La Paz, 8 de junio de 2024 (ANF).- Bolivia registra niveles altos de deforestación. Esta pérdida se da principalmente por ocho factores: la minería extractiva de oro (1), la agricultura intensiva -principalmente de soya- (2), la crianza de ganado vacuno – que va en aumentando- (3); el narcotráfico (4); los cultivos excedentarios de la hoja de coca (5); los incendios (6), la importación y el mal uso del mercurio (7), la tala de árboles (8) y el tráfico de fauna nacional (9).
Este es uno de los resultados del estudio “La Amazonía saqueada: las raíces de los delitos ambientales en Bolivia”, elaborado por Insight Crime y el Instituto Igarapé, de Brasil.
Este mapa fue actualizado el 9 de mayo de 2024 para una mejor comprensión de las dinámicas allí presentadas. Insight Crime.
La pérdida total de bosque primario fue tal que alcanzó las 245.177 hectáreas, que equivalió al 12,4% de la deforestación de toda la Amazonía en Sudamérica. Esta pérdida, indica en la investigación, representó el doble del daño causado a la Amazonía de Colombia y Perú, que juntas dieron como resultado una pérdida de al menos 127 millones de hectáreas (12,2%), en el mismo periodo.
Según el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que se dedica al seguimiento de la deforestación en la región y es mencionado por Insight Crime, estos incendios del 2022 impactaron directamente en 106.922 hectáreas adicionales.
“Destacamos que esta deforestación fue un 47% mayor que en 2021 y la más alta registrada. El impacto de los incendios también fue superior al año anterior y el segundo más alto registrado, solo detrás del año intenso de 2020”, indica el estudio del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).
“En Bolivia, los buscadores de oro cavan cráteres y envenenan los ríos del Parque Nacional Madidi, un tesoro natural que se extiende desde los Andes hasta el Amazonas. La agricultura intensiva, por su parte, está devastando los bosques del país, como la Chiquitania, el mayor bosque seco del mundo. Los incendios provocados, en su mayoría, para desbrozar ilegalmente se convierten a menudo en fuegos incontrolables que dejan detrás desiertos de tierra quemada”, se indica en la investigación.
ANF publicó en mayo un reportaje con referencia a los actores que devastan los bosques. El país ocupa el tercer lugar en el planeta con el mayor índice de pérdida de bosques primarios. “Ya no somos la perla del Oriente boliviano, somos la pena del Oriente boliviano”, lamentó Nardy Velasco, cacique mayor de las comunidades indígenas del municipio de Roboré, en Santa Cruz.
Mapa Base de Bolivia, 2022. Puntos críticos de deforestación e incendios en la Amazonía boliviana. DATOS: UMD/GLAD, ACA/MAAP.
La mayor pérdida de Amazonía boliviana al desmonte generalizado de tierras para la agroindustria. Datos oficiales proporcionados por Probioma, las plantas oleaginosas como la soya crecieron en tierra cultivable de 12% en 1983 a 46% a 2022.
Otro factor de las pérdidas de bosque primario en Bolivia se debe a la extracción de oro. Es lo que sucede actualmente en el municipio de Tipuani- donde la desalmada explotación del oro destruye comunidades, al río de su mismo nombre y hasta a su naturaleza. Este medio pudo observar la actividad minera en ese sitio y realizada a cielo abierto, el desmonte de cerros, las desviaciones del curso de sus ríos, el uso de mercurio, inundaciones, la destrucción de viviendas o canchas de sus mismos pobladores, entre otros. Es más, su máxima autoridad era minero.
“Al mismo tiempo, las cooperativas mineras emplean maquinaria pesada y enormes dragas para excavar los cursos de agua del Amazonas en busca de oro. En algunos casos, las cooperativas, que empezaron como simples sindicatos, se han convertido en entidades más poderosas, sirven de cubierta a chinos, colombianos y otros extranjeros que subvencionan ilegalmente las actividades mineras. Se sabe que los exportadores sacan del país oro de procedencia desconocida, lavándolo en el camino”, señala el estudio de Insight Crime.
Estos factores continúan afectando al país debido a la falta de control del Estado boliviano que también es condescendiente, por ejemplo, con las cooperativas mineras; es más, el actual ministro de Minería y Metalurgia, Alejandro Santos Laura, es representante minero y fue designado por el mismo presidente Luis Arce.
“Bolivia, en apariencia, tiene leyes destinadas a frenar la destrucción ambiental. Pero la realidad es que los actores implicados en la deforestación no son perseguidos por el gobierno gracias a su poder e influencia. Las cooperativas mineras de oro, los cultivadores de soya y los ganaderos gozan de una indulgencia extraordinaria. Se aprovechan de los vacíos de poder, las lagunas jurídicas, las normativas incoherentes o contradictorias y la escasa aplicación de las leyes, y utilizan medios legales e ilegales para reclamar vastas extensiones de bosque en beneficio de sus intereses económicos”.
Sobre el uso del mercurio, hasta el momento no se ha cumplido con el Convenio de Minamata sobre el Mercurio -un tratado de Naciones Unidas- y en el que Bolivia forma parte, pues no se ha reducido esta contaminación; por el contrario, el Gobierno permite su uso eludiendo toda normativa.
La tala ilegal también deja pérdidas en la selva amazónica de Bolivia. Las redes de traficantes roban madera mara, que luego es enviada de contrabando a Perú y Brasil para su exportación.
Por otro lado, en los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz se descubrió laboratorios que producen cocaína en medio de reservas forestales; en consecuencia, la destrucción de la Amazonía continua; es más se han construido pistas de aterrizajes.
Tanto la deforestación como los incendios se concentraron principalmente en el departamento sureste de Santa Cruz”, se lee en el estudio.
El estudio también da a conocer que la superficie del cultivo de la hoja coca superó las permitidas oficialmente por el Gobierno, llegando al menos a 30.000 hectáreas y siendo las permitidas 22.000, “casi 500 hectáreas de coca se cultivan en reservas indígenas y naturales”.
“Las instituciones destinadas a controlar las actividades mineras y agrícolas son débiles e ineficaces, y las penas por delitos ambientales son en su mayoría teóricas. El país debe abordar pronto esta situación si quiere detener la inminente destrucción de su Amazonía”, finaliza el estudio referente a este tema.
En la parte superior de la foto se observa una retroexcavadora que desmonta el cerro. En la parte inferior, una de las carpas de los comunarios de Chima. Foto: AN
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