La Paz, 28 de octubre de 2023 (ANF).- Los opositores señalaron a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (Evo Morales y Luis Arce) de ser los responsables del desastre ambiental y que tiene como principal causa la desinstitucionalización en Bolivia.
Cierra una semana marcada por los incendios forestales, la contaminación del aire como nunca antes se había visto obligando a las autoridades educativas a suspender las clases, además en medio de las denuncias de avasallamientos.
La diputada de Comunidad Ciudadana Luisa Nayar manifestó que “La falta de institucionalidad en los gobiernos del #MAS nos han conducido a esta situación límite”, en relación a la inseguridad, los avasallamientos, los incendios y el narcotráfico, que en su criterio el Estado ha “desertado” de su principal función que es la de proteger a la comunidad.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sostuvo que los medios de comunicación han mostrado el impacto de las actividades ilegales como los avasallamientos, los cultivos de coca, en la reserva de El Choré y en el parque Amboró.
“Son esas actividades ilegales las que generan destrucción e impiden el trabajo oportuno de las brigadas que luchan contra los incendios”, sostuvo, al señalar que las autoridades de gobierno son el problema porque “mienten” para encubrir estas actividades ilegales.
“Gran parte del desastre ambiental que está viviendo nuestra Bolivia y en particular Santa Cruz con los incendios es resultado de las políticas permisivas con la ilegalidad y el narcotráfico de los sucesivos gobiernos masistas”, apuntó Camacho en sus redes sociales.
El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, también se pronunció sobre el tema, señaló que la destrucción de la flora, fauna, el descontrol de los incendios además de sus efectos, requieren “medidas inmediatas, efectivas y contundentes”. Además, demandó la declaratoria de “desastre nacional”, movilizar a las Fuerzas Armadas y pedir apoyo del exterior.
¿Quiénes son los responsables?
El experto e investigador en temas agrarios Gonzalo Colque señaló que la densa humareda que afectó a los cruceños fue ocasionada por los incendios identificados dentro de la reserva forestal El Choré, que por más de un mes ardió esa zona ubicada al norte de Yapacaní, en el límite interdepartamental entre Cochabamba y Santa Cruz.
Detalló que, legalmente, “el Choré es tierra fiscal y reserva forestal, pero en los hechos, está en manos de asentamientos autorizados y no autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Algunos de los asentamientos tienen permisos de desmontes y quemas emitidas por la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), pero muchos otros no lo tienen. En El Choré coexisten ocupantes legales e ilegales, mayormente provenientes de los sindicatos afiliados a las federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. Al menos 100 mil hectáreas fueron quemadas y el viento del norte se encargó de arrastrar el humo hasta la ciudad de Santa Cruz. Todos ellos son los autores materiales”.
En su criterio los coautores materiales como los ganaderos benianos y los interculturales que recién se asentaron. Dijo que, en Beni, más del 70% de las quemas fueron provocadas en haciendas ganaderas, potreros, pastizales y sabanas afectadas por la sequía y el fuego. Los incendios agravaron la situación cruceña, pero también afectaron a las ciudades de Cochabamba y La Paz, describió en un artículo en el portal de Brújula digital.
Entre los autores indirectos, dice que está un ejército de cómplices, instigadores y encubridores detrás de la crisis climática y ambiental. Identifica dos grupos. Uno de los grupos está integrado por autoridades nacionales y subnacionales.
Y el otro grupo está conformado por los aliados políticos del gobierno nacional. Lo integran dos sectores que solían ser enemigos: las organizaciones campesinas, interculturales e indígenas oficialistas, y los grandes agropecuarios cruceños.
Colque precisó que en la cumbre “Sembrando Bolivia” de 2015 se juntaron y pactaron la profundización de la economía extractiva por medio de la ampliación de la frontera agrícola. La alianza se materializó en un paquete de medidas conocidas como “leyes incendiarias”. Eliminaron las multas por desmontes, legalizaron los desmontes, socavaron las medidas de protección ambiental; en pocas palabras, convirtieron los procesos de control, regulación y fiscalización ambiental en burocracias sinsentido. Firmaron un pacto de silencio. Sin objeción campesina, el agropoder cruceño legalizó millones de hectáreas a su favor y, a cambio, los interculturales y campesinos arrimados al gobierno nacional recibieron miles de autorizaciones para ocupar las tierras fiscales de Santa Cruz, Beni y norte de La Paz.
Si hubiera que buscar a los autores intelectuales, sus nombres están en los registros y memorias de la mencionada cumbre. Evo Morales y Álvaro García Linera inauguraron el encuentro y compartieron la palestra con Julio Roda, presidente de la CAO, Rodolfo Machaca, secretario ejecutivo de la CSUTCB y Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras, se lee en su artículo.
Todos buscan a los culpables, pero pocos se preguntan para qué desmontan el bosque. Algunos incluso especulan con que habría cálculos político-electorales y estrategias geopolíticas anticambas. Pero la motivación de fondo es más burda y obvia: desmontan para monocultivos de soya de exportación, biodiesel, etanol, maíz transgénico, carne para el mercado chino. Muchos desmontan simplemente para traficar la tierra o vivir del alquiler de tierras. Otros desmontan e ingresan al agro para el lavado del dinero del narcotráfico. Algo que varios cruceños se niegan a aceptar es que los interculturales y los cocaleros del Chapare que aborrecen son, en realidad, los aliados íntimos y estratégicos del modelo productivo cruceño. Los interculturales y los chapareños depredan el bosque para hacer lo mismo que los agropecuarios cruceños: lucrar de la agricultura extractiva sin que les importe los altos costos climáticos y ambientales, describe.
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