La Paz, 3 de septiembre de 2024 (ANF).- El Observatorio del Acuerdo de Escazú Bolivia - OAE informó que las vulneraciones a los derechos humanos en asuntos socioambientales tuvieron un incremento del 67% el primer semestre del año 2024, con relación al año 2023. Esto pone en evidencia el incumplimiento a la legislación nacional y al Acuerdo Regional de Escazú, que promueve la aplicación de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, y garantiza un entorno seguro para quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.
La presidente del Directorio de LIDEMA, Magdalena Medrano, señaló que el incremento del 67% que tuvieron las vulneraciones a los derechos humanos en asuntos socioambientales durante el primer semestre de este año muestra que los órganos del Estado y los diferentes niveles de Gobierno, no están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir con la legislación ambiental nacional, peor aún, con el Acuerdo Regional de Escazú, en lo referido a los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Lo que implicaría que se está vulnerando el derecho de toda persona, de las generaciones presentes y futuras, a gozar de un ambiente sano y al desarrollo sostenible.
Medrano explicó que las circunstancias que provocan las vulneraciones identificadas están íntimamente relacionadas con el deterioro de los ecosistemas y las áreas protegidas, la perdida de la biodiversidad y los medios de vida que sostienen, principalmente, a las poblaciones locales, sobre todo, indígenas.
Al respecto, mencionó que aproximadamente el 30% de las 391 vulneraciones registradas hasta junio del 2024 afectan a las áreas protegidas o a la diversidad biológica, especialmente por los incendios, que este año ya habrían afectado a más de 2 millones de hectáreas, y la contaminación minera, que está afectando la salud de varios pueblos indígenas y originarios, así como de varias ciudades del país.
Así mismo, indicó que los testimonios recogidos por el OAE dan fe de que quienes sufren con mayor fuerza los efectos de las vulneraciones son las mujeres, porque se ven forzadas a desarrollar sus actividades cotidianas de cuidado de la familia en condiciones totalmente adversas de su entorno y a asumir roles que aumentan desmedidamente sus ya recargadas responsabilidades.
Una de sus mayores preocupaciones es la dificultad de acceso a agua segura para el consumo y la producción de alimentos. A ello se suma, la discriminación que sufren cuando asumen liderazgos para la defensa de su ambiente, porque deben enfrentarse a agresiones de todo tipo, producto del contexto machista que aún persiste en nuestro país.
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