La Paz, 26 de agosto de 2024 (ANF).- Los aportes que la población boliviana realiza para su jubilación, los préstamos bancarios y los programas del Estado terminan financiando la deforestación en el país, promovida por la industria ganadera y agrícola, reveló el estudio “Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación”.
La investigación realizada por el economista ambiental Stasiek Czaplicki, y publicada por Alianza por la Solidaridad/Action Aid Bolivia, resalta que el 88% de la deforestación y conversión de bosques en el país no es resultado de los incendios, sino de una actividad planificada y ejecutada con maquinaria pesada a gran escala que demanda grandes inversiones para la expansión de la frontera agropecuaria.
“Los hallazgos de esta investigación nos obligan a enfrentar una verdad incómoda: nuestros propios ahorros bancarios, nuestros aportes a nuestra jubilación, o sea, ahorros para el futuro, paradójicamente, están financiando la destrucción de ese mismo futuro. Sin caer en clichés, es innegable que no hay futuro sin bosques y ecosistemas no boscosos, y ya estamos alcanzando niveles críticos que amenazan la capacidad de la Amazonía para cumplir su rol ecosistémico global”, dice el autor en su reciente columna de opinión.
El estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones, 2.569 millones de dólares, están canalizados hacia los sectores soyero, ganadero y azucarero, los principales responsables de la deforestación en el país. Esta cifra es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y Fondos de Inversión Cerrados (FICs).
“En otras palabras, la banca y los FICs utilizan nuestros ahorros, y los préstamos que reciben de los fondos de pensión, para financiar los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica, sin considerar el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas. Las recaudaciones del sistema de pensiones provienen en 80% del departamento de La Paz y en el caso de los ahorros del sistema bancario boliviano el 36,8% también, seguidos por 26,4% del departamento de Santa Cruz, y 18,38% del departamento de Cochabamba”, sostiene el autor.
El documento alerta que existe una concentración preocupante del poder económico que no coincide con el crecimiento proporcional del aparato productivo. Por ejemplo, sólo ocho empresas del sector soyero reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6%. Es decir, si al sector soyero le va mal, podría existir un serio riesgo en el sistema bancario y en los fondos de pensiones. Por eso, el Gobierno se ve obligado a apoyar constantemente a estos agroindustriales.
Un ejemplo de ese apoyo es la creación de un fondo público de 300 millones de dólares para los productores de soya y palma africana, con préstamos al 0,5% de interés anual. Condiciones demasiado favorables que no se aplican a ningún otro sector.
“El estudio también arroja luz sobre el papel de algunas empresas multinacionales como Cargill, Alicorp y BFC. Estas compañías, con sus complejas estructuras financieras y su acceso a capital internacional como al sistema financiero boliviano, juegan un papel crucial en la expansión de la frontera agrícola. Sin embargo, sus compromisos ambientales parecen detenerse en las fronteras bolivianas. Forman parte del top 3 de exportadores del sector soyero y ganadero, generando divisas extranjeras que en teoría deberían repatriar”, subraya Czaplicki.
El especialista en economía ambiental sugiere que las autoridades ofrezcan mayor transparencia sobre el uso de los fondos de pensión, de los ahorros bancarios y los fondos públicos, porque esos recursos de la población están siendo usados para financiar a los sectores que deforestan y destruyen ecosistemas no boscosos.
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