha gente. Ha habido retroactivos que nunca han pagado. Han debido pagar a unos cinco, faltan 70 u 80. Un excompañero murió de cáncer sin haber recibido un solo centavo, dejó en la orfandad a una niña de cinco años que hoy está al cuidado de su madre”, señaló esta persona.
“No hay políticas públicas que garanticen la vigencia de los derechos. Advertimos de una débil institucionalidad que no está a la altura de las garantías que como Estado se deberían otorgar para la vigencia de derechos laborales”, mencionó Alanes.
A esto se suma que hace más de una década se está viviendo un largo periodo de asfixia económica que se ha dirigido de manera premeditada desde las esferas del Gobierno contra los medios de comunicación independientes, al no poner publicidad estatal.
Este medio intentó comunicarse con los abogados de la empresa, pero no tuvo éxito.
La crisis de los medios golpea a los periodistas y trabajadores de la prensa
La crisis afecta particularmente a los grupos más vulnerables de las empresas periodísticas, es decir los empleados. Un grupo de extrabajadores de Página Siete ha empezado una batalla legal contra los propietarios y accionistas de ese medio.
El 30 de junio de este año, los periodistas y trabajadores fueron sorprendidos con la noticia del cierre de Página Siete, se enteraron de esa decisión a través de un comunicado del presidente del directorio Raúl Garafulic.
Los empresarios no tuvieron la consideración con los trabajadores de comunicarles su determinación sobre el medio y su decisión de irse del país, dejando en la total incertidumbre laboral a todos los trabajadores.
Los periodistas, fotógrafos, diseñadores, trabajadores de la imprenta, entre otros, trabajaron de manera incansable y comprometida, pero los accionistas les dejaron sin un solo peso
Los periodistas trabajaron hasta el último minuto, lo hicieron sin sueldo durante siete meses, solo con el “compromiso” de que los empresarios negociaban con “inversores”, pero que en los hechos esas supuestas intenciones no prosperaron.
La última noticia de Los Tiempos, que suspendió sus ediciones impresas de lunes a sábado, fue otro golpe para el gremio. La decisión de la empresa ha encendido la preocupación de los trabajadores que tienen demoras en el pago de sus sueldos.
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