Rurrenabaque, 13 de junio de 2024 (ANF).- Después de casi un año, las medidas de la acción popular que ganó la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilab) en 2023 contra la minería ilegal del oro no se cumplieron en su totalidad, aseguró a la ANF su presidente Gonzalo Oliver.
“A la fecha no hemos visto que haya mejorado, las Fuerzas Armadas se rehusaron a acatar la decisión del juez. No se estaría haciendo caso de lo que ordenó una autoridad. Ya es un año desde que el juez nos concedió la acción que iba direccionada contra la minería ilegal. La implementación está siendo muy lenta, principalmente el control de la minería ilegal. Entonces, no se estaría haciendo caso”, señaló Oliver, que participa en el Foro Social Panamazónico que se realiza del 12 al 15 de junio en Rurrenabaque, en Beni, y San Buenaventura, en La Paz.
En agosto de 2023, representantes de pueblos indígenas tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y moseten –pertenecientes a la Cpilab- presentaron ante el Tribunal Departamental del Beni una Acción Popular con el propósito de que las autoridades nacionales y departamentales restituyan sus derechos vulnerados por la actividad aurífera y el uso de mercurio que contamina el agua de los ríos que están en sus territorios, según una nota de prensa de Fundación Tierra.
Un mes antes, la Cpilab informó a la prensa que pobladores indígenas de 36 comunidades del norte de La Paz presentaban desde 0,03 hasta un poco más de 10 partes por millón (ppm) de mercurio en sus cuerpos. Una cantidad elevada de contaminación y que está por encima de lo permitido que es de 1,0 ppm, de acuerdo a Naciones Unidas.
La justicia concedió la tutela para la identificación y paralización de las actividades ilegales mineras realizadas en la cuenca alta y baja de los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes (los ríos Tuichi, Quiquibey, Alto Beni y Kaka); que la Autoridad Jurisdisccional Administrativa Minera (AJAM) desarrolle verdaderos procesos de consulta previa, cumpliendo los estándares señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vinculados a la protección de las comunidades indígenas en la integralidad de su territorio y prohibir la otorgación de nuevas concesiones mineras en el territorio de las Cuencas Alta y Baja de los Ríos Madre de Dios y Beni mientras sus aguas no sean totalmente rehabilitadas.
Con esta acción popular se estableció además que el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas repita el estudio efectuado con cintas reactivas de calidad de agua de consumo en comunidades indígenas ribereñas de los ríos Madre de Dios y Beni.
La Cpilab también solicitó brigadas permanentes para el control en su salud de los más afectados por mercurio, pero tampoco se tuvo la respuesta esperada.
Oliver aseguró que al momento solo se han paralizado los permisos de trabajos de las cooperativas por parte de la AJAM. “El control al terreno in situ no se está cumpliendo. El juez le dio las tareas a las FF AA de realizar los controles y de realizar el desalojo de los mineros ilegales, pero a la fecha no hemos visto más que la intervención en el Madre de Dios y otros grandes por temas mineros cuando este control debería ser periódico y que garantice cero minería ilegal. La actividad (minera) sigue como si fuese normal”, prosiguió.
De continuar con esta situación, la Cpilab piensa en alguna demanda internacional. “A la fecha estamos agotando la vía nacional para que realmente se pueda cumplir esta acción popular”. El presidente -además- aseguró que la minería extractivista continúa en varios municipios del Norte de La Paz.
Del mismo modo están gestionando y buscando recursos para la realización de más estudios, esta vez en comunidades de Beni y Pando sobre los daños que causa la minería y el uso del mercurio.
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