La Paz, 29 de diciembre de 2023 (ANF).- Franco Albarracín y Javier Quisbert, ambos activistas, caracterizaron que este fue el “peor año” para la vigencia de los derechos humanos, porque atraviesan por una “grave crisis estructural” en los diferentes ámbitos del Estado boliviano.
“El 2023, podría describirlo como una crisis de los derechos humanos, porque a diferencia de otros años sí había graves vulneraciones, había una situación difícil, pero ahora hemos pasado a una situación de crisis. Actualmente estamos en una crisis estructural”, declaró el experto en esta materia, Franco Albarracín.
Considera que la situación difícil de vulneración de derechos ha transitado a una crisis estructural de los derechos, porque ahora no se trata de afectaciones específicas, sino de situaciones generalizadas.
Para el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Javier Quisbert, este año ha sido el “peor” para la vigencia de los derechos, porque se ha producido un sistemático “avasallamiento”.
“Los derechos humanos han sido completamente avasallados, irrespetados, a todo nivel y con todos los sectores”, sostiene el activista. Describe que la situación más grave de “avasallamiento” ha sido a la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).
Este año, la casa de la APDHB fue tomada con engaños por un grupo afín al Gobierno, liderizado por Edgar Salazar. La presidenta de la organización, Amparo Carvajal, calificó el hecho como “avasallamiento” y un atropello para los defensores de los derechos humanos.
Los activistas hicieron una vigilia de 50 días, de los cuales 13 días Carvajal pasó en la terraza a la espera de que le sea devuelta la infraestructura. Esto no sucedió. Con mediación de la Embajada de España el grupo de Salazar dejó la sede y también la octogenaria defensora.
Actualmente, la sede de la APDHB sigue cerrada, custodiada diariamente por policías, mientras que los activistas trabajan en la acera de la avenida 6 de Agosto, donde está ubicada la casa, en el centro de la ciudad de La Paz.
“La toma de la sede es parte de un avasallamiento por parte de una persona que tuvo el total respaldo del gobierno y el uso de Impuestos Internos para consolidar la toma. A pesar de los antecedentes del avasallador, el gobierno no hace nada para restituir los derechos que nos corresponden”, dice Quisbert.
Amparo Carvajal pasó 13 días en vigilia en la terraza de la APDHB
Este es un hecho más, pero de un conjunto de acciones que violan los derechos cotidianamente, se “respetan” los derechos y libertades dependiendo de la posición política, es el caso de Las Londras en Santa Cruz que no se hicieron prevalecer los derechos de las víctimas del ataque armado por parte de avasalladores, comenta.
Albarracín añade que “Ya no son casos específicos (…) existe una situación generalizada donde la crisis de la administración de justicia ha generado una crisis de los derechos humanos, es decir gran parte de la población es víctima de las justicias en la vulneración a varios derechos, de acceso a la justicia, debido proceso, presunción de inocencia, entre otros”.
Explica que la afectación y el quiebre del sistema de administración de justicia es producto de los constantes quiebres democráticos por “el dominio y control casi absoluto del Ejecutivo sobre el Judicial y Electoral, (lo que) ha generado una crisis de derechos humanos relacionada con la justicia”.
Añade que el problema no es solo en el ámbito judicial, sino que la crisis de los derechos humanos involucra a la vida de los bolivianos. Es el caso de los derechos de los pueblos indígenas, “porque existe una situación de carácter estructural que ha empeorado los derechos humanos”, insistió.
No son casos específicos, es la presencia de proyectos extractivos, lo que provoca la invasión de los territorios indígenas; los incendios que tienen la protección de un paquete de normas que son fomentadas por el partido de gobierno oficialista.
Menciona que la criminalización, la persecución, el paralelismo en las organizaciones sociales, la cooptación de dirigentes, o la situación de los defensores de derechos o de los periodistas, “no son ataques específicos, es un patrón constante, ya es una problemática de orden estructural de ataques del gobierno”, afirma Albarracín.
El presidente de la APDH de La Paz, en relación a los periodistas sostiene que son los más golpeados, por estar en la primera línea de defensa de los derechos porque transparentan los hechos, por eso no cree que sea casual las agresiones a este sector.
Criticó que el presidente Luis Arce en la Organización de Naciones Unidas lance un discurso en el que habla de los derechos humanos, como si en Bolivia se respetarían, exigiendo que se cumplan en otros países “cuando se debería empezar por casa”.
“Y nos quieren meter ese mismo discurso a través de campañas mediáticas”, comentó, al sostener que existe un “deterioro muy grave y lastimosamente en complicidad con organismos internacionales”.
Alertó que, si no hay conciencia de la gente para exigir el cumplimiento de los derechos y libertades, “podemos llegar a niveles mucho más duros en el país, más aún con el proceso electoral y la crisis (económica) que se va presentando”.
Según el Observatorio de los Defensores de Derechos de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), entre el 1 de enero y el 29 de diciembre de 2023, se ha monitoreado un total de 644 casos de vulneraciones, de los cuales 360 son a la institucionalidad democrática, 132 a la libertad de prensa.
Se han monitoreado 68 casos de vulneraciones a la libertad de reunión y protesta, 40 a la libertad de expresión, 31 casos a los derechos de los defensores y 13 a la libertad de asociación.
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