Redes de traficantes y clanes familiares  se adentran cada vez más a la Amazonía

La Paz, 26 de mayo de 2024 (ANF).-  En Bolivia, redes de traficantes y clanes familiares se adentran cada vez más a la Amazonía y arrasan con al menos cinco tipos de maderas valiosas, según una investigación conjunta de InSight Crime y el Instituto Igarapé sobre minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, madera y drogas en la Amazonia boliviana.

La madera de mara (Swietenia macrophylla), también conocida como caoba de hoja grande es una de las más afectadas, llegando hoy casi a su extinción. Otras especies afectadas son: el morado (Machaerium scleroxylon), el cedrillo (Vochysia viciifolia), el tajibo (Tabebuia impetiginosa) y la quinoa colorada (Myroxylon peruiferum). 

La mara está calificada como “vulnerable”

De acuerdo con este estudio, la madera mara es un enorme tronco duro que puede resistir por fuera incendios ya que por dentro sigue intacta. Para debilitarla y hacer fácil su corte, los traficantes justamente aprovechan la quemas de los bosques para entrar a las reservas naturales. Uno de ellas es Valle de Tutabaca, en Santa Cruz. Luego de carbonizar su corteza exterior la cortan en tablones con las motosierras.

“Este bosque se quemó por la madera”, dijo Julio Zebers, ambientalista y bombero voluntario quien para la investigación examinó los árboles que aún olían a humo luego de un incendio provocado en este valle. Este estudio fue presentado en mayo de este año.

“En Madidi y Amboró ha surgido toda una red de tráfico en torno al robo de la valiosa madera de mara (…).  Esta especie arbórea, utilizada en la fabricación de muebles de lujo, paneles e instrumentos musicales, está clasificada como ‘vulnerable’ en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)”, se lee en la investigación publicada en su portal web.

Ya en 2011, en Bolivia se advirtió de que la sobreexplotación de la madera de mara había dejado a la especie al borde de la desaparición. “El hurto requiere cuadrillas organizadas que se adentran en los parques nacionales, cruzando ríos y cañones, para llegar a bosques aislados de árboles de mara”, se menciona en la investigación que también hace mención al estudio del medio de comunicación La Región.

Árboles quemados que evidencian en el Valle de Tucabaca, octubre de 2022. Foto: Juan Diego Cárdenas, InSight Crime.

¿Y cómo operan estos clanes?

Luego de que los taladores o también conocidos como corteros los derriban y cortan con sierras en tablones de entre tres y cinco metros de largo, llega el turno de los transportistas o también conocidos como lomeadores que a sus espaldas cargan y transportan los tablones en un trayecto de hasta tres kilómetros.

Ya en el río, la madera se ata a cuerdas que forman balsas. Sobre ellas, los también conocidos como marineros callaperos suben gran cantidad de madera de hasta 150 tablones para ser transportados por tres días de viaje por los ríos Yapacani, Ichilo y Mataracu de Amboró. 

Según el estudio, estos marineros pueden ganar hasta cerca de Bs 1.400 por el transporte por río. Otros actores, que forman parte de este tráfico ilegal, los camiones, recogen la madera y la llevan a almacenes. 

“La mejor madera se selecciona y se trafica a los países vecinos. Desde Madidi, situado al noroccidente de La Paz, la madera se traslada a San Pedro de Putina Punco, Perú, mientras que la madera extraída en Amboró se transporta a través de la larga y porosa frontera entre Bolivia y el estado brasileño de Mato Grosso. La madera suele ser ocultada en otros cargamentos de camiones”, señala el trabajo.

La institución estatal encargada del cuidado y control de esta ilegalidad es la Autoridad de Control Social de Bosques y Tierra (ABT); sin embargo, esta tala continúa y hasta en gestiones anteriores se ha evidenciado corrupción de algunos funcionarios. Los traficantes también hacen uso de Certificados de Origen Forestal (CFO) adulterados para su cometido

“Los planes de desmonte, denominados PDM-20 y que autorizan la tala de hasta 20 hectáreas de bosque, han sido utilizados para encubrir la tala ilegal de árboles en tierras protegidas o administradas por el Estado. La falta de eficacia y la evidente corrupción en la ABT facilitan este proceso”, dice el estudio.

Entre algunos de los funcionarios involucrados se mencionó a René Noel Sivila Céspedes, quien firmó 2.096 resoluciones para el desbosque ilegal de 22.000 hectáreas y llegando a obtener unos 6 millones de dólares. El exjefe de una unidad forestal supervisaba unas 80.000 hectáreas en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz. Debido a este hecho de corrupción se permitió la tala de más de una cuarta parte de la reserva cercana a la frontera con Brasil. 

En su gestión, las aprobaciones para el PDM-20 eran  vendidas a 300 dólares cada una.  Esto condujo a la falsificación de cientos de certificados forestales, facilitando el lavado de madera equivalente a aproximadamente 400 camiones cargados. 

Pero estos clanes y malos funcionarios no son los únicos involucrados en la tala ilegal de madera boliviana dentro de reservas naturales, en la investigación mencionada en esta nota, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) aseguró que los aserraderos locales, propiedad de comunidades interculturales y de ciudadanos chinos, también lo hacen. 

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