La Paz, 10 de octubre de 2024 (ANF).- Tras más de 10 millones de hectáreas quemadas y el rechazo al tratamiento para la abrogación a las leyes incendiarias, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero presentó un proyecto de ley para prohibir la dotación de las tierras afectadas por el fuego y revertir las hectáreas entregadas desde el 2019.
“Decidimos terminar el problema de raíz y presentamos un proyecto de ley que prohíbe la dotación de tierras que sean resultado de los incendios forestales, a cualquier organización política, personas naturales o jurídicas; pero no nos quedamos aquí, el proyecto contempla la reversión de tierras entregadas desde 2019”, dijo la diputada a través de sus redes sociales.
El modus operandi que practican los afines al partido de gobierno, según la legisladora, consiste en provocar incendios para luego reclamar la dotación de miles de hectáreas.
Campero reveló que entre 2006 y 2018 se benefició a 31.253 personas de las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), como los interculturales, el movimiento sin tierra, la Confederación Central Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Trabajadoras Campesinas Bartolina Sisa. Los pueblos indígenas sólo recibieron 1.746 títulos en ese mismo periodo.
En 2019, los incendios destruyeron más de 5 millones de hectáreas y esa cifra era histórica. Sin embargo, este año ya se calcula que el daño alcanzó a los 10 millones de hectáreas.
Pese al desastre nacional, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados rechazó tratar la abrogación de las leyes 1171 y 337, llamadas leyes incendiarias y promulgadas durante la gestión de Evo Morales.
Los diputados que votaron contra el tratamiento de abrogación fueron: Genghis Justiniano (CC), Renán Cabezas (MAS), José Nogales (MAS), Fernando Llapiz (Creemos), Luis Changaray (MAS), Lizeth Morales (MAS) y Enrique Cunai (MAS).
Esta jornada la sesión de la Cámara de Diputados tratará el proyecto ley que abroga la Ley 741 que “autoriza el desmonte de hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas destinadas a actividades agrícolas y pecuarias”. También está en la agenda un proyecto para contraer un préstamo internacional por 250 millones de dólares para la atención de desastres naturales, como los incendios.
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